El paquete económico 2026 destina tres de cada cuatro pesos de ingresos a deuda, pensiones y empresas del Estado, dejando escaso margen para salud, educación e infraestructura.
El presupuesto federal de 2026 rebasa los 10 billones de pesos, equivalente a una cuarta parte de toda la economía nacional. Pero de esa cantidad, cerca de tres cuartas partes del dinero público ya están comprometidas: se destinan a pagar deuda, pensiones y transferencias obligatorias a estados, además de mantener el funcionamiento de empresas públicas como Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad.
Esto significa que por cada peso que entra a las arcas nacionales, solo unos cuantos centavos quedan disponibles para atender las necesidades inmediatas de los ciudadanos: salud, educación, seguridad, vivienda o infraestructura local.
La rigidez del gasto público es hoy uno de los mayores desafíos para el desarrollo del país.
¿En qué se van esos recursos y qué alternativas hay?
Deuda pública e intereses
El pago de intereses y el servicio de la deuda ya supera lo que el país invierte en salud. Es un gasto que crece cada año y que no puede reducirse fácilmente. Pero si se reorientara apenas una fracción —por ejemplo, un 10%— de lo que se paga en intereses, podrían construirse decenas de hospitales regionales o ampliarse los programas de atención médica en zonas marginadas.
Con el monto total destinado al pago de deuda, se podrían financiar miles de becas universitarias o mejorar la infraestructura de más de 30 mil escuelas.
Pensiones y jubilaciones
El gasto en pensiones crece sin freno. Hoy consume más presupuesto que todos los programas de inversión productiva juntos. Una parte importante se destina a cubrir regímenes antiguos con beneficios garantizados, mientras las nuevas generaciones tienen pocas esperanzas de recibir una pensión suficiente.
Si parte de esos recursos se destinara a programas de empleo juvenil o capacitación técnica, se fortalecería la economía y se reduciría la dependencia futura del sistema de pensiones.
Empresas del Estado y transferencias obligatorias
Las empresas públicas y los gobiernos locales reciben transferencias automáticas cada año. Pemex y la CFE concentran gran parte del gasto, aun cuando sus resultados financieros no siempre son favorables.
Redirigir una pequeña parte de ese dinero hacia innovación energética, proyectos de energías renovables o mantenimiento de infraestructura comunitaria podría generar beneficios directos y sostenibles.
¿Qué se podría hacer con esos “recursos cautivos”?
- Aumentar el gasto social básico. Liberar apenas el 10% de los recursos comprometidos bastaría para duplicar los programas de salud preventiva en zonas rurales.
- Invertir en educación de calidad. Equipar con Internet y laboratorios a 30 mil escuelas del país requeriría una fracción mínima de lo que se gasta anualmente en intereses de deuda.
- Impulsar infraestructura local. Con lo que cuesta un año de subsidios a las empresas estatales, podrían construirse miles de kilómetros de caminos rurales y redes de agua potable.
- Reducir vulnerabilidad futura. Invertir más en productividad, educación y salud hoy significa depender menos de deuda y gasto rígido mañana.
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Riesgos y desafíos que enfrenta el ciudadano
El crecimiento de los gastos obligatorios reduce el “espacio fiscal”, es decir, el margen para decidir en qué gastar. Si ocurre una crisis sanitaria o un desastre natural, el gobierno tendría poco presupuesto disponible para responder.
Además, al concentrarse el gasto en compromisos inamovibles, se perpetúan los rezagos en educación, salud e infraestructura básica. Mientras tanto, los megaproyectos absorben una parte significativa del dinero, sin garantizar beneficios proporcionales para la población.
¿Qué puede hacer el ciudadano común?
El primer paso es informarse sobre cómo se distribuye el presupuesto federal y exigir que se prioricen los servicios básicos. También resulta clave pedir transparencia sobre el gasto de las empresas públicas y los programas de pensiones.
Participar en el debate público —por ejemplo, proponiendo proyectos comunitarios con impacto medible— puede ayudar a que el presupuesto deje de ser un documento técnico y se convierta en una herramienta real de transformación.
Al final, se trata de entender que el dinero público es de todos, y su destino define la calidad de vida de millones de personas.