La Asociación Mexicana de Internet, A.C. advierte que el artículo 30-B del Código Fiscal de la Federación pone en riesgo la privacidad, la ciberseguridad y derechos humanos de los mexicanos.
La Cámara de Diputados incluyó en el Paquete Económico 2026 una propuesta para adicionar el artículo 30-B al Código Fiscal de la Federación (CFF). Según la asociación, este artículo otorgaría al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y demás autoridades fiscales la facultad de acceder, de forma permanente y en tiempo real, a las bases de datos de plataformas digitales, sin orden judicial. Esto generó el pronunciamiento público de la AIMX, quien solicita al Senado de la República detener su aprobación y revisar a fondo el alcance del dispositivo.
Principales inquietudes planteadas
Vulneración de la privacidad y derechos humanos
La AIMX fundamenta su alerta en que el acceso amplio a bases de datos de plataformas digitales podría vulnerar el derecho a la privacidad consagrado en el artículo 16 de la Constitución, así como comprometer convenios internacionales de derechos humanos.
Impacto en la ciberseguridad del país
Se advierte que establecer un puente directo entre sistemas gubernamentales y plataformas privadas amplía la superficie de riesgo ante ciberataques, filtraciones o uso indebido de datos sensitivos.
Efectos sobre la economía digital y las MiPyMEs
La medida generaría una carga adicional para las empresas digitales (y en particular las micro, pequeñas y medianas), que no enfrentan los mismos mecanismos de vigilancia que los negocios físicos. Esto podría obstaculizar la innovación y competitividad en el ecosistema digital mexicano.
Potenciales riesgos jurídicos y regulatorios internacionales
La AIMX señala que la supervisión intensiva sin controles judiciales puede generar fricciones con obligaciones adquiridas en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en materia de comercio electrónico y tratamiento de datos.
Percepción de retroceso regulatorio
La organización advierte que aprobar el artículo en sus términos actuales sería un retroceso histórico para la confianza ciudadana, la economía digital y el respeto de los derechos fundamentales.
Propuestas de la AIMX para un marco moderno y seguro
La AIMX plantea cuatro líneas de trabajo alternativas con miras a lograr un equilibrio entre recaudación y derechos digitales:
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- Sustituir el acceso en tiempo real por auditorías selectivas o reportes periódicos que estén sujetos a control judicial y criterios de proporcionalidad.
- Limitar el alcance de la información accesible únicamente a lo estrictamente fiscal, excluyendo datos personales o estratégicos de negocio.
- Diseñar esquemas diferenciados para las MiPyMEs, con cargas y requisitos adaptados para promover su inclusión digital.
- Establecer candados sólidos de ciberseguridad y protocolos de protección de información conforme a estándares internacionales.
Qué sigue en el Senado y en el debate público
El Senado aún tiene la oportunidad de modificar el texto del artículo 30-B antes de su aprobación definitiva, lo que abre un espacio para negociaciones técnicas y de política pública.
En la esfera pública, la discusión sobre derechos digitales, vigilancia estatal y desarrollo de la economía digital cobran cada vez más relevancia, especialmente en el contexto de la transformación digital acelerada.
Para los jóvenes adultos y usuarios de plataformas digitales, este debate plantea preguntas clave: ¿qué nivel de supervisión es compatible con la privacidad personal? ¿Cómo se protege la innovación sin sacrificar derechos ciudadanos? ¿Cuál es el papel de las nuevas tecnologías en la recaudación fiscal?
