La Asociación de Internet MX alerta que el nuevo 30-B permite acceso permanente del SAT a plataformas, afectando privacidad, ciberseguridad y derechos ciudadanos.
El nuevo 30-B y la alerta de AIMX
Hoy 16 de octubre de 2025, la Asociación de Internet MX (AIMX) emitió un comunicado advirtiendo que el recientemente aprobado Artículo 30-B del Código Fiscal de la Federación, integrado en el Paquete Económico 2026, representa una amenaza seria para el ecosistema digital mexicano. En su postura, la organización señala que la norma abre la puerta a una vigilancia masiva en línea que vulnera derechos fundamentales de ciudadanos y empresas.
A través de un proceso “fast-track” en la Cámara de Diputados, el 30-B fue aprobado con el argumento de reforzar la recaudación y combatir la evasión fiscal. Pero su redacción —y las facultades que confiere al SAT— generaron reacciones inmediatas de rechazo y preocupación entre especialistas, civiles y actores del sector tecnológico.
Qué plantea el Artículo 30-B y los riesgos identificados
Acceso permanente en tiempo real
Según el texto aprobado, los prestadores de servicios digitales deberán permitir al SAT un acceso permanente, en línea y en tiempo real a sus bases de datos, sistemas y registros, siempre que la información “permita comprobar el cumplimiento de obligaciones fiscales”.
Este acceso implicaría que la autoridad pueda revisar operaciones, facturación y movimientos sin necesidad de una orden judicial, con independencia de avisos, plazos o controles procesales claros.
Bloqueo como sanción
Otra disposición polémica es la facultad de ordenar el bloqueo temporal (o permanente) de plataformas digitales que no cumplan con las obligaciones de acceso. En la práctica, eso podría significar que millones de usuarios pierdan acceso a servicios globales como comercio electrónico, streaming o aplicaciones de transporte.
AIMX describe este mecanismo como una “clausura operativa digital”: una sanción extrema para empresas y usuarios con consecuencias económicas y sociales severas.
Violaciones legales y constitucionales
La AIMX y otras organizaciones argumentan que el 30-B viola disposiciones esenciales del Artículo 16 de la Constitución, que garantiza la protección contra intervenciones ilegales a la privacidad, comunicaciones y datos personales.
También recuerdan tratados internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos, así como normas nacionales en materia de protección de datos (LFPDPPP), que exigen principios de proporcionalidad, finalidad, consentimiento y límites al tratamiento.
Riesgos para la ciberseguridad y el ecosistema digital
El vínculo directo y continuo entre sistemas de plataformas digitales y autoridades fiscales vuelve más vulnerable el entorno tecnológico. AIMX advierte que hackers orquestados podrían interceptar estas conexiones o abusar del acceso gubernamental.De hecho, México ha sido escenario de múltiples filtraciones y hackeos que exponen la fragilidad de los sistemas públicos y privados. No se trata sólo de los casos del SAT o el IMSS: en los últimos años se han vendido o publicado bases de datos completas de dependencias federales, gobiernos estatales, hospitales, universidades y empresas que operan servicios esenciales. Como ha señalado de forma reiterada el periodista Ignacio Villaseñor, estos incidentes —que van desde fugas masivas de credenciales hasta la comercialización de información personal— muestran que el país enfrenta una crisis estructural de ciberseguridad que aún no ha sido atendida con la urgencia que merece.
Además, exponer datos completos de modelos de negocio, algoritmos o secretos industriales desincentiva la innovación y atemoriza a empresas emergentes y MiPyMEs.
Reacciones del sector y postura de asociaciones digitales
Asociación y coalición en alerta
Varias asociaciones del sector digital, como IAB México, ALAI y organizaciones de la industria tecnológica, publicaron un posicionamiento conjunto para advertir que el 30-B impone un esquema de vigilancia inédita e inconstitucional. En particular, señalan que el bloqueo obligatorio de plataformas podría equivaler a una forma de censura previa, prohibida por estándares constitucionales.
La Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) también calificó el texto como una amenaza directa a la privacidad y a la libertad de expresión, pues el acceso sin orden judicial elimina barreras procesales esenciales.
Posición del Congreso y modificaciones
En su proceso en la Cámara de Diputados, el dictamen fue aprobado con reservas: se estableció que el 30-B empezará a aplicarse a partir del 1 de abril de 2026, para dar tiempo a que plataformas se adapten.
También se añadió una aclaración: el acceso en tiempo real deberá limitarse únicamente a datos que permitan comprobar obligaciones fiscales, buscando contener abusos. Sin embargo, la potestad de bloqueo de plataformas se mantuvo inalterada.
Diputados opositores alertan que aunque se dicten límites, el marco general sigue siendo peligroso. En comisiones se debatió que la norma aún permite “intromisión directa e irrestricta” en datos personales.
¿Entre recaudación y derechos? Debate complejo
El argumento central del gobierno es legítimo en apariencia: que la economía digital debe fiscalizarse de forma efectiva para capturar ingresos en plataformas que a menudo escapan al escrutinio tributario. En el contexto global, muchos países debaten modelos de tributación digital y mecanismos de cooperación fiscal transfronteriza.
Sin embargo, México —por su historia de filtraciones digitales, debilidad institucional y desigualdad tecnológica— no puede aplicar medidas draconianas sin salvaguardas claras. La imposición de acceso continuo y bloqueo de servicios sin un control jurídico adecuado representa un riesgo de abuso estatal y discriminación del sector tecnológico.
Especialistas coinciden en que una fiscalización digital responsable debe apoyarse en auditorías con control judicial, límites estrictos al tipo de datos accesibles, protocolos de seguridad, mecanismos de supervisión independientes y una transición gradual (fase piloto).
Para el público en general, el debate importa porque afecta la confianza en servicios cotidianos (streaming, comercio, apps, mensajería). Si las plataformas se sienten inseguras, podrían trasladar costos o incluso replegar operaciones en México, generando un retroceso digital.
Conclusión: en la encrucijada digital de México
El Artículo 30-B ha encendido alarmas legítimas en el ecosistema digital mexicano. La AIMX y otras organizaciones identifican riesgos lógicos de vigilancia estatal, vulneración de derechos y debilitamiento de la innovación. Que el Congreso haya introducido reservas y plazos es un gesto, pero no elimina los problemas estructurales del diseño normativo.
Este episodio plantea una encrucijada política y técnica: México puede intentar fortalecer la recaudación digital, pero, sin construir mecanismos que garanticen la privacidad, la justicia procesal y la seguridad cibernética, corre el riesgo de otorgar una llave maestra al Estado sobre la vida digital de millones de personas.
Queda por ver cómo el Senado y la opinión pública influirán en modificaciones definitivas. Lo que está claro es que la vigilancia no puede imponerse sin límites claros ni contrapesos.