Morena no tolera la crítica: intentan censurar a Héctor de Mauleón y El Universal con la complicidad del INE
El intento por silenciar las investigaciones periodísticas sobre el robo de combustible en Tamaulipas y sus posibles vínculos con operadores políticos de Morena ha escalado a niveles alarmantes. Este viernes, el periodista Héctor de Mauleón denunció que fue notificado en su domicilio particular —información que habría sido entregada por el propio INE al Instituto Electoral de Tamaulipas— para que retire de la página web de El Universal una columna en la que revela presuntos vínculos entre morenistas y redes de huachicoleros.
La orden, entregada por un notificador del Instituto Electoral de Tamaulipas, exige eliminar la publicación y advierte que el autor no podrá volver a tratar el tema, lo que constituye un acto de censura previa inadmisible en un Estado democrático. Según la columna de Bajo Reserva, ni el nombre del denunciante fue revelado, ni se explicó bajo qué criterios se solicita una medida tan extrema, que atenta contra la libertad de prensa.
La columna en cuestión expone cómo un testigo protegido, relacionado con el caso del exfiscal Irving Barrios, señala que el combustible robado era utilizado para financiar campañas políticas en la región, particularmente del partido Morena. Además, se alude a un presunto encubrimiento judicial del caso y a la omisión del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal.
La gravedad del caso no sólo radica en el intento de censura, sino en que se utilizó información personal del periodista que el INE debería proteger, lo que abre serias interrogantes sobre el uso de los datos personales de millones de ciudadanos.
¿Puede el INE compartir domicilios con fines políticos o judiciales sin orden judicial? ¿Puede un órgano electoral estatal ordenar la eliminación de contenido periodístico? ¿Sabe el gobernador Villarreal lo que están haciendo sus operadores con las instituciones?
Lo cierto es que a Morena y sus aliados les dolió la columna. Pero, en lugar de desmentir con pruebas, acudieron al amedrentamiento. Y cuando el poder quiere silenciar a la prensa, no es porque haya mentiras, sino porque la verdad les incomoda.
Este es el texto que buscan censurar y apareció en El Universal
El 18 de agosto de 2022, el entonces secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, solicitó al titular del Centro Nacional de Inteligencia, general Audomaro Martínez, que abriera una investigación sobre presuntos delitos cometidos contra el sistema de aduanas durante la gestión de Horacio Duarte como director de la Agencia Nacional de Aduanas de México.
En un oficio enviado en esa fecha, el general Sandoval hizo referencia a la existencia de una red de corrupción, sobornos, extorsiones y tráfico de huachicol, que involucraba al administrador de Operación Aduanera: Juan Carlos Madero Larios.
Madero Larios fue señalado por Sandoval, al lado de otros funcionarios, de recibir recursos “de negociaciones con operadores externos de las aduanas de Baja California y Sonora” y “de participar en probables actos de corrupción relacionados con el contrabando de hidrocarburos y de pepino de mar cuando laboró en la aduana de Progreso, Yucatán”.
Sandoval se quejaba de que el funcionario “debió haber sido cesado por el Titular de la Agencia Nacional de Aduanas… sin embargo, continúa laborando como Administrador de Operación Aduanera”.
El secretario de la Defensa sugirió a Martínez que llevara a cabo las acciones legales procedentes para evitar que los servidores públicos señalados (Álvaro Alejandro Hernández Sierra, director general de Evaluación; César Reyna Carrillo, director de Tecnologías de la Información, y Leonel Arturo Escalona González) quedaran en la impunidad o pudieran evadir la acción de la justicia: los acusó también de “manipular el sistema de Parametrización de la ANAM para presuntamente realizar actos de extorsión a los agentes aduanales”.
Madero Larios ha sido señalado en reportes de inteligencia como operador de Horacio Duarte y del anterior titular de Aduanas, Ricardo Peralta. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos investiga la operación a gran escala que se llevó a cabo desde 2019 en las aduanas de México –y cuyos recursos sirvieron para financiar las campañas políticas de Morena. Funcionarios aduanales se confabularon con redes de tráfico que operan en Estados Unidos para importar hidrocarburos que eran reportados como aceites lubricantes y otros derivados, a fin de evadir el pago de impuestos.
Como lo demuestra el supuesto decomiso histórico de 10 millones de litros de diésel en Altamira, Tamaulipas, dichas redes se mantienen impunes e intactas.
No solo eso: las redes criminales de Tamaulipas, con intereses en el huachicol, el tráfico de migrantes y de drogas, tienen ahora la vista puesta en el Poder Judicial y se mueven para elegir jueces y magistrados a modo.
Juan Carlos Madero Larios no solo salió intacto del comunicado del general Luis Cresencio Sandoval. Sigue siendo una figura clave en la operación del grupo que dejaron incrustado Horacio Duarte y Ricardo Peralta. Madero está casado con la hermana de la hasta hace unos días consejera jurídica del gobierno de Américo Villarreal, Tania Contreras López, considerada la carta más fuerte de Morena para quedarse con la presidencia del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.
Según un reporte elaborado en el Centro Nacional de Inteligencia, Contreras López es la conexión del gobierno con el personaje clave en el manejo turbio de las aduanas: su cuñado, Juan Carlos Madero Larios.
Hace unos días, el portal Código Magenta mostró imágenes de Octavio Leal Moncada, líder de la Columna Armada Pedro J. Méndez -un brazo operativo del Cártel del Golfo-, en las que anunció que su organización iba a sumarse a la “defensa” de la reforma del poder judicial, a fin de acabar con la corrupción.
Desde 2019, Leal Moncada fue grabado acordando con Ricardo Peralta. Ha apoyado las campañas de Américo Villarreal y Claudia Sheinbaum. Su supuesto grupo de autodefensas tiene su bastión en el municipio de Hidalgo, de donde procede también la exconsejera jurídica y en el que mantiene, simultáneamente, vínculos políticos y familiares.
La renuncia de Contreras a la consejería jurídica, a finales de marzo, y el anuncio de su candidatura rumbo a una magistratura, ha encendido todo tipo de alertas. El tipo de alertas que hoy son de interés en el Departamento de Estado del país vecino.