Educación o programas sociales: ¿hacia dónde va el PPEF 2026?

Aunque el PPEF 2026 propone ligero aumento real para educación, recorta estrategias clave de aprendizaje, mientras que otros rubros como programas sociales, Pemex y CFE reciben fuertes apoyos.


Estructura general del presupuesto: prioridades visibles

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2026 prevé un gasto neto total de unos 10.19 billones de pesos, equivalente a un aumento nominal cercano al 6% frente a 2025. Sin embargo, gran parte de esos recursos se canaliza a programas sociales inmediatos, mientras que áreas estratégicas para el futuro, como la educación, la salud preventiva y el desarrollo de niñas, niños y jóvenes, reciben proporcionalmente menos. Así, aunque el presupuesto crece, se reduce el espacio para invertir en aprendizajes, innovación educativa y atención integral que fortalezcan a las próximas generaciones.


Lo que gana frente a lo que pierde: educación en retroceso comparativo

Lo que se conserva o aumenta modestamente

El gasto en educación en términos reales se incrementa, aunque muy ligeramente: entre 1.7% y 2.5% dependiendo del nivel. Educación básica recibe algo más, con un incremento real cercano al 6.5%. También los programas de becas tienen aumentos significativos: la Beca Universal de Educación Básica “Rita Cetina” aumenta más de 50% real, y la Beca de Educación Media Superior Benito Juárez también crece.

Lo que se reduce o está en riesgo

A pesar del incremento general, el peso de la educación como porcentaje del PIB bajaría de 3.30% a alrededor de 3.19%. También pierde participación dentro del gasto total del gobierno: baja de 12.6% a 12.2%.

Los niveles de educación media superior y superior enfrentan recortes o presupuestos que no crecen al mismo ritmo que otros sectores. Rubros como cultura, deporte y recreación prácticamente están estancados o disminuyendo.

Incluso dentro de educación básica, lo que se gasta en aprendizaje, evaluación, diagnóstico y formación docente queda relegado frente al gasto en becas e infraestructura sin enfoque claro en calidad educativa.


Redistribución hacia otros sectores: programas sociales y empresas estatales

Aquí se ve más claro cómo algunos sectores reciben fuertes apoyos, lo que deja menos margen para la inversión en aprendizaje y fortalecimiento educativo.

Pemex y CFE

El presupuesto para Pemex refleja la paradoja de seguir destinando enormes sumas a empresas que, bajo el discurso de la “soberanía energética”, acumulan pérdidas multimillonarias. Aunque el gasto total de la petrolera cae más de 20% real frente a 2025, la inversión física sube a más de 247 mil millones de pesos, un alza de 13% que, sin embargo, es menor a lo ejercido en años previos. Para dimensionar: con esos recursos se podría financiar la formación continua de todo el magisterio nacional durante varios años, modernizar miles de escuelas o garantizar cobertura universal en educación inicial. En contraste, se insiste en rescatar a una empresa que no logra ser rentable. La CFE también recibe aumentos en ciertas áreas, aunque menores, lo que confirma la tendencia de privilegiar a compañías estatales deficitarias en lugar de invertir en la salud, la educación y el futuro de la niñez y juventud mexicanas.

Inversión social

Los programas sociales prioritarios concentran una parte muy grande del crecimiento del gasto. Ejemplo de ello son las becas: la de educación básica crece más de 50% real y la de media superior también registra un aumento importante. Sin embargo, estas transferencias no deberían ser universales, sino focalizarse en quienes realmente las necesitan y bajo reglas claras, como el requisito de mantener o mejorar promedios escolares para conservarlas. De lo contrario, se convierten en apoyos de carácter político más que en palancas efectivas para el aprendizaje.

En el PPEF 2026 se incrementan los recursos asignados a programas de transferencias y subsidios (como vivienda, apoyos para adultos mayores, pensiones o becas), mientras que rubros de inversión de largo plazo —educación, ciencia, innovación o salud preventiva— crecen menos o incluso retroceden.

Esto altera la composición del presupuesto porque:

  • Más dinero va a transferencias inmediatas (entregar efectivo o apoyos directos a la población).
  • Menos recursos se destinan a inversión estructural (infraestructura escolar, formación docente, investigación, hospitales, programas de salud preventiva, etc.).
  • El resultado es un gasto social con efectos de corto plazo, útil políticamente, pero que no necesariamente transforma las condiciones de desarrollo de la población en el mediano y largo plazo.

En otras palabras, el presupuesto cambia su orientación: de ser un instrumento que debería equilibrar apoyos inmediatos con inversión para el futuro, se inclina cada vez más hacia programas asistenciales universales, dejando menos espacio para sectores estratégicos que impactan en la productividad y en el derecho a aprender de las nuevas generaciones.

Megaproyectos y empresas públicas

Sectores como energía y obras de infraestructura vinculadas a Pemex reciben incrementos importantes. La Secretaría de Energía, por ejemplo, casi duplica su presupuesto frente al año anterior.

Se mantienen apoyos para proyectos como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), el Tren Maya y Mexicana de Aviación, todos catalogados como “estratégicos” en la política federal. Pero los números muestran que estos megaproyectos le cuestan mucho al erario: sólo el Tren Maya supera los 594 mil millones de pesos en costos acumulados, registra pérdidas diarias y depende de subsidios millonarios.

El proyecto Mexicana de Aviación tuvo ingresos propios de 385 millones 130 mil pesos frente a gastos de operación de 1,484 millones, lo que significa que sus ingresos cubren apenas un 25-30% de sus costos operativos; el resto se financia con subsidios federales.

En el caso del AIFA, aunque algunas estimaciones indican que ha logrado utilidades menores, la mayoría de estas empresas relacionadas con transportes aeroportuarios, ferroviarios y líneas estatales requieren cada vez más transferencias desde el presupuesto federal para compensar sus pérdidas operativas.


Efectos combinados: lo que se abandona en aprendizaje

Los recortes o la falta de crecimiento en ciertos componentes educativos tienen efectos claros:

  • La formación continua docente, la evaluación diagnóstica, el acompañamiento pedagógico y la producción de materiales didácticos siguen sin recibir atención presupuestal.
  • El peso de la educación en el gasto público baja, lo que reduce la capacidad de responder a nuevas demandas educativas como la integración de tecnologías y los retos curriculares.
  • Cuando los programas sociales y becas crecen sin inversión en calidad educativa, se corre el riesgo de que el acceso y la permanencia no se traduzcan en aprendizajes reales.

En términos generales, la educación muestra un incremento real muy modesto, cercano al 2%. Sin embargo, ese aumento resulta insuficiente, pues el sector pierde peso tanto frente al PIB como frente al gasto total del gobierno.

Dentro de la educación, los niveles de media superior y superior son los más castigados, con recortes o un estancamiento que los deja rezagados frente a otros sectores que sí reciben aumentos.

La formación docente, la evaluación y las estrategias orientadas al aprendizaje prácticamente no tienen recursos asignados. Esto significa que no hay un financiamiento específico para consolidar logros en comprensión lectora, razonamiento matemático o acompañamiento pedagógico, rubros claves para mejorar la calidad educativa.

En contraste, Pemex enfrenta una caída de alrededor del 21% en su gasto total real, pero su inversión física se incrementa en 13% y mantiene el patrón de fuertes desembolsos sin resultados proporcionales.

El sector de energía y las empresas estatales es uno de los grandes ganadores: los recursos suben en varios ramos y los megaproyectos dominan las prioridades presupuestarias, lo que refleja una apuesta política más que de eficiencia económica.

Finalmente, los programas sociales, en particular los de Bienestar y las becas, concentran gran parte del incremento en el gasto federal. Estas transferencias crecen más que la inversión en calidad educativa, lo que acentúa el carácter asistencial del presupuesto frente a la necesidad de fortalecer el futuro de la educación y el aprendizaje de niñas, niños y jóvenes.

Interpretación y riesgos

La tendencia es clara: se prioriza lo visible e inmediato —becas, apoyos sociales y megaproyectos— sobre lo estructural: formación docente, evaluación y calidad educativa.

Esta estrategia responde a presiones políticas y sociales, pero a largo plazo podría estancar la educación, ampliar desigualdades y limitar la capacidad del país para competir en un entorno donde los aprendizajes son decisivos.

Además, los megaproyectos, al recibir grandes inversiones, concentran recursos públicos que podrían destinarse a mejorar las escuelas más rezagadas en comunidades rurales, indígenas y marginadas.


Conclusión

El PPEF 2026 muestra una clara apuesta: más recursos para programas sociales, empresas públicas e infraestructura, mientras que la educación se mantiene en segundo plano.

Si el Congreso no corrige el rumbo, muchos de los objetivos del Programa Sectorial de Educación 2025-2030 quedarán en el papel. Asegurar financiamiento para aprendizaje, formación docente y evaluación es condición indispensable para cumplir con el derecho constitucional a una educación de calidad.