Monopolio recargado: riesgo para la inversión

Con la eliminación de la regulación asimétrica, el regreso del peso estatal sacude al sector gasolinero: menores márgenes, menos inversión privada y litigios en puerta.

El fin de la regulación asimétrica: retorno al pasado

Desde el 7 de octubre de 2025, la nueva regla oficial deja atrás las obligaciones especiales que contenían el poder de PEMEX en el mercado mayorista de combustibles. El Acuerdo publicado por la Comisión Nacional de Energía (CNE) elimina ese régimen “asimétrico” que había convertido a la empresa estatal en un actor con límites extra, obligándola a operar con visibilidad, condiciones abiertas y supervisión especial. A partir de ahora, muchos de esos candados se disuelven.

Hasta ahora, los contratos de compra-venta firmados antes de esa fecha seguirán vigentes bajo sus condiciones originales hasta que sean “migrados” hacia contratos de comercialización conforme al artículo Séptimo Transitorio de la Ley de Hidrocarburos. Una vez concretada esa migración, las obligaciones previas que colisionaran con el nuevo marco pierden vigencia y la regulación que sobreviva deberá ajustarse únicamente a las reglas generales.

Este viraje institucional se enmarca en un proyecto gubernamental de revalorar el papel del Estado en la política energética y usar a PEMEX como herramienta de “soberanía energética”, acorde con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030. El objetivo: asegurar que el consumo interno se apunte hacia una producción nacional de hasta 1.8 millones de barriles diarios como referencia estratégica.

Con esta decisión, la competencia real en el sector de combustibles experimenta una reconfiguración profunda.

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Ventaja estructural restituida: cómo cambia el juego

De regulado a protagonista sin trabas

Bajo el esquema anterior, PEMEX operaba bajo obligaciones de transparencia —como publicar precios y descuentos al público—, acceso no discriminatorio a infraestructura de transporte, límites a acuerdos exclusivos, y validación regulatoria de contratos. Esas herramientas buscaban nivelar el terreno frente a empresas privadas.

Con la derogación del régimen asimétrico, PEMEX podrá negociar contratos con mayor libertad: podrá ofrecer descuentos selectivos, condicionar volúmenes, imponer cláusulas preferenciales sin revisión previa, o estructurar cadenas más verticalizadas. Eso es especialmente relevante en regiones donde su infraestructura —almacenamientos, ductos, terminales— es dominante o incluso casi exclusiva.

La práctica de migrar contratos de venta de “primera mano” a contratos de comercialización da pie para que la estatal imponga nuevas condiciones al sector privado con menos supervisión regulatoria.

Riesgo de concentración e desplazamiento

La preocupación de los gasolineros independientes y franquiciatarios es latente: al operar en condiciones más flexibles, PEMEX podría reconcentrar mercado, expulsar competidores o reducir su rentabilidad hasta hacerlos inviables. Si la estatal decide otorgar ventajas volumétricas, descuentos agresivos o acuerdos cerrados en ciertas zonas, muchas estaciones podrían verse asfixiadas.

Antes de estas reformas, ONEXPO advirtió que sin regulación asimétrica podrían perderse hasta 20 000 mdp anuales en inversiones. El Economista Esa cifra —cuyo origen se remonta a estimaciones previas— sirve como advertencia sobre lo que está en juego: si el marco regulatorio se inclina en favor de quien tiene músculo de Estado, la inversión privada puede retraerse.

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Para los gasolineros: desafíos inmediatos

Las voces del sector ya advierten una serie de efectos negativos palpables:

• Compresión de márgenes: ante descuentos o condiciones impuestas por PEMEX, muchas estaciones podrían quedar con márgenes mínimos o negativos.
• Disminución de inversión privada: ante mayor riesgo regulatorio y condiciones inciertas, muchos operadores podrían posponer o cancelar inversiones en infraestructura logística, almacenamiento o expansión.
• Dependencia reforzada de PEMEX: el acceso al combustible, transporte y contratos quedará más supeditado a la voluntad de la estatal.
• Complejidad legal y contractual: migrar contratos, adaptarse a nuevos esquemas, renegociar cláusulas y litigar serán parte del día a día.
• Litigios en puerta: el sector ha indicado que buscará defensas legales y recursos ante posibles violaciones al principio de competencia, ausencia de estudios técnicos sólidos o violaciones al marco constitucional.

En declaraciones públicas, ONEXPO ha insistido en la necesidad de “reglas claras y piso parejo” para evitar arbitrariedades en los beneficios que PEMEX pueda otorgar. Asimismo, su presidente ha señalado: “habrá regiones en donde PEMEX va a tener una muy buena oportunidad de ser el mejor competidor”, dado que las economías de escala y la cercanía a sus instalaciones le dan ventaja comparativa.

El recurso al litigio no es mera amenaza retórica: cuando en años anteriores se intentó eliminar obligaciones regulatorias, ya se cuestionó su constitucionalidad en tribunales. Algunos amparos contra reformas similares lograron suspensiones definitivas.

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Riesgos para la inversión y el atractivo internacional

Más allá del sector gasolinero nacional, este cambio regulatorio envía señales negativas para inversionistas internacionales:

1. Alteración radical del marco de reglas de juego. La confianza de los externos descansa en leyes estables, previsibilidad regulatoria y transparencia. Cuando el Estado exhibe voluntad de reconfigurar las reglas en favor propio, ese ancla se debilita.
2. Riesgo país elevado. Las inversiones en infraestructura energética requieren horizontes largos: décadas de retorno. Si el gobierno muestra que puede revertir regulaciones para favorecer su actor dominante, los inversionistas podrían exigir mayores tasas de retorno o abandonar mercados emergentes con mayor riesgo regulatorio.
3. Efecto “huida de capitales.” Empresas que operan estaciones bajo franquicias internacionales podrían reevaluar su continuidad en México si perciben que su operación quedará sujeta a la discreción de PEMEX sin garantías de competencia.
4. Desincentivo a nuevos jugadores. La entrada de nuevos competidores en el sector combustible, que implica inversiones elevadas en logística, almacenamiento, flotillas e infraestructura, puede volverse mucho menos atractiva ante asimetrías estructurales que favorecen al actor estatal consolidado.
5. Costos financieros y de litigio mayores. Ante la posibilidad de nuevos conflictos legales, las empresas deberán provisionar recursos jurídicos, seguros regulatorios y reservas financieras para contingencias.

En conjunto, se corre el riesgo de que México deje de ser un destino competitivo para inversión privada en combustibles, en favor de mercados con reglas más claras y menor riesgo regulatorio.

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¿Puede el Estado “meterse sin abusar”?

Para mitigar el riesgo de monopolio, el gobierno deberá asumir un rol activo de vigilancia y equilibrios institucionales:

• Crear mecanismos independientes (una autoridad reguladora técnica) que supervise que PEMEX no incurra en prácticas abusivas.
• Exigir transparencia plena —incluso en descuentos, cláusulas contractuales y volúmenes negociados— para permitir que terceros auditen eventuales favoritismos.
• Aplicar sanciones fuertes en caso de comportamientos anticompetitivos.
• Mantener vías legales y recursos regulatorios accesibles para los privados, con plazos cortos y certeza.

Si no hay control real, el fortalecimiento de la estatal corre el riesgo de convertirse en un monopolio revestido de legalidad.

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Conclusión: reto para el sector y el Estado

La eliminación de la regulación asimétrica representa un punto de inflexión en la historia del sector energético mexicano. Lo que antes fue un intento de equilibrio —regular a una estatal dominante para proteger competencia— ahora se revierte. Para los gasolineros privados, la presión será intensa: reorganización jurídica, renegociación contractual, absorción de costos y mayor exposición regulatoria.

El verdadero desafío será que, en su afán de reforzar a PEMEX, el Estado no termine por debilitar la pluralidad del mercado, reducir la innovación, encarecer el servicio o desalentar el capital privado.
Si no se construyen contrapesos institucionales confiables, México corre el riesgo de regresar a una era de concentración energética donde el sector público decida casi todo.