Un estudio de PETROIntelligence identifica 203 gasolineras fuera de cobertura móvil garantizada y 350 que dependen de una sola red. Las diferencias regionales complican la transición.
La posible obligación de realizar pagos digitales en las gasolineras mexicanas enfrenta una realidad que las cifras nacionales de conectividad no alcanzan a reflejar. Un estudio de PETROIntelligence y Spectrum Intelligence identificó 203 estaciones de servicio fuera de las áreas de cobertura móvil garantizada de tres redes de telecomunicaciones y otras 350 donde una sola red ofrece esa garantía. Las diferencias en infraestructura coinciden con un país donde 16.9 millones de personas de seis años o más todavía no utilizaban Internet en 2025.
La investigación, titulada Pagos digitales en estaciones de servicio: riesgo en materia de telecomunicaciones, fue elaborada en octubre de 2026, cuando el Congreso mexicano discutía una legislación que permitiría restringir el uso de efectivo en determinadas actividades económicas.
El documento revela las dificultades que podría enfrentar una misma obligación en establecimientos con condiciones tecnológicas muy diferentes. Mientras algunas estaciones disponen de varias opciones de conectividad, otras dependen de una sola red celular o están ubicadas fuera de las áreas donde los operadores garantizan cobertura.
Más de 200 estaciones fuera de cobertura garantizada
Los investigadores compararon las ubicaciones geográficas de las estaciones con las zonas de cobertura móvil garantizada de Altán, AT&T y Telcel. Encontraron 203 registros fuera de esas áreas, concentrados principalmente en Veracruz, Chihuahua y Michoacán. Las tres entidades representan 9.4%, 8.4% y 8.4%, respectivamente, de los establecimientos identificados.
Entre los 203 registros figuran dos permisos caducados, seis revocados y cuatro terminados anticipadamente. Por ello, la cifra no representa necesariamente el número de estaciones que continúan operando. Tampoco significa que todos esos establecimientos carezcan de internet, pues algunos podrían disponer de conexiones fijas u otras soluciones de comunicación.
En los alrededores de las estaciones identificadas, PETROIntelligence y Spectrum Intelligence estimaron una población aproximada de 247,000 habitantes, calculada dentro de radios cuyo promedio fue de 2.7 kilómetros. De ese conjunto, unas 55,000 personas tienen 60 años o más, equivalentes al 22.3%.
Michoacán, Veracruz y Puebla concentran cerca de 92,000 habitantes dentro de las áreas estudiadas. La investigación no determina cuántos carecen de servicios bancarios o dependen exclusivamente de esas gasolineras, pero permite dimensionar la población cercana a establecimientos donde la conectividad móvil garantizada presenta limitaciones.
Tener cobertura tampoco garantiza poder cobrar
El análisis encontró otras 350 estaciones donde Altán es la única red con cobertura móvil garantizada. En esos establecimientos, las terminales bancarias que utilizan directamente la conexión celular necesitan operar con la banda 28, correspondiente a la frecuencia de 700 MHz empleada por esa red.
La revisión de registros públicos del Instituto Federal de Telecomunicaciones incluyó 16 modelos de terminales de cobro. En seis modelos no se encontró una versión registrada como compatible con esa banda. La ausencia de información no demuestra que sean incompatibles, pero obliga a verificar las características de los equipos instalados antes de establecer obligaciones de cobro electrónico.
La disponibilidad de señal tampoco garantiza que una transacción pueda completarse. La velocidad y estabilidad de la conexión, la disponibilidad de energía eléctrica y el funcionamiento de los sistemas bancarios intervienen en cada operación. Una estación puede disponer de terminales y enfrentar dificultades para recibir la autorización del banco o confirmar que el pago se realizó correctamente.
Estas limitaciones explican por qué una evaluación basada exclusivamente en la cantidad de terminales instaladas sería insuficiente para determinar qué establecimientos pueden operar sin efectivo.
La desigualdad también afecta a los consumidores
Las diferencias tecnológicas entre gasolineras se presentan en un país donde el acceso y uso de internet avanzan a distintas velocidades.
La Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares, ENDUTIH 2025, registró 104.9 millones de usuarios de internet, equivalentes al 86.1% de la población de seis años o más. En localidades urbanas, el porcentaje alcanzó 88.9%, mientras que en las rurales llegó a 75.2%.
La diferencia resulta mayor en las actividades financieras. Entre los usuarios de Internet, 39.5% de quienes viven en zonas urbanas realizó pagos en línea durante 2025, frente a 17.8% de los habitantes rurales. En operaciones bancarias por Internet, las proporciones fueron de 36.7% y 16.0%, respectivamente.
Las disparidades también aparecen entre estados. Nuevo León registró 93.9% de población usuaria de internet; Baja California, 93.2%, y Quintana Roo, 92.1%. En Chiapas la proporción fue de 71.2% y en Oaxaca, de 78.6%, según el INEGI.
El estudio de PETROIntelligence retoma estos problemas desde otra perspectiva: aproximadamente 16.9 millones de mexicanos de seis años o más no utilizaban internet en 2025. Estado de México, Veracruz, Chiapas, Puebla y Jalisco concentraban 7.1 millones de ellos.
Una persona que no utiliza Internet puede pagar con tarjeta bancaria, siempre que disponga de ella y el establecimiento pueda procesar la operación. Sin embargo, las transferencias mediante aplicaciones, los códigos QR y otros instrumentos que requieren conexión y conocimientos digitales presentan barreras adicionales.
El efectivo sigue teniendo un peso desigual
El informe también incorpora resultados del estudio Hábitos de los usuarios de gasolina en México 2026, de PETROIntelligence, que muestran diferencias considerables en la utilización de billetes y monedas.
En Nayarit, el efectivo representa 52.9% de los pagos en las estaciones de servicio considerados por la investigación. En Hidalgo alcanza 49.2%; en Tlaxcala, 46.4%; en Puebla, 41.4%, y en Chihuahua, 40.2%. Sonora presenta una proporción mucho menor, de 16.2%.
La combinación de hábitos de consumo y condiciones tecnológicas muestra por qué una transición uniforme podría tener efectos diferentes. Una estación ubicada en una región con conexiones estables y clientes acostumbrados a utilizar medios electrónicos enfrenta circunstancias distintas a otra donde el efectivo conserva una participación elevada y existe una sola red celular con cobertura garantizada.
Una ley que todavía no resuelve las diferencias regionales
La iniciativa de Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, aprobada por la Cámara de Diputados el 6 de octubre de 2026, permitiría a la Secretaría de Hacienda determinar sectores y actividades donde los medios electrónicos se conviertan en la única forma de pago.
El proyecto llegó al Senado el 7 de octubre y, al 14 de octubre, permanece pendiente de dictaminación. La legislación contempla excepciones para recibir efectivo o cheque cuando una contingencia impida procesar pagos electrónicos, pero la forma de aplicar esas medidas dependerá de las disposiciones que se emitan posteriormente.
El estudio de PETROIntelligence y Spectrum Intelligence propone realizar un diagnóstico por estación que incluya pruebas de velocidad, estabilidad de las conexiones, compatibilidad de terminales y disponibilidad de proveedores. Con esa información podrían establecerse plazos diferenciados y mecanismos de contingencia para los establecimientos que todavía carezcan de condiciones operativas suficientes.
Los hallazgos descubren una dificultad concreta frente al proyecto de digitalización: la infraestructura disponible, los hábitos de pago y las posibilidades tecnológicas de los consumidores no son iguales en todo México. Antes de exigir cobros exclusivamente electrónicos, las autoridades tendrían que comprobar qué estaciones pueden procesarlos de manera confiable y qué alternativas estarán disponibles donde las conexiones no lo permitan.