La nueva legislación daría a Hacienda facultades para restringir billetes y monedas. El Senado aún debe revisarla y persisten riesgos para los consumidores.
Pagar gasolina en efectivo podría dejar de ser una opción en México. La Cámara de Diputados aprobó el 6 de octubre de 2026 una ley que permitiría a la Secretaría de Hacienda determinar en qué actividades económicas los pagos electrónicos serán los únicos aceptados. El Gobierno federal ha señalado que pretende comenzar por gasolineras y casetas de peaje, aunque la legislación todavía necesita la aprobación del Senado y las disposiciones que establecerán las condiciones para aplicarla.
La propuesta, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, forma parte del Paquete Económico 2027 y busca reducir el uso del dinero físico, facilitar las operaciones comerciales y aumentar la trazabilidad de los pagos. Sin embargo, también concentra en Hacienda la decisión sobre los sectores que podrían dejar de aceptar billetes y monedas, sin establecer en el propio texto una lista cerrada de actividades ni criterios específicos para seleccionarlas.
El cambio afectaría una práctica cotidiana profundamente arraigada. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2024, del INEGI y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 85.2% de los adultos de entre 18 y 70 años utilizaba principalmente efectivo en compras de hasta 500 pesos. En operaciones mayores a esa cantidad, la proporción era de 73.5%.
Diputados aprueban restringir pagos en efectivo
La Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos obtuvo 330 votos a favor y 122 en contra en su aprobación en lo general. La votación en lo particular terminó con 327 votos favorables y 122 contrarios. El 7 de octubre, la minuta llegó al Senado, donde permanece pendiente de dictaminación.
El artículo 13 establece que Hacienda determinará los sectores estratégicos y actividades relevantes en los cuales los medios electrónicos y digitales podrán convertirse en la única forma de pago. El artículo 14 encarga a las autoridades competentes de cada sector emitir las disposiciones que regularán esa transición, con sus condiciones, requisitos, obligaciones y plazos.
La legislación contempla que, una vez publicada y vigente, Hacienda disponga de 15 días hábiles para identificar los primeros sectores sujetos a la medida. Después, las autoridades correspondientes contarían con otros 15 días hábiles para emitir las reglas administrativas. Esas disposiciones podrán establecer calendarios graduales, por lo que los plazos legislativos no significan que todas las estaciones deberán abandonar inmediatamente el efectivo.
La facultad tampoco quedaría limitada a los sectores inicialmente seleccionados. El proyecto permite ampliar posteriormente las actividades sujetas al esquema, una posibilidad que dejaría a otras industrias y establecimientos pendientes de decisiones administrativas de Hacienda.
El Gobierno confirma gasolineras y carreteras
Aunque la ley no menciona expresamente las gasolineras ni las casetas de peaje, el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Antonio Peña Merino, confirmó el 24 de septiembre que el Gobierno pretende comenzar precisamente por esas actividades.
Durante la conferencia presidencial, explicó que la eliminación del efectivo se realizaría gradualmente y que se aprovecharían herramientas como el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) y Cobro Digital (CoDi), que permite efectuar pagos mediante códigos QR.
Claudia Sheinbaum ha sostenido que la estrategia no pretende prohibir el efectivo de manera general, sino ampliar los medios digitales por razones fiscales, de seguridad y eficiencia. Sin embargo, la redacción aprobada por los diputados sí permitiría excluir los billetes y monedas en actividades determinadas por Hacienda. La diferencia entre promover una alternativa de pago y convertirla en la única aceptada tendrá consecuencias concretas para los consumidores.
El Gobierno también plantea que una mayor proporción de operaciones electrónicas ayudaría a combatir la evasión fiscal y dar seguimiento a movimientos relacionados con actividades ilícitas. En el sector de combustibles, esa intención se vincula con los esfuerzos para enfrentar el llamado huachicol fiscal, asociado al contrabando y la comercialización irregular de hidrocarburos.
Los pagos digitales generan registros bancarios que pueden facilitar determinadas revisiones, pero no acreditan por sí mismos la procedencia legal de la gasolina ni sustituyen los controles sobre importaciones, facturación, almacenamiento y distribución. Tampoco la nueva ley concede automáticamente al SAT acceso irrestricto a todas las transacciones de los ciudadanos.
¿Qué pasará si sólo llevas efectivo?
La aplicación de la medida enfrentaría una dificultad inmediata: millones de personas utilizan habitualmente billetes y monedas, incluso cuando cuentan con productos bancarios. El problema se vuelve más complejo entre adultos mayores, trabajadores que reciben ingresos en efectivo, pequeños transportistas y habitantes de comunidades donde los servicios financieros y la conectividad son limitados.
Actualmente, una persona puede llegar a una gasolinera y pagar con efectivo, tarjeta u otros medios que acepte el establecimiento. Si Hacienda incorpora las estaciones al esquema de cobro exclusivamente digital, ese consumidor tendría que disponer de alguna modalidad electrónica admitida por las nuevas reglas.
La posibilidad de utilizar cuentas simplificadas, transferencias, aplicaciones o instrumentos prepagados podría reducir algunas barreras, pero todavía no existen disposiciones definitivas que aseguren una alternativa accesible para todas las personas. Tampoco se ha publicado un calendario que indique cuándo dejaría de aceptarse el efectivo en cada región.
José Antonio Peña Merino afirmó ante diputados que más de 95% de las gasolineras ya cuenta con terminales de punto de venta. Esa disponibilidad constituye un avance, aunque tener una terminal no garantiza conectividad permanente, aprobación de todas las operaciones ni acceso bancario de todos los clientes.
Una estación puede contar con equipo de cobro y enfrentar una interrupción del servicio bancario, un corte de electricidad o una falla de telecomunicaciones. En esos casos, impedir el pago en efectivo podría dejar al automovilista sin combustible a pesar de disponer del dinero para adquirirlo.
La excepción por fallas todavía plantea problemas
El artículo 15 contempla que, cuando una contingencia imposibilite recibir pagos electrónicos, se permita utilizar efectivo o cheque. El artículo 16 establece que esas contingencias no podrán justificar de manera permanente o recurrente el incumplimiento de las obligaciones de la ley.
La redacción ofrece una salida para interrupciones extraordinarias y temporales, pero deja dudas sobre las localidades donde la conectividad es inestable de manera habitual. Una carretera con fallas recurrentes de comunicación no necesariamente cumple la definición legal de contingencia extraordinaria, aunque sus interrupciones sean reales y estén fuera del control de la estación.
La situación exige reglas que distingan una negativa injustificada a recibir pagos digitales de una imposibilidad técnica comprobable. También necesita procedimientos para atender al consumidor que no puede completar una operación por causas ajenas a su voluntad, sin comprometer la continuidad del suministro de combustible.
El proyecto aprobado tampoco establece un régimen específico de sanciones por incumplimiento. Ese vacío ha sido identificado por especialistas jurídicos y añade incertidumbre sobre las responsabilidades que posteriormente podrían imponerse a las empresas. Las disposiciones administrativas no pueden crear libremente sanciones que carezcan de fundamento legal.
Gasolineros exigen garantías sobre comisiones y fallas
En septiembre, cuando la iniciativa todavía se discutía en la Cámara de Diputados, SuperMexicanos.com documentó las preocupaciones de empresarios gasolineros recogidas en un posicionamiento difundido en torno a Onexpo Nacional.
El documento, denominado “Consideraciones de los Empresarios Gasolineros sobre la Iniciativa de Ley de Economía Digital”, respaldó la modernización de los cobros, pero pidió que las estaciones no asumieran responsabilidades por errores de bancos, procesadores de pago o empresas de telecomunicaciones.
Entre sus planteamientos figura reducir al mínimo las comisiones bancarias y establecer reglas sobre liquidación de recursos, reclamaciones y contracargos. Estos últimos ocurren cuando una operación con tarjeta se revierte después de una reclamación, aunque el establecimiento ya haya entregado el combustible.
Los empresarios también propusieron una transición diferenciada por regiones, con indicadores verificables sobre conectividad, terminales disponibles, bancarización y frecuencia de interrupciones. Su principal preocupación es mantener el abastecimiento sin trasladar todos los costos tecnológicos y financieros a las estaciones.
El Gobierno ha promovido sistemas como CoDi porque sus operaciones no generan comisiones adicionales y permiten recibir los recursos de inmediato. En contraste, los pagos tradicionales con tarjetas involucran costos de procesamiento y condiciones comerciales distintas.
Durante 2026 se estableció un acuerdo temporal para reducir las comisiones cobradas a las estaciones por tarjetas y vales, con vigencia del 1 de mayo al 31 de octubre. La nueva legislación no garantiza por sí misma que esas condiciones favorables continúen de manera permanente después de esa fecha.
El dinero electrónico también deja rastro
La transición tiene otra consecuencia: los pagos electrónicos generan información sobre cantidades, fechas, establecimientos y cuentas involucradas. Esos registros facilitan la administración financiera y permiten documentar operaciones, pero también amplían la información que existe sobre los hábitos de consumo de las personas.
El uso de datos bancarios está sujeto a disposiciones de privacidad, secreto financiero y facultades legales de las autoridades. La mayor utilización de medios digitales no equivale a que cualquier funcionario pueda consultar libremente todos los movimientos. Aun así, una política que vuelva obligatorio el pago electrónico en determinados sectores merece reglas claras sobre protección de datos, prevención de fraudes y responsabilidades por operaciones no reconocidas.
En otros países, el avance de los pagos instantáneos ha permitido reducir la dependencia del efectivo mediante herramientas de bajo costo y amplia aceptación comercial. El proyecto mexicano combina esos incentivos con la posibilidad de imponer exclusividad digital en actividades escogidas por Hacienda, aun antes de conocer públicamente las reglas concretas que determinarán su funcionamiento.
La Ley de Economía Digital todavía debe superar su revisión en el Senado. Una vez concluido el proceso legislativo, las decisiones de Hacienda y las regulaciones sectoriales determinarán el alcance real de las restricciones.
Mientras tanto, pagar gasolina en efectivo continúa permitido. Pero el texto que aprobaron los diputados abre la posibilidad de que esa elección deje de estar disponible en las estaciones de servicio, por decisión administrativa y conforme a las reglas que se expidan. Lo que hoy es una alternativa cotidiana podría convertirse en una excepción para fallas del sistema, con consecuencias directas para millones de consumidores.