Derecho a aprender en México: seis deudas

Estudiantes de primaria trabajan con su maestra en un salón de una escuela pública mexicana.

Lectura, matemáticas, evaluación, formación docente, seguridad y planteles concentran rezagos al iniciar el ciclo 2026–2027.

El derecho a aprender en México enfrenta un problema que va más allá de llevar estudiantes a las aulas. Cerca de 24 millones de alumnos de educación básica iniciaron el ciclo 2026–2027 en un sistema que mantiene déficits comprobables en comprensión lectora, matemáticas, formación de maestros, evaluación, conectividad e infraestructura.

Ante este escenario, Mexicanos Primero planteó seis condiciones que considera indispensables: fortalecer los aprendizajes fundamentales, dar un uso pedagógico a las tecnologías digitales, invertir más en formación docente, recuperar información comparable sobre el desempeño de los alumnos, garantizar la continuidad de las clases frente a la violencia y asegurar condiciones básicas en los planteles. La mayor parte del diagnóstico encuentra respaldo en datos oficiales e internacionales, aunque una de las cifras presupuestales difundidas por la organización necesita actualizarse.

Bajo el umbral

La advertencia más grave está en lectura y matemáticas. En PISA 2022, 66% de los estudiantes mexicanos de 15 años quedó por debajo del nivel básico de competencia matemática y 47% no alcanzó ese umbral en lectura. Sólo 34% logró al menos el nivel 2 en matemáticas y 53% lo consiguió en comprensión lectora.

Mexicanos Primero plantea seis condiciones para garantizar aprendizajes; PISA, SEP y PEF confirman rezagos y obligan a corregir una cifra presupuestal.

El problema aparece desde la primaria. En el ERCE 2019 de UNESCO, únicamente 41.7% de los alumnos mexicanos de sexto grado alcanzó el nivel mínimo de desempeño establecido para lectura. Es decir, 58.3% quedó por debajo de esa referencia, lo que respalda la afirmación de que más de la mitad llega al final de primaria sin el dominio lector esperado.

Los datos, además, son anteriores o inmediatamente posteriores a la pandemia. México carece de una medición reciente equivalente que permita saber con el mismo grado de comparabilidad cuánto se ha avanzado o retrocedido desde entonces.

Tecnología: el dispositivo no enseña solo

Mexicanos Primero plantea que teléfonos, tabletas, computadoras e inteligencia artificial sólo aportan valor cuando forman parte de una estrategia pedagógica y cuentan con acompañamiento docente.

La evidencia internacional coincide. UNESCO ha encontrado efectos positivos pequeños o moderados de la tecnología educativa, pero también advierte que resulta difícil separar el efecto de los dispositivos del que producen factores como más tiempo de enseñanza, mejores materiales o apoyo del maestro.

El debate ya llegó a la política educativa mexicana. Antes del inicio del ciclo, la SEP convocó a 1.2 millones de docentes a participar en una consulta que incluye las reglas para el uso de dispositivos móviles en las escuelas.

Formación docente: la cifra debe corregirse

Aquí existe una precisión importante respecto del comunicado difundido por Mexicanos Primero. La organización afirma que el presupuesto federal actual destina 91.50 pesos anuales por docente a formación continua. Esa cantidad correspondía al proyecto presupuestal presentado en 2025, no al presupuesto finalmente aprobado.

Después de la discusión en la Cámara de Diputados se agregaron 14.5 millones de pesos al Programa para el Desarrollo Profesional Docente. La propia organización calculó entonces que el monto pasó de 91.50 a 105.21 pesos anuales por maestro de educación básica. Sigue siendo una cantidad extremadamente reducida, pero 91.50 pesos ya no es la cifra vigente.

La desproporción presupuestaria, sin embargo, permanece. El PEF 2026 asignó 121.4 millones de pesos al Programa para el Desarrollo Profesional Docente, mientras la Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina dispone de 129,386 millones. La comparación muestra una diferencia superior a 1,000 veces entre ambos programas.

También requiere matiz otra afirmación del comunicado: no puede sostenerse, sin delimitar el universo analizado, que “la mayor parte del presupuesto educativo se destina a becas”. El Ramo 11 de Educación Pública tiene un presupuesto autorizado de 523,858.2 millones de pesos; la beca Rita Cetina, aunque absorbe una enorme cantidad de recursos, equivale aproximadamente a una cuarta parte de ese ramo. El problema documentable no es que las becas consuman por sí solas la mayoría de todo el gasto educativo, sino la enorme distancia entre las transferencias y los recursos destinados específicamente a profesionalización docente.

Evaluar para saber qué funciona

La cuarta exigencia se refiere a recuperar una evaluación nacional periódica y comparable. El INEE desapareció con la reforma educativa de 2019 y su sucesora, la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, Mejoredu, entró posteriormente en proceso de extinción.

Eso no significa que México haya dejado de evaluar por completo. La SEP mantiene para 2026–2027 los Ejercicios Integradores del Aprendizaje, instrumentos enfocados en el diagnóstico y la evaluación formativa. Durante el ciclo anterior participaron voluntariamente 43,351 escuelas. Sin embargo, su diseño cualitativo y contextualizado es distinto al de una evaluación nacional estandarizada, representativa y comparable en el tiempo.

Por ello, el señalamiento de Mexicanos Primero resulta más preciso si se formula de esta manera: México cuenta con mecanismos de diagnóstico escolar, pero no con una medición independiente y comparable equivalente a las evaluaciones nacionales que permitían seguir tendencias y dimensionar brechas en todo el sistema.

El vacío cobra mayor relevancia porque la propia SEP reconoce que el ciclo 2026–2027 marca el cuarto año de implementación de la Nueva Escuela Mexicana. Sin indicadores comparables resulta difícil determinar, a escala nacional, qué efectos ha tenido el modelo sobre lectura, matemáticas y otros aprendizajes.

Violencia también resta días de escuela

La continuidad escolar constituye otra brecha. La plataforma Días Sin Clases, desarrollada por Mexicanos Primero Sinaloa, documentó 281 interrupciones durante el ciclo 2025–2026. Hubo por lo menos una escuela sin actividades en 105 de los 185 días programados, equivalentes a 57% del calendario estatal.

Los problemas operativos encabezaron los registros con 116 eventos, seguidos muy de cerca por 111 relacionados con inseguridad o violencia y 54 atribuibles a fenómenos naturales. La organización aclara que esto no significa que todas las escuelas sinaloenses hayan perdido 105 jornadas, sino que en cada una de esas fechas se documentó al menos una suspensión en algún plantel.

Escuelas sin lo indispensable

La sexta condición comienza con necesidades todavía más elementales. Las cifras oficiales de la SEP para el ciclo 2024–2025 indican que sólo 50.5% de las escuelas de educación básica reportaba computadora y 48.8% conexión a Internet. En los planteles públicos, las proporciones eran todavía menores: 38.6% y 35.5%, respectivamente.

También existían carencias de agua, electricidad, lavamanos y sanitarios. Los porcentajes varían según el universo de escuelas y la metodología empleada, pero tanto la estadística oficial como el monitoreo de Mexicanos Primero coinciden en que la infraestructura continúa siendo una limitante real para el aprendizaje.

Las seis condiciones planteadas convergen así en una misma discusión: ampliar becas y mantener estudiantes matriculados resulta necesario, pero no permite saber qué están aprendiendo ni sustituye maestros capacitados, planteles funcionales, continuidad de las clases o instrumentos capaces de medir resultados. El derecho a aprender en México exige que la permanencia escolar pueda traducirse en conocimientos verificables y no únicamente en cifras de cobertura.