El columnista sostiene que el caso Ruffo oculta una pregunta mayor: qué funcionarios permitieron el cruce de millones de litros de combustible.
El huachicol fiscal en Aduanas no puede explicarse únicamente mediante empresarios, agentes privados y compañías importadoras. Para introducir combustible desde Estados Unidos se necesitan pedimentos, revisiones, sistemas informáticos, personal autorizado y el visto bueno de instalaciones controladas por el gobierno federal.
Ése es el argumento central de Jorge Triana en su columna “Aduanas, la cloaca”, publicada el 25 de julio en El Universal. El autor sostiene que la detención de Ernesto Ruffo Appel permitió al gobierno presentar un responsable visible, mientras permanecen sin explicación las decisiones de quienes dirigieron y operaron las aduanas durante los años en que creció el contrabando de combustibles.
Triana califica el proceso contra Ruffo como persecución política y cortina de humo. Esa conclusión pertenece al terreno de la opinión y todavía no está demostrada. Sin embargo, su pregunta de fondo resulta pertinente: ¿cómo atravesaron la frontera cientos de millones de litros sin que funcionarios aduanales detectaran, permitieran o encubrieran las irregularidades?
Huachicol fiscal en Aduanas, el vacío
Ruffo fue vinculado a proceso junto con otros siete acusados por delincuencia organizada, contrabando y delitos relacionados con hidrocarburos. Permanece en prisión preventiva en el penal del Altiplano, pero todavía no existe una sentencia que determine su culpabilidad.
La Fiscalía atribuye a la empresa Ingemar, de la cual Ruffo era accionista, participación en un esquema que declaraba los ferrotanques con volúmenes considerablemente menores a los transportados. Una investigación de El País, elaborada con registros públicos de comercio exterior, calculó que la red relacionada con esas compañías movió más de 800 millones de litros en 15 meses y ocasionó un daño fiscal de al menos 5,400 millones de pesos.
Estos datos justifican una investigación profunda sobre Ruffo y los demás socios. No obstante, también fortalecen el cuestionamiento de Triana: semejante cantidad de combustible no pudo cruzar, circular y comercializarse sin interactuar repetidamente con autoridades, plataformas gubernamentales y recintos fiscales.
La responsabilidad penal de los empresarios no elimina la posible responsabilidad de los servidores públicos. Ambas deben investigarse.
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Aduanas concentraron los cargamentos sospechosos
Una investigación más amplia de El País encontró que, de 2,800 millones de litros de productos petrolíferos importados desde 2019 por diez empresas identificadas en expedientes oficiales, cerca de 2,700 millones ingresaron por las aduanas de Tampico, Matamoros, Altamira, Nuevo Laredo y Reynosa.
El mismo trabajo documentó una trama que habría introducido al menos 564 millones de litros mediante 69 buques desde 2023. Las investigaciones identificaron a empresarios, mandos navales y 19 personas que trabajaron en instalaciones aduaneras de Tamaulipas.
Otra pesquisa reveló que el contrabando creció en la Aduana de Matamoros después de su militarización. Tres mandos del Ejército son señalados por la Fiscalía como presuntos facilitadores del ingreso de 144 millones de litros declarados como solución de cloruro de calcio.
Aunque esta evidencia no demuestra que todos los titulares de Aduanas hayan participado en actividades criminales, sí contradice cualquier versión que presente el huachicol fiscal como un negocio operado completamente al margen del Estado.
Ricardo Peralta y la red Carmona
Triana inicia su recuento con Ricardo Peralta, primer administrador general de Aduanas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El columnista le atribuye el nombramiento de Julio César Carmona, hermano del empresario Sergio Carmona, al frente de la Aduana de Reynosa.
La designación también fue documentada por Proceso en una investigación sobre las relaciones políticas de Sergio Carmona. Después de dejar Aduanas, Peralta ocupó la Subsecretaría de Gobernación durante la gestión de Olga Sánchez Cordero.
Triana recuerda además las acusaciones de Porfirio Muñoz Ledo sobre un supuesto financiamiento ilegal de la campaña de Mario Delgado por la dirigencia de Morena. Otros testimonios políticos han relacionado a Carmona con vehículos, aeronaves y recursos presuntamente utilizados en campañas morenistas.
Es necesario mantener una precisión fundamental: esos señalamientos han aparecido en entrevistas, columnas, libros e investigaciones periodísticas, pero no han dado lugar a una indagatoria pública y exhaustiva sobre Ricardo Peralta, Mario Delgado, Américo Villarreal y los demás políticos mencionados. La ausencia de sentencias, por tanto, no desacredita las acusaciones; también refleja la falta de investigaciones capaces de confirmarlas o descartarlas.
El propio reportaje de El País sobre Tamaulipas señala que Carmona estableció relaciones con políticos de distintos partidos y que varias acusaciones sobre financiamiento electoral siguen sin pruebas judiciales concluyentes.
Cadena de titulares
Después de Peralta llegó Ricardo Ahued, quien dejó el cargo en 2020. Triana reconoce que no existen señalamientos sólidos que lo vinculen personalmente con una red criminal, pero utiliza su salida para ilustrar la magnitud de la corrupción que enfrentaba la institución.
Posteriormente, Horacio Duarte encabezó Aduanas durante la incorporación de militares a las 49 aduanas del país. El SAT presentó esa medida como una estrategia para combatir la corrupción y reforzar la seguridad. Las investigaciones posteriores muestran que la presencia militar no impidió el crecimiento de importaciones sospechosas en puntos como Matamoros.
Triana también menciona las gestiones de Rafael Marín Mollinedo y del general retirado André Georges Foullon Van Lissum, periodos durante los cuales operaron algunas de las redes actualmente investigadas.
Marín dejó la dirección de la Agencia Nacional de Aduanas el 31 de marzo de 2026. La presidenta Claudia Sheinbaum nombró en su lugar a Héctor Alonso Romero Gutiérrez, quien continúa al frente del organismo.
El señalamiento más sólido de Triana
La parte más consistente de la columna no consiste en dar por culpables a todos los exfuncionarios mencionados. Consiste en advertir que el combate al huachicol fiscal quedará incompleto si sólo alcanza a importadores, accionistas y agentes privados.
La investigación debe reconstruir quién presentó cada pedimento, quién validó los volúmenes, qué sistemas emitieron las autorizaciones, quién supervisó los ferrotanques, qué funcionarios recibieron alertas y quién permitió que los cargamentos continuaran hacia centros de almacenamiento y distribución.
También debe precisar cuáles exfuncionarios están formalmente investigados. La cercanía política, el nombramiento de subordinados cuestionados o la coincidencia temporal con operaciones ilegales justifican el escrutinio, pero no sustituyen las pruebas.
Ruffo tampoco queda exonerado
El reclamo de Triana no demuestra la inocencia de Ruffo. Si la Fiscalía acredita que ordenó operaciones, conoció las declaraciones falsas, recibió beneficios o participó en la triangulación de recursos, deberá responder ante los tribunales.
Tampoco basta su condición de accionista para convertirlo automáticamente en responsable de cada acto realizado por clientes, empleados, transportistas o agentes aduanales. La Fiscalía tendrá que demostrar su intervención concreta.
La vinculación a proceso permite continuar la investigación, pero no representa una condena. El debate público debe evitar tanto la absolución anticipada como la utilización propagandística de una acusación que todavía no llega a sentencia.
Responsabilidad institucional pendiente
“Aduanas, la cloaca” mezcla hechos documentados, inferencias políticas y acusaciones que todavía requieren pruebas. Su lenguaje resulta deliberadamente severo, pero obliga a mirar más allá del acusado que ocupa los titulares.
Las redes identificadas utilizaron buques, trenes, camiones, documentos oficiales, instalaciones federales y rutas vigiladas. Por ello, no resulta creíble que toda la responsabilidad terminara fuera de las oficinas públicas.
El gobierno puede sostener que actúa sin consideraciones partidistas. Para demostrarlo necesita informar cuántos funcionarios aduanales, militares, supervisores y mandos están procesados; qué controles fallaron; quién recibió alertas y qué autoridades permitieron que las operaciones continuaran.
Mientras la investigación no recorra esa cadena completa, el huachicol fiscal en Aduanas seguirá mostrando una justicia capaz de encarcelar a algunos empresarios, pero todavía renuente a explicar cómo funcionó la protección institucional.