Denuncias por autovalidación de cédulas en la DGP exhiben opacidad; piden a Mario Delgado una investigación independiente y medidas correctivas.
La SEP, a prueba
Bajo la gestión del secretario de Educación Pública Mario Delgado Carrillo, la Dirección General de Profesiones (DGP) enfrenta señalamientos de conflicto de interés y uso indebido de funciones. Las acusaciones apuntan a Israel Jerónimo López, director de Autorización y Registro Profesional desde febrero de 2024, y al silencio institucional del titular de la DGP, José Omar Sánchez Molina. Organizaciones y universidades piden una indagatoria independiente y medidas inmediatas para restablecer la confianza.
Las piezas clave del expediente
Documentos y testimonios consultados señalan tres ejes:
- Cronologías académicas contradictorias en la Constancia de Situación Profesional de Israel Jerónimo López;
- Uso del título de “Doctor” en 2022, previo a la expedición de la cédula correspondiente en 2024;
- Emisión de sus propias cédulas desde el área que él dirige, lo que configuraría un conflicto de interés.
Si se acreditan estos hechos, vulnerarían la Ley Reglamentaria del Artículo 5° Constitucional, que exige cédula profesional para ostentar y ejercer un grado.
Impacto real: trámites detenidos y presión a universidades
Decenas de Instituciones de Educación Superior han reportado bloqueos del Módulo Electrónico de Títulos (MET), oficios con plazos contradictorios y requerimientos masivos de expedientes históricos en tiempos impracticables. El efecto es directo: egresados sin cédula, demoras para incorporarse al trabajo formal y sobrecarga operativa para las escuelas. En varios testimonios, las IES describen un clima de incertidumbre y trato desigual en la DGP.
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Como titular de la SEP desde octubre de 2024, Mario Delgado ha impulsado agendas de reforma y digitalización. Pero este caso lo coloca ante una disyuntiva: refrendar la política de honestidad que el propio funcionario ha proclamado o tolerar prácticas que minan la legalidad profesional. El área de José Omar Sánchez Molina anunció en 2025 mejoras al Registro Nacional de Profesionistas —incluida emisión de cédulas en lenguas indígenas—; sin embargo, las denuncias actuales exigen auditorías técnicas, revisión de cronologías de títulos y una ruta de transparencia verificable.
Trayectoria y señalamientos previos en la carrera pública de Mario Delgado
Para entender el contexto, conviene revisar episodios anteriores. Como secretario de Finanzas y de Educación en el entonces Distrito Federal durante la administración de Marcelo Ebrard (2006–2012), Mario Delgado apareció en informes legislativos y notas periodísticas vinculados a las irregularidades de la Línea 12 del Metro. Aquellos señalamientos —sobre sobrecostos, contratos y responsabilidades administrativas— derivaron en comparecencias y solicitudes de investigación, sin que se establecieran sanciones firmes en su contra. Ya como dirigente nacional de Morena (2020–2024) y hoy al frente de la SEP, ha estado bajo escrutinio mediático por decisiones políticas y, más recientemente, por el manejo de la conflictividad educativa. Este historial no prueba delitos, pero sí dibuja un patrón de vigilancia pública que hoy se reaviva con las denuncias en la DGP.
Qué tendrían que aclarar las autoridades
- ¿Quién revisó y autorizó las cédulas de Israel Jerónimo López en abril de 2024 y bajo qué protocolo de salvaguardas?
- ¿Hubo inhibiciones explícitas por potencial conflicto de interés?
- ¿Por qué hay cronologías académicas incompatibles entre grados de licenciatura, maestría y doctorado?
- ¿Cómo se garantizará la trazabilidad de los trámites del MET para evitar bloqueos discrecionales?
- ¿Cuándo presentará la SEP un informe público, con evidencia documental, sobre estos procesos?
Lo que está en juego
La DGP es el eje legal que da validez a la formación profesional en México. Si falla, se erosiona la confianza social en títulos, cédulas y trayectorias. El caso exige peritajes documentales, auditorías de sistemas y una revisión externa —idealmente acompañada por órganos anticorrupción, academia y colegios profesionales—. Sin una respuesta clara, el daño reputacional para la SEP puede escalar y, con él, la incertidumbre para miles de estudiantes y empleadores.
“La sociedad mexicana merece una explicación inmediata y una investigación independiente. No puede seguir al frente de la legalidad profesional quien ha manipulado sus propios registros”.