Nadie debe quedar fuera de una investigación por huachicol fiscal. Tampoco Ernesto Ruffo Appel. Si la Fiscalía General de la República tiene pruebas de que participó en el contrabando de combustibles, deberá presentarlas ante un tribunal y demostrar su responsabilidad.
Pero el expediente plantea demasiadas anomalías para aceptar, sin cuestionamientos, la versión de que el exgobernador de Baja California encabezaba “la red más grande” de huachicol fiscal del país.
La primera duda surge de la forma en que se obtuvo la orden de aprehensión. Una solicitud inicial habría sido rechazada en junio por falta de elementos. Después, la FGR volvió a plantear el caso ante otra juzgadora del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, quien concedió las órdenes solicitadas. La defensa ha cuestionado que la Fiscalía insistiera con la misma acusación después de ese rechazo.
El cambio no invalida automáticamente la resolución. La Fiscalía pudo corregir deficiencias o presentar nuevos datos. Sin embargo, por la trascendencia política del asunto, debe explicar qué pruebas incorporó, por qué Ruffo apareció como supuesto dirigente de la organización y mediante qué procedimiento se asignó la segunda petición.
El papel real de Ingemar
La acusación se relaciona con Ingemar, empresa de la que Ruffo era accionista y miembro de su consejo. La compañía contaba con permisos para importar combustibles y, en 2023, obtuvo autorización para introducir hasta 500 millones de litros de gasolina, diésel y turbosina, a pesar de las restricciones que el gobierno mantenía para otras empresas del sector.
Ese dato exige una investigación profunda. También obliga a preguntar qué autoridades aprobaron esos permisos y por qué una administración que decía combatir la participación privada en la importación de combustibles concedió una autorización de semejante magnitud.
Ruffo sostiene que Ingemar gestionaba permisos y servicios aduanales, pero no compraba, transportaba ni vendía el combustible. La versión publicada por Belaunzarán agrega que el exgobernador habría colaborado inicialmente como testigo en la investigación sobre los ferrotanques asegurados en Coahuila. Hasta ahora, esa afirmación procede del entorno de su defensa y necesita confirmación documental de la FGR.
Aun así, plantea una contradicción que debe aclararse: ¿cómo pasó una persona dispuesta a colaborar con la investigación a ser presentada como cabeza de la organización criminal?
Una red que no podía operar sola
El decomiso investigado involucró alrededor de 15.5 millones de litros de combustible trasladados en más de un centenar de carrotanques. Una operación de esa escala requiere permisos, pedimentos, cruces aduanales, transporte ferroviario, almacenamiento, facturación y compradores. No puede explicarse únicamente por la participación de un accionista de la empresa que gestionó las autorizaciones.
La investigación debería identificar:
- quién compró el combustible en Estados Unidos;
- quién alteró o presentó la documentación;
- qué empresa contrató los ferrotanques;
- qué agentes aduanales permitieron el ingreso;
- dónde se almacenó;
- quién financió la operación;
- qué distribuidores y gasolineras lo adquirieron.
Belaunzarán señala una omisión relevante: no se ha informado de la detención de todos los socios, transportistas y operadores relacionados con la compañía que llevó el combustible hasta Ramos Arizpe, después de atravesar instalaciones aduanales de Tamaulipas.
Si la acusación pretende demostrar que Ruffo dirigía la estructura, la Fiscalía tendrá que exhibir órdenes, comunicaciones, transferencias, beneficios económicos o decisiones operativas. La simple participación accionaria en Ingemar no basta para atribuirle automáticamente todas las conductas de clientes, transportistas y agentes aduanales.
Las aduanas bajo control federal
El argumento más endeble de la narrativa oficial es presentar el huachicol fiscal como un negocio que habría operado al margen del Estado.
Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, las aduanas marítimas quedaron bajo control de la Marina y numerosas aduanas terrestres fueron entregadas al Ejército. El SAT, la Agencia Nacional de Aduanas de México, la Guardia Nacional y otras dependencias federales tenían atribuciones para revisar el ingreso y traslado de combustibles.
Por tanto, incluso si empresarios privados falsificaron documentos, resulta indispensable establecer qué servidores públicos colaboraron, permitieron o dejaron pasar cargamentos de millones de litros.
La red no terminaba en la frontera. Para colocar combustible ilegal en estaciones aparentemente regulares se necesitaban facturas, almacenamiento, transporte y mecanismos para justificar su origen. Culpar únicamente a Ruffo permitiría que los funcionarios, comercializadores y compradores finales quedaran fuera del proceso.
El contexto político no puede ignorarse
La detención ocurrió mientras el gobierno enfrentaba dos controversias especialmente delicadas.
En Baja California, Marina del Pilar Ávila reconoció la autenticidad de grabaciones en las que aparece conversando con supuestos intermediarios estadounidenses para recuperar su visa. La gobernadora afirma que fue víctima de una trampa preparada por el exmandatario Jaime Bonilla y niega haber entregado información confidencial o haber concretado algún acuerdo.
Al mismo tiempo, aumentaron las presiones alrededor del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por las circunstancias de la captura y traslado de Ismael “el Mayo” Zambada a Estados Unidos, así como por los señalamientos políticos relacionados con la crisis de seguridad en aquella entidad. Esos señalamientos no equivalen a una responsabilidad penal demostrada, pero siguen sin ser aclarados de manera suficiente por las autoridades mexicanas.
La coincidencia temporal no prueba una operación de distracción. Sí permite preguntar por qué la FGR actuó con rapidez contra un exgobernador opositor mientras otros expedientes políticamente incómodos avanzan con mayor lentitud o permanecen sin consecuencias visibles.
La audiencia cerrada aumenta las dudas
Otro elemento controvertido fue la realización de la audiencia sin acceso público. En asuntos de delincuencia organizada puede haber razones legales para reservar datos y proteger investigaciones en curso. Pero cuando la Fiscalía difunde públicamente acusaciones de enorme gravedad y después limita el acceso al debate judicial, se produce un desequilibrio: la imputación circula ampliamente, mientras los argumentos de la defensa y la calidad de las pruebas permanecen fuera del escrutinio.
Esto favorece una condena mediática anticipada.
Ruffo no debe recibir privilegios por haber sido el primer gobernador de oposición que derrotó al PRI. Pero tampoco puede presumirse su culpabilidad por su actividad política, su calidad de accionista o la conveniencia de convertirlo en símbolo del huachicol fiscal.
La prueba decisiva
La solidez de la investigación no se medirá por el impacto de una captura ni por los titulares que presente la Fiscalía. Se medirá por su capacidad para reconstruir toda la cadena del contrabando.
Si Ruffo impartió órdenes, financió operaciones o recibió beneficios del combustible ilegal, debe responder ante la justicia. Pero si el caso se limita a él y deja intactos a funcionarios aduanales, militares, transportistas, comercializadores y empresarios ligados al poder, la sospecha de selectividad será inevitable.
El huachicol fiscal no pudo crecer durante años sin omisiones o complicidades institucionales. Una red capaz de mover millones de litros a través de aduanas federales, carreteras vigiladas y establecimientos formalmente autorizados no es obra de un solo accionista.
La pregunta no es si debe investigarse a Ernesto Ruffo. Debe hacerse.
La pregunta es por qué se pretende convertirlo desde ahora en el jefe de toda la estructura y si la Fiscalía tendrá la misma determinación para seguir las pruebas cuando conduzcan hacia funcionarios, militares, empresarios o políticos vinculados con el gobierno.
Mientras eso no ocurra, el caso seguirá pareciendo menos una ofensiva integral contra el huachicol fiscal y más una acción selectiva que ofrece un culpable visible mientras deja en penumbra el funcionamiento completo de la red.