Cierres escolares, violencia, desastres y falta de evaluación marcaron 2025 como uno de los peores años para el derecho a aprender en México.
Un año adverso para el derecho a aprender
El 2025 cerró como uno de los años más complejos para la educación básica en México. Millones de niñas, niños y jóvenes vieron afectado su derecho a aprender por una combinación de cierres escolares, violencia, desastres naturales y carencias estructurales en los planteles. A este escenario se sumó la ausencia de evaluaciones confiables que permitan conocer con claridad qué están aprendiendo las y los estudiantes y qué tan efectivas resultan las políticas educativas actuales.
El balance general, advierte Mexicanos Primero, es negativo y deja al sistema educativo con bases debilitadas, justo cuando el país enfrenta retos crecientes en desigualdad, desarrollo social y empleabilidad.
Escuelas cerradas por violencia y desastres
Durante 2025, el cierre de escuelas dejó de ser un fenómeno aislado. De acuerdo con el Observatorio de Medios de Mexicanos Primero, la violencia vinculada al crimen organizado provocó la suspensión de clases en entidades como Baja California, Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Morelos, Sinaloa, Tabasco y Tamaulipas. En estos contextos, asistir a la escuela implicó riesgos reales para estudiantes, docentes y familias.
A ello se sumaron afectaciones por desastres naturales e inundaciones en Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz, así como daños por vandalismo y robos en planteles de al menos once estados. Estos eventos interrumpieron calendarios escolares y profundizaron el rezago educativo, sobre todo en comunidades con menores recursos.
Sin evaluación, sin diagnóstico
Uno de los golpes más severos al sistema educativo fue la desaparición de mecanismos de evaluación. La extinción de Mejoredu y de los Órganos Constitucionales Autónomos significó la pérdida de más de dos décadas de información acumulada sobre aprendizajes, desempeño docente y políticas educativas.
Hasta ahora, la Secretaría de Educación Pública no ha garantizado el acceso público a los archivos del INEE y de Mejoredu. Esto dejó al país sin evaluaciones integrales ni análisis independientes que permitan corregir fallas, medir avances o rediseñar estrategias con base en evidencia.
Retrocesos en acceso y permanencia escolar
Los datos disponibles refuerzan el diagnóstico crítico. El Índice de Progreso Social de la organización México, ¿cómo vamos? señala que la educación básica alcanzó en 2025 su peor desempeño en una década. El acceso a conocimientos básicos cayó a su nivel más bajo desde 2015 y la matrícula en preescolar y primaria continuó en descenso.
Para el ciclo escolar 2024–2025, la cobertura neta de educación básica se ubicó en 89%. En términos prácticos, esto significa que 11 de cada 100 niñas y niños no asisten a la escuela, una cifra que refleja exclusión educativa persistente.
En el caso de jóvenes de 25 a 34 años, el panorama tampoco resulta alentador: 4 de cada 10 no han concluido la educación media superior. Aunque existen avances respecto a años previos, México mantiene el mayor rezago entre los países de la OCDE en este nivel, con una proporción cuatro veces superior al promedio del organismo, lo que limita de forma directa las oportunidades laborales y de ingreso.
Más gasto, pero no mejor aprendizaje
El presupuesto educativo aprobado para 2026 mostró un incremento general; sin embargo, la distribución de los recursos volvió a generar cuestionamientos. El gasto directo creció de forma significativa, sobre todo en becas, mientras que la inversión en la mejora de los aprendizajes y en la formación continua de docentes permaneció rezagada.
Para capacitación docente, sólo se autorizaron 14.5 millones de pesos adicionales, una cifra considerada insuficiente frente a una planta de más de un millón de maestras y maestros que deben adaptarse a los lineamientos de la Nueva Escuela Mexicana.
En comparación internacional, México se mantiene entre los países de la OCDE que menos invierten por estudiante, sólo por encima de Perú. Al mismo tiempo, las familias mexicanas asumen casi el doble del gasto educativo promedio de la OCDE, lo que evidencia barreras económicas que condicionan el derecho a aprender.
Infraestructura precaria y brechas digitales
Las condiciones físicas de las escuelas siguen siendo un obstáculo estructural. Cuatro de cada diez planteles no cuentan con servicios básicos completos —electricidad, agua, sanitarios y lavamanos— y siete de cada diez carecen de conexión a internet. Estas carencias limitan el desarrollo de habilidades básicas y hacen inviable cualquier estrategia de innovación educativa a gran escala.
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Estados rezagados y falta de continuidad
A nivel estatal, los incumplimientos en planeación educativa también marcaron el año. En Tlaxcala, a cuatro años del inicio de la administración, aún no se publica el Programa Sectorial de Educación, lo que afecta la rendición de cuentas. Oaxaca y Michoacán presentaron sus programas hasta 2025, con retrasos significativos.
Además, los cambios frecuentes de titulares en secretarías de educación —registrados en Guerrero, Zacatecas, Tamaulipas, Baja California, Nuevo León y la Ciudad de México— dificultaron la continuidad de políticas públicas. Actualmente, las y los responsables de estas dependencias permanecen en el cargo, en promedio, sólo 2 años y 2 meses.
Reconstruir el sistema educativo
Frente a este panorama, Mexicanos Primero insiste en que garantizar el derecho a aprender debe colocarse como una prioridad nacional. Sin evaluación, sin inversión suficiente en calidad educativa y sin condiciones dignas en las escuelas, los rezagos tienden a profundizarse y a reproducir desigualdades de largo plazo.
El 2025 dejó claro que asegurar la asistencia escolar no basta. El reto central sigue siendo que las y los estudiantes aprendan, permanezcan en la escuela y cuenten con las herramientas necesarias para construir un futuro con mayores oportunidades.