El analista Carlos López Jones desató la alarma: una posible reforma fiscal del SAT podría golpear al programa IMMEX y con él a la base manufacturera del país.
El economista Carlos López Jones lanzó en X un hilo que rápidamente captó la atención de empresarios, exportadores y analistas. En él expuso una preocupación que pocos habían planteado en público: el Servicio de Administración Tributaria (SAT) estaría preparando un cambio profundo al programa IMMEX, el esquema que sostiene gran parte de la manufactura de exportación mexicana.
El hilo explica que la autoridad fiscal planea exigir el pago inmediato del IVA en cada operación dentro de la cadena productiva, aplicar cobros retroactivos y devolver el impuesto sólo después de comprobar la exportación. Si se implementa, el modelo que desde hace casi dos décadas permite a miles de empresas importar insumos sin pagar impuestos hasta que exportan su producto final quedaría de cabeza.
El riesgo, advierte López Jones, es enorme: “si el incentivo se convierte en carga, muchas plantas se irán de México”.
El motor oculto detrás de la economía mexicana
El programa IMMEX, creado en 2006 para sustituir al antiguo PITEX, fue diseñado para atraer inversión extranjera y generar empleo mediante incentivos fiscales. Permite a las empresas importar temporalmente componentes, maquinaria y materias primas sin aranceles ni IVA, siempre que los bienes terminados se exporten.
Gracias a este esquema, México consolidó su posición como plataforma manufacturera global: más de cinco mil plantas operan bajo el régimen IMMEX, principalmente en estados fronterizos como Baja California, Sonora, Chihuahua y Nuevo León. En conjunto, generan más de tres millones de empleos directos y representan casi la mitad del valor total de las exportaciones mexicanas.
Sin ese beneficio, ensambladoras como Samsung, Ford o Honeywell perderían competitividad frente a sus pares en Asia o Europa del Este, donde los gobiernos garantizan devoluciones rápidas o exenciones completas.
Cuando el incentivo se vuelve trampa
La lógica del IMMEX ha sido clara: si un bien se exporta, no paga IVA. Pero el nuevo planteamiento del SAT alteraría esa mecánica, imponiendo pagos inmediatos y trámites engorrosos para recuperar los montos.
El problema no es menor. Para una planta automotriz o aeroespacial, un diferimiento de IVA puede equivaler a millones de pesos inmovilizados cada mes. En una industria de márgenes estrechos, esa presión basta para mover una línea de producción a otro país.
La preocupación no se limita a las grandes corporaciones. Detrás de cada planta IMMEX hay cientos de proveedores locales: talleres de maquinado, empresas de empaque, transporte, limpieza o inyección de plásticos. Si las trasnacionales frenan su producción o reubican sus operaciones, miles de pequeñas y medianas empresas mexicanas quedarían en riesgo.
Un dilema entre recaudación y desarrollo
El argumento del SAT no carece de lógica: algunos grupos han abusado del régimen, importando productos con beneficios IMMEX que luego venden en el mercado nacional sin cumplir la obligación de exportar. El problema es que una reforma generalizada terminaría castigando también a quienes cumplen.
México enfrenta un dilema de política pública: fiscalizar sin asfixiar. Si la recaudación inmediata se impone sobre la competitividad industrial, la consecuencia será una fuga de inversión y empleos. Si, por el contrario, se mantiene un esquema flexible sin vigilancia, persiste el riesgo de evasión.
La solución intermedia —coinciden analistas— sería una fiscalización quirúrgica: detectar los casos de abuso y aplicar sanciones específicas, sin romper el modelo que ha convertido al país en uno de los centros de manufactura más relevantes del continente.
La frontera en la mira
El hilo de López Jones provocó reacciones inmediatas de usuarios que viven o trabajan en ciudades industriales. En Tijuana, Mexicali o Ciudad Juárez, la maquila no es un concepto económico, sino una realidad cotidiana. Cada planta representa nóminas, renta de viviendas, transporte, consumo y estabilidad familiar.
Si el incentivo fiscal desaparece o se vuelve inviable, los efectos se sentirán primero en esas comunidades. “Esto no es un debate técnico —escribió uno de los comentaristas—, es una bomba social”.
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Lo que está en juego
La eventual reforma al IMMEX no es sólo una disputa tributaria: es una decisión estratégica sobre el modelo de desarrollo de México.
De su resultado depende si el país sigue siendo un polo manufacturero con acceso privilegiado al mercado de Estados Unidos o si se convierte en un territorio menos atractivo, desplazado por Vietnam o Brasil.
El equilibrio es frágil: cada día que la incertidumbre fiscal crece, una parte de la inversión potencial del nearshoring se aleja.