Las bajas cotizaciones del maíz y la eliminación de coberturas de precios arrastran a más de 20 millones de personas rurales hacia la crisis, mientras el Sembrando Vida apenas raspa la superficie de sus necesidades.
crisis que se agudiza
El sector agropecuario de México enfrenta una tormenta perfecta: el costo de producir granos como el maíz o frijol se mantiene elevado, mientras el precio de venta cae por debajo de ese umbral mínimo. En el caso del maíz, se estima que sembrar diez hectáreas cuesta alrededor de 58 000 pesos, pero la cosecha apenas llega a ingresos de 30 000 a 38 000 pesos, lo que implica producir en pérdida.
Por si fuera poco, el gobierno eliminó importantes herramientas de protección al productor: el esquema de Ingreso Objetivo, la Agricultura por Contrato y los mecanismos de cobertura de precios quedaron prácticamente inactivos.
El resultado: productores que históricamente tenían un margen de rentabilidad hoy lo han perdido casi por completo. En el caso del maíz blanco, la rentabilidad cayó del más del 50 % en 2022 a apenas el 12 % en 2025.
¿Qué hay detrás de los números?
Costos contra ingresos
Los agricultores denuncian que se está pagando entre 4 800 y 5 000 pesos por tonelada de maíz, cuando el umbral de rentabilidad se ubica en aproximadamente 7 200 pesos.
Las importaciones, la apreciación del peso y la competencia internacional también han recortado márgenes.
Apoyos insuficientes y selectivos
El programa Sembrando Vida —suscrito al nuevo modelo de desarrollo rural— buscaba mejorar ingresos de campesinos y fomentar la autosuficiencia alimentaria.
Sin embargo, estudios señalan que su impacto ha sido limitado: el apoyo económico resultó insuficiente para cambiar las condiciones económicas de los beneficiarios, en tanto que la implementación local enfrentó deficiencias técnico-productivas y de seguimiento.
Consecuencias sociales y de autosuficiencia
La combinación de bajos ingresos y agotamiento de instrumentos de protección coloca en riesgo la permanencia de muchas familias en el campo. Además, la posible caída en la producción nacional de granos abre la puerta a una mayor dependencia de importaciones y vulnerabilidad ante precios internacionales.
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Hacia qué se podría redirigir la ayuda
- Establecer un precio mínimo garantizado para los productos clave del campo, que al menos cubra los costos de producción. Ya los productores piden un piso cercano a 7 200 pesos por tonelada de maíz.
- Fortalecer las coberturas de precios y seguros agrícolas, para que ante fluctuaciones de mercado los campesinos no queden desprotegidos.
- Mejorar la eficiencia y alcance del programa Sembrando Vida, destinando recursos a capacitación, infraestructura de riego, asistencia técnica y conexiones al mercado.
- Inversión en valor agregado local, promoviendo procesamiento de los granos, cadenas de valor rurales y empresas campesinas que aumenten el ingreso más allá de la simple cosecha.
- Desarrollo de alternativas productivas con sustentabilidad, como cultivos bioalimentarios, agroforestería o mercados locales, que diversifiquen el riesgo del campesinado.
Impacto directo en la vida cotidiana
El deterioro del campo afecta no sólo a los productores; repercute en la seguridad alimentaria, en el precio de los alimentos básicos y en el desarrollo rural en su conjunto. Un campo en crisis significa menos empleo, migración forzada y comunidades descapitalizadas. Por eso, revertir esta tendencia no es sólo una cuestión agrícola sino de justicia social y país.