Desmantelan redes: Pemex, deuda y huachicol fiscal al límite

Pemex enfrenta una recompras récord, financiamiento extraordinario y una red criminal con mandos de Marina y empresarios acusados de tráfico de combustibles. Crisis estructural desenmascarada.

Deuda de Pemex: cifras, estrategias y riesgos

Magnitud y estructura

• La deuda financiera de Pemex ronda los 100,000 millones de dólares, la más alta de cualquier petrolera en el mundo.
• Además hay obligaciones con proveedores estimadas en otros 20,000-23,000 millones de dólares.
• Los vencimientos próximos son críticos: alrededor de 5,100 millones de dólares en 2025, y aproximadamente 18,700 millones de dólares en 2026.

Medidas de alivio financiero

• Recompra de bonos por 9,900 millones de dólares, cubriendo 11 series con vencimientos en dólares y euros entre 2026 y 2029. Oferta termina el 30 de septiembre de 2025.
• Aquellos tenedores que acepten antes del 15 de septiembre recibirán una prima de 30 dólares o 30 euros por cada mil de valor nominal, además del precio base. Después, únicamente el precio base. Además se pagarán intereses devengados.
• Financiación de esta recompra mediante la emisión de notas precapitalizables (“P-Caps”) por 12,000 millones de dólares.
• Emisión a tasa fija del 5.5% anual para los P-Caps.

Plan de largo plazo y vulnerabilidades

• Plan Estratégico 2025-2030 apunta a que Pemex logre autosuficiencia financiera en 2027, es decir, que no dependa de inyecciones directas del Gobierno al menos para operación corriente.
• Se ha creado un “fondo de inversión” de 250,000 millones de pesos para proyectos estratégicos y pago a proveedores.
• La meta para 2030 es reducir la deuda de Pemex a unos 77,300 millones de dólares, junto con aumentar la producción petrolera a 1.8 millones de barriles diarios. Actualmente se extraen alrededor de 1.6 millones, dependiendo también de los retrasos de pozos y baja productividad en ciertos campos.
• Riesgos estructurales: tasas de interés, tipo de cambio, caída de producción en campos maduros, sobrecostos (refinación, logística), presión inflacionaria, impagos atrasados a proveedores. Sin contar el riesgo reputacional y de agencias calificadoras, que ya han reaccionado: Fitch Ratings elevó la calificación de “junk / chatarra” de Pemex al nivel BB, tras anuncios de recompra.

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Huachicol fiscal: esquema delictivo, actores y magnitud

Qué es y cómo ha evolucionado

El término huachicol fiscal se refiere al contrabando de combustibles o hidrocarburos, no mediante robo físico de ductos (“huachicol tradicional”), sino vía fraude aduanero, declaraciones falsas, disfraz de mercancías con tarifas preferenciales o exentas, uso de documentos apócrifos, corrupción aduanera, complicidad institucional, transporte y logística ilícita.

Casos recientes, estructura operativa

• En marzo de 2025 se interceptó el buque Challenge Procyon en Tamaulipas, con casi 63,000 barriles de diésel declarados como petroquímicos exentos. Este hallazgo detonó investigaciones mayores. i
• Al menos 14 personas fueron detenidas (militares, exfuncionarios, empresarios) como parte de esta red.

Personas implicadas de alto rango

• Manuel Roberto Farías Laguna, vicealmirante de la Marina, vinculado al caso, detenido, vinculado a proceso. Acusado de coordinar la estructura, autorizar perfiles, rutas, documentos, aduanas.
• Climaco Aldape Utrera, capitán de navío, identificado como operador importante en aduanas y puertos, con empresas fachada usadas para lavado de dinero.
• Juan Carlos Sario Pichal, capitán de fragata, subdirector de Operación Aduanal, implicado en autorización de descargas ilegales del buque Torm Agnes, en puertos como Guaymas y Ensenada. Declaraciones señalan que dejó su puesto en Guaymas cuando comenzaron las investigaciones.
• Otros nombres: decenas de personas procesadas, entre ellas exfuncionarios aduaneros, empresarios, personas jurídicas. En algunos reportes se mencionan Climaco “N”, Humberto “N”, Sergio “N”, Carlos de Jesús “N”, etcétera.

Modus operandi

• Declarar diésel como “aditivos para aceites y lubricantes” o “petroquímicos exentos”, para evadir impuestos como IEPS, IVA.
• Uso de documentos apócrifos o incompletos, firmas o permisos falsos, manipulación en rutas, uso de aduanas específicas que tienen menor vigilancia o permiten “puertas traseras”.
• Transporte en barcos, contenedores, pipas, empresas de fletes, redes de transporte marítimo y terrestre.
• Alguna descarga en puertos con complicidad interna de aduanas, logística naval, movimiento de personal indebido.

Magnitud del daño fiscal

• En 2024 se estimaron pérdidas fiscales por hasta 177,000 millones de pesos a causa del huachicol fiscal.
• Estimaciones del volumen ilegal: millones de litros de combustible han ingresado ilegalmente o sacado de redes legales. En particular, en los casos desmantelados se habla de 10 millones de litros decomisados en uno de los operativos claves.

Nuevos hallazgos: marinos y empresarios implicados

De acuerdo con una investigación de Energy21, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con la UIF, la FGR, Hacienda y la Marina, desmanteló una red de 14 personas detenidas entre marinos, empresarios y exfuncionarios de Aduanas.

En marzo de 2025, las autoridades decomisaron 10 millones de litros de diésel en el puerto de Tampico, introducidos con documentación falsa que los hacía pasar por productos exentos de impuestos.

El caso evidenció no sólo la operación criminal en logística portuaria, sino también conexiones familiares dentro de la Marina, uso de empresas fachada y operaciones financieras inusuales que apuntan a un esquema de gran escala. Este golpe reciente refuerza la magnitud institucional del huachicol fiscal y muestra cómo se entrelazan estructuras militares y empresariales para sostener el contrabando de combustibles.

Problemas institucionales detectados

• Baja supervisión física en aduanas: sólo un pequeño porcentaje de pedimentos o embarques se inspeccionan físicamente.
• Militarización de aduanas y puertos: la Marina y el Ejército, supuestamente incorruptibles, tienen control sobre aduanas desde julio de 2020, lo que teóricamente buscaba frenar corrupción. SIn embargo, ciertos mandos de la Marina están entre los implicados.
• Presuntos pagos sin contrato: por ejemplo, la Sedena entregó $11,808,000 pesos a Ecocarburante, S.A. de C.V. sin contrato formal; esta empresa aparece implicada como parte de la red de huachicol fiscal.
• Muertes vinculadas: al menos un marino implicado fue encontrado sin vida (Abraham Jeremías Pérez Ramírez), lo que aumenta el nivel de gravedad, sospechas de encubrimiento, presiones y posibles amenazas.

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Intersección política, presupuestal y consecuencias

Paquete económico 2026 y gasto público

• El Paquete Económico para 2026 contempla endeudamiento público de más de 20 billones de pesos, equivalente al 52.3% del PIB estimado.
• Dentro de ese presupuesto Pemex recibiría más de 780 mil millones de pesos, de los cuales una parte significativa será destinada al pago de deuda.
• Críticas de la oposición apuntan a que este esquema sacrifica otros rubros (salud, educación, seguridad) y desplaza prioridades sociales hacia el rescate de Pemex.

Política de responsabilidad y acusaciones

• La administración de Claudia Sheinbaum apunta a responsabilizar mayormente a gobiernos anteriores (Calderón, Peña Nieto) por el endeudamiento heredado, uso de deuda cara, contratos problemáticos y malas gestiones. Este discurso se ha venido usando como parte de su narrativa de “cirugía mayor” financiera.
• La oposición exige claridad, prohibición de impunidad, sanciones proporcionales, transparencia en los contratos aduaneros y revisión de todas las cadenas de responsabilidad, incluyendo mandos medios y superiores.

Riesgos de gobernabilidad y reputacionales

• Que mandos militares (vicealmirantes, capitanes de navío, marinos en activo) estén implicados en redes de corrupción socava la confianza en instituciones clave de seguridad y control aduanal. La percepción ciudadana podría erosionarse.
• Las muertes de militares relacionados al caso (si bien algunos han sido descartados, otros siguen en investigación) intensifican la sospecha de encubrimiento o de riesgo para quienes denuncian.
• Agencia calificadora Fitch ya mejoró la calificación de Pemex tras ciertos anuncios; sin embargo ese avance podría revertirse si los mercados perciben inestabilidad, corrupción no sancionada, incumplimiento en metas de producción o mayores pasivos ocultos.

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4. Conclusiones investigativas

• No es sólo deuda: hay una dimensión criminal financiera creciente que implica malversación, fraude, complicidad institucional. Estos factores no sólo agravan la carga económica, sino que disminuyen la capacidad de respuesta del Estado.
• Necesidad de transparencia radical: que las investigaciones de la FGR sean públicas, documentadas, que se hagan accesibles los nombres, pistas, decisiones. Que se investigue todo el escalón de mando, no sólo los implicados visibles.
• Revisión de procedimientos aduaneros y portuarios: inspecciones físicas, tecnología de rastreo y seguimiento, auditoría constante, controles cruzados entre Aduanas, SAT, UIF, Marina, etc.
• Presión para rendir cuentas: presupuestalmente, la ciudadanía debería exigir que los recursos destinados al rescate y sostenimiento de Pemex no se pierdan en redes corruptas, contratos ilegales o evasión fiscal.
• Balance social: la deuda pública del Estado mexicano también impacta los impuestos futuros, servicios públicos, inflación. Si mucho del apoyo estatal va a financiar deudas viejas o cubrir fugas fiscales, eso repercutirá en otros sectores débiles.