El 1 de junio, México vivió una elección judicial hecha para suprimir los contrapesos y someter al Poder Judicial a una mayoría política sin límites ni control.
Una elección diseñada para desmantelar el equilibrio
El proceso judicial que borró la división de poderes en México
Por Guillermo Aguilera L.
2 de junio de 2025
El pasado 1 de junio no fue un ejercicio democrático: fue la consolidación de un sistema creado para eliminar los contrapesos que sostienen cualquier república funcional. Con apenas un 13% de participación ciudadana y múltiples denuncias de coacción, el proceso de elección de jueces no sólo fue una farsa electoral: fue un diseño calculado para capturar el Poder Judicial y colocarlo al servicio del poder político.
Participación mínima, concentración máxima
La cifra es elocuente: de los más de 99.7 millones de ciudadanos con derecho a votar, apenas 13 millones participaron. El 87% del padrón se abstuvo de legitimar una elección impuesta desde el Ejecutivo. Pero en vez de reconocer el rechazo popular, el gobierno lo usó a su favor (Claudia Sheinbaum lo describió, sin rubor, como “todo un éxito”): la ley no establece mínimos de participación, lo que convirtió una elección rechazada por la mayoría en un acto “válido” para controlar el sistema judicial.
Más que un error democrático, fue un mecanismo funcional: permitir que una minoría coaccionada simule una decisión colectiva que borra, de facto, el equilibrio entre poderes.
Votos inducidos, justicia sometida
Durante la jornada, abundaron los testimonios sobre prácticas de presión: desde “acordeones” con listas prediseñadas hasta instrucciones directas a trabajadores del Estado para votar por ciertos perfiles. La coacción no fue un efecto colateral: fue el método operativo central del sistema.
Un modelo autoritario en ropaje electoral
Lo sucedido recuerda lo que académicos como Levitsky y Ziblatt han descrito como “autoritarismo competitivo”: se usan mecanismos electorales para desmantelar la democracia desde dentro. Así lo hicieron Viktor Orbán en Hungría y Hugo Chávez en Venezuela. México, en 2025, ingresa a ese mismo club.
El objetivo no fue democratizar la justicia, sino someterla. Convertir a los jueces en operadores políticos bajo el mando de la mayoría legislativa. Sin independencia judicial, desaparece el último contrapeso real.
Una ley a la medida del poder
La operación fue legal, pero no legítima. El marco jurídico mexicano carece de umbrales de participación para elecciones de este tipo. En otro contexto, esto podría ser un instrumento de inclusión. Aquí fue la pieza clave para permitir que una minoría adoctrinada tome decisiones irreversibles para todo el país.
Con este precedente, el gobierno ya tiene la fórmula: cualquier cambio profundo, por impopular que sea, puede validarse si logra movilizar una fracción controlada del electorado.
El derrumbe de los contrapesos
A partir del 1 de junio, los tres poderes del Estado mexicano responderán a una sola lógica política. Ya no hay frenos ni equilibrios. Ya no hay Poder Judicial autónomo. Lo que queda es un aparato judicial subordinado, que legaliza decisiones en lugar de evaluarlas con criterios constitucionales.
Los nuevos jueces llevarán el estigma de su origen y, con ello, se compromete no solo su legitimidad, sino la de todo el sistema legal que encabecen.
México no vivió una reforma judicial: vivió la ejecución de un plan para eliminar los contrapesos que dan sentido a una república democrática. Lo que se instauró no es una nueva justicia, sino una estructura de control vertical.
Queda por ver si la sociedad civil, los organismos internacionales y las instituciones que aún conserven autonomía están dispuestas a actuar, o si seremos testigos del desmantelamiento total de los equilibrios que tanto costó construir.