
La imposición de aranceles del 25% por parte de Estados Unidos a las exportaciones mexicanas ha generado preocupación en diversos sectores económicos. Aunque la intención de imponer los aranceles ha sido anunciada, su aplicación efectiva aún está pendiente de confirmación oficial.
La calificadora Standard and Poor’s (S&P) advirtió que esta medida podría llevar a México a una recesión, señalando que “la implementación de aranceles del 25% sobre las exportaciones mexicanas llevaría a la economía mexicana a la recesión. Se espera que el principal contribuyente a esta recesión sea la exportación real de bienes y servicios, que se prevé que disminuya en 2025”.
El impacto inmediato se reflejaría en una disminución de las exportaciones, especialmente en sectores clave como el automotriz y el agrícola. Además, se anticipa un aumento en la tasa de desempleo y una reducción en la inversión privada en manufactura. La depreciación del peso frente al dólar es otra consecuencia prevista, con estimaciones que sitúan el tipo de cambio en 22.28 pesos por dólar para finales de 2025.
El presidente estadounidense, Donald Trump, justificó la imposición de estos aranceles como una medida para combatir la migración ilegal y el tráfico de drogas, principalmente el fentanilo. Sin embargo, expertos señalan que estas acciones podrían tener efectos contraproducentes, afectando no sólo a México, sino también a la economía estadounidense debido a la interdependencia comercial entre ambos países.
En respuesta, México está considerando la implementación de aranceles del 10% en una gama limitada de productos estadounidenses, específicamente metales y alimentos seleccionados. Esta situación podría desencadenar una guerra comercial, afectando las cadenas de suministro y elevando los precios para los consumidores en ambos lados de la frontera.
Analistas sugieren que, además de las afectaciones directas en el comercio, la economía mexicana podría enfrentar desafíos adicionales, como una desaceleración en el crecimiento de las remesas, lo que influiría negativamente en el consumo privado. Dado que más del 80% de las exportaciones mexicanas tienen como destino Estados Unidos, la imposición de estos aranceles representa un riesgo significativo para la estabilidad económica del país.
Las autoridades mexicanas han enfatizado la importancia del diálogo y la cooperación para resolver estas diferencias comerciales. Sin embargo, mientras la economía enfrenta una posible recesión, el gobierno parece más enfocado en proteger a las organizaciones criminales que operan en el país que en defender los intereses de los ciudadanos y empresarios afectados. En lugar de tomar medidas contundentes para mitigar el impacto de los aranceles o negociar una solución viable con Estados Unidos, las prioridades del gobierno siguen centradas en una estrategia de seguridad fallida que no ha logrado frenar la violencia ni el tráfico de drogas, factores que precisamente motivaron esta acción arancelaria por parte de la administración estadounidense.