Un estudio revela que apenas 500 proveedores concentran la mitad del gasto adjudicado en México; la IA busca ordenar un sistema opaco.
En México, competir por un contrato público no siempre empieza cuando aparece una licitación. Muchas veces, la verdadera carrera comienza antes: en el estudio de mercado, en la definición técnica, en los anexos, en los precios de referencia y en los requisitos que pueden abrir o cerrar la puerta a cientos de empresas.
Una investigación aplicada de Sergio Arturo Bárcena Juárez, profesor-investigador del Tecnológico de Monterrey, pone números a esa zona poco visible de la contratación pública mexicana. El estudio, desarrollado entre abril de 2023 y marzo de 2026, revisó registros históricos de CompraNet, datos abiertos gubernamentales, información de ComprasMX, INEGI, fuentes públicas complementarias y entrevistas con perfiles técnicos, gubernamentales y del sector proveedor.
El resultado describe un mercado con apariencia amplia, pero con una concentración profunda: de 286,669 proveedores registrados en CompraNet, sólo 500 concentran el 50% del presupuesto público adjudicado entre 2010 y 2024. Ese grupo representa apenas 0.17% del total nacional.
La concentración se vuelve todavía más marcada en la cúspide. Apenas 100 proveedores, equivalentes a 0.03% del universo registrado, retienen 30.8% de los montos contratados por el gobierno. Bajo una distribución proporcional equitativa, las 500 principales empresas concentran 288 veces más dinero del que les correspondería.
La lectura no implica, por sí misma, que esos contratos sean ilegales. Pero sí muestra un problema estructural: el acceso al mercado público no depende únicamente de que existan convocatorias disponibles, sino de que las condiciones reales permitan competir con información, tiempo, capacidades técnicas y costos razonables.
La paradoja de los contratos pequeños
El estudio también expone una paradoja burocrática. En 2023, la Administración Pública Federal registró 325,352 contratos de adquisiciones, arrendamientos y servicios. Las adjudicaciones directas representaron 81% del volumen de contratos, pero sólo 37% del monto. En cambio, las licitaciones públicas fueron apenas 14% de los contratos, aunque concentraron casi 60% del dinero.
Dicho de otro modo: el aparato administrativo procesa una enorme cantidad de contratos menores, mientras los montos más relevantes se concentran en menos procedimientos. En promedio, una licitación pública fue 9.4 veces mayor en monto que una adjudicación directa.
Esa diferencia es relevante porque el esfuerzo operativo no siempre se alinea con el impacto presupuestal. Equipos completos pueden pasar semanas armando expedientes, revisando papeles, integrando bases, atendiendo juntas de aclaraciones y preparando documentación, mientras el sistema mantiene registros incompletos o poco comparables.
La investigación identifica casos de fricción cotidiana que pueden sonar menores, pero terminan afectando la competencia: propuestas físicas de 500 a 600 hojas, costos técnicos estimados en 250 pesos por hoja, bases con precios que van de 800 a 8,000 pesos y descalificaciones por detalles formales, como firmar con tinta negra cuando la convocatoria pedía tinta azul.
También aparecen tiempos desbalanceados. Mientras algunos procesos internos pueden tardar semanas o meses —como estudios de mercado, suficiencias presupuestales o convenios de adhesión—, la etapa pública puede comprimirse a ventanas muy cortas para comprar bases, solicitar aclaraciones o preparar propuestas. Para una empresa grande, ese ritmo puede ser parte del costo normal de operar. Para una pyme o un proveedor independiente, puede ser la diferencia entre competir o quedarse fuera.
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La transparencia que no alcanza
Uno de los hallazgos centrales del análisis es que publicar información no equivale necesariamente a hacerla útil. La investigación detectó en la base histórica de CompraNet 349,557 contratos con la descripción “sin dato”, 5,340 sin proveedor identificado, 5,182 sin monto verificable y 1,473 con monto cero.
El problema no se limita al archivo histórico. En programas anuales de ComprasMX consultados entre 2021 y 2024, que suman 64,061 procedimientos planeados, 99.94% de los registros omitió incluir el monto estimado de la compra.
Sin montos, descripciones claras, proveedores identificables y expedientes trazables, la transparencia queda atrapada en una lógica formal: el dato existe, pero no necesariamente permite comparar, auditar, anticipar riesgos o mejorar decisiones.
Ahí aparece el concepto de “zona ciega” planteado por la investigación. Antes de que un contrato se firme, e incluso antes de que una licitación se publique, las instituciones definen qué comprarán, cómo estimarán precios, qué requisitos pedirán y bajo qué condiciones dejarán competir a los proveedores. Si esa etapa queda dispersa en archivos, anexos, PDFs y registros incompletos, el sistema puede cumplir con publicar documentos sin resolver el problema de fondo.
Tecnología con supervisión humana
Frente a ese diagnóstico, SmartLicit presentó una familia de soluciones inteligentes orientadas a ordenar oportunidades, precios, expedientes y trabajo legal con trazabilidad, evidencia y supervisión humana. La plataforma fue anunciada en el Campus Santa Fe del Tecnológico de Monterrey, en un contexto donde la conversación sobre compras públicas ya no gira sólo alrededor de abrir portales, sino de hacer que los datos puedan usarse.
La propuesta se divide en tres familias. La primera, Smart, está pensada para proveedores, pymes, emprendedores, despachos y abogados independientes que necesitan encontrar licitaciones, analizar bases, estructurar precios y monitorear expedientes. Incluye herramientas como Smart Tender, Smart Pricing, Smart File y Smart Lex.
La segunda, Gov, apunta a instituciones públicas. Su función es apoyar la estructuración de procedimientos, estudios de mercado, repositorios seguros, expedientes auditables y trabajo legal-documental interno. Incluye módulos como Tender Gov, Pricing Gov, File Gov y Lex Gov.
La tercera, Enterprise, se dirige a compradores privados y corporativos que gestionan concursos, RFQ, RFP, órdenes exprés, evaluación de proveedores y cumplimiento documental.
La capa común es eFile y eFile Verified, diseñada para ordenar documentación, vigencias, evidencia, razones sociales, permisos y trazabilidad. Según el planteamiento de la plataforma, la inteligencia artificial puede leer, clasificar, resumir, sugerir, alertar y calcular, pero no decide, no firma, no adjudica ni sustituye la responsabilidad jurídica, pública o profesional.
Esa precisión es importante. En contratación pública, una plataforma tecnológica puede reducir carga operativa, pero no debe convertir la automatización en una nueva caja negra. La supervisión humana sigue siendo indispensable porque detrás de cada expediente hay recursos públicos, responsabilidades legales y decisiones que afectan la competencia.
El reto: abrir el juego real
El estudio de Sergio Arturo Bárcena Juárez no plantea únicamente un problema tecnológico. Lo que muestra es una falla de diseño institucional: demasiados datos incompletos, demasiados expedientes difíciles de comparar y demasiadas barreras prácticas para quienes no tienen equipos especializados en licitaciones.
Por eso, el uso de inteligencia artificial en este terreno puede ser útil si se entiende como infraestructura de orden, no como atajo. La diferencia está en transformar documentos dispersos en evidencia verificable; precios aislados en escenarios comparables; expedientes frágiles en rutas auditables; y procesos opacos en decisiones mejor documentadas.
El riesgo sería presentar la tecnología como solución mágica. La concentración del gasto, las barreras de entrada y los vacíos de datos no desaparecen sólo con una plataforma. Requieren reglas claras, información completa, vigilancia pública, capacidades técnicas y voluntad institucional para que más empresas puedan competir en condiciones reales.
La oportunidad, sin embargo, sí es relevante. Si el mercado público mexicano quiere dejar de ser un embudo donde pocos proveedores concentran buena parte del dinero, necesita algo más que portales con archivos descargables. Necesita información usable, expedientes trazables y procesos que permitan distinguir entre cumplir el trámite y construir verdadera competencia.