Patrones cumplen cuotas y trabajadores pagan consultas, estudios y medicinas cuando la seguridad social no responde oportunamente.
La puntualidad opera en una sola dirección. Los patrones deben enterar las cuotas obrero-patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social antes del día 17 del mes siguiente; cuando incumplen, enfrentan actualizaciones, recargos, multas y procedimientos de cobro. Para los derechohabientes, en cambio, no existe una compensación automática cuando una consulta se demora, falta un medicamento o deben pagar atención privada.
Esa desigualdad quedó expuesta en una publicación de la cuenta en X de @garcipavon, quien relató que pagó $19,334 al IMSS por el personal de tienda, cocina y limpieza, además de $1,206 por el Impuesto Sobre Nóminas de la Ciudad de México. En total, desembolsó $20,540 antes de cubrir rentas, insumos, salarios y otros gastos del negocio.
La queja no cuestiona la obligación de asegurar a los trabajadores. Señala algo más profundo: aunque el patrón cumple, sus colaboradores recurren a consultorios de farmacias, laboratorios y médicos privados porque la atención institucional resulta lenta o insuficiente.
Cuotas obligatorias, servicio incierto
La Ley del Seguro Social establece que las cuotas obrero-patronales deben pagarse mensualmente. El IMSS puede determinar diferencias, imponer sanciones, cobrar recargos e iniciar procedimientos contra quien no cumpla. También puede exigir capitales constitutivos cuando una omisión patronal le genera gastos médicos.
El rigor recaudatorio tiene una justificación: la seguridad social necesita recursos para financiar atención médica, incapacidades, guarderías, pensiones y riesgos de trabajo. El problema comienza cuando esa capacidad para exigir no encuentra un equivalente en la calidad, oportunidad y trazabilidad del servicio.
En la Ciudad de México, además, el Impuesto Sobre Nóminas aumentó de 3 a 4% en 2025. La contribución se calcula sobre las remuneraciones pagadas por los empleadores. Para un micronegocio con márgenes reducidos, significa cubrir un gravamen adicional por mantener puestos formales. La autoridad capitalina ha señalado que el punto porcentual adicional se destina al Fondo de Infraestructura, Movilidad, Agua y Seguridad.
No todo el pago realizado al IMSS corresponde exclusivamente a consultas o medicamentos. Las cuotas financian varios seguros y prestaciones. Sin embargo, para el trabajador la atención médica constituye la manifestación más visible del sistema. Cuando debe buscarla fuera, percibe que paga dos veces: mediante las aportaciones descontadas de su salario y después directamente en un consultorio, laboratorio o farmacia.
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Derechohabientes buscan atención privada
La experiencia narrada por @garcipavon coincide con un fenómeno nacional: tener seguridad social no garantiza que las personas utilicen los servicios de la institución a la que están afiliadas.
El Instituto Nacional de Salud Pública ha documentado que una proporción importante de quienes acuden a consultorios adyacentes a farmacias cuenta con afiliación a una institución pública. Esos pacientes enfrentan un gasto de bolsillo mayor y suelen recibir más medicamentos que quienes utilizan otros proveedores.
En 2024, el gasto directo de los hogares mexicanos en salud alcanzó un promedio anual de $6,421. La cifra aumentó 7.9% en términos reales respecto de 2022, según un análisis del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria basado en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares.
Este desembolso incluye consultas, estudios, hospitalización y medicamentos. No todo puede atribuirse al IMSS, pues abarca hogares con diferentes condiciones de afiliación. No obstante, muestra que el sistema público no evita que millones de familias destinen parte de sus ingresos a resolver necesidades médicas por su cuenta.
El desabasto que puede no contarse
En la Unidad de Medicina Familiar 120, en Iztapalapa, derechohabientes consultados para esta nota reportaron que llevan meses sin recibir ácido acetilsalicílico, conocido como aspirina. Otro paciente aseguró que no pudo surtir ninguno de los tres medicamentos indicados en su receta.
El aspecto más delicado no es sólo la falta de existencias. Los testimonios señalan que la farmacia no siempre marca la receta como no surtida. En su lugar, pide al paciente que regrese en días posteriores. El derechohabiente vuelve varias veces, gasta en transporte y pierde tiempo sin recibir el tratamiento.
Cuando comienza el siguiente periodo mensual, el médico expide otra receta. Así, la anterior puede desaparecer del seguimiento sin que el medicamento haya sido entregado ni registrado formalmente como pendiente.
No existen elementos suficientes para afirmar que esta práctica ocurra en todas las unidades del IMSS. Sin embargo, los casos plantean una debilidad metodológica: las estadísticas institucionales pueden medir lo capturado en los sistemas, pero no todos los intentos fallidos que viven los pacientes.
Millones de piezas no prueban acceso
El IMSS informó en marzo de 2026 que había surtido más de 371 millones de piezas de medicamentos durante los seis meses anteriores. También indicó que 94% de las recetas se emitía electrónicamente. Son datos relevantes para conocer el volumen logístico, pero no permiten concluir por sí solos que cada paciente recibió oportunamente todo lo prescrito.
Contar piezas distribuidas no equivale a contar tratamientos completos. Una receta puede incluir tres medicamentos y entregarse sólo uno. También puede quedar fuera del registro cuando el paciente recibe la instrucción verbal de regresar, no obtiene un sello o termina comprando el producto.
El propio gobierno federal lanzó en noviembre de 2024 la plataforma Receta Completa para que los pacientes reportaran medicamentos no entregados por el IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar. Su creación constituye un reconocimiento oficial de que los sistemas internos no bastaban para detectar o resolver todos los faltantes.
Entre noviembre de 2024 y octubre de 2025, el IMSS recibió 21,229 reportes mediante esa plataforma. De ellos, 9,981 habían concluido con la entrega del producto, equivalentes a 47%. El resto continuaba abierto o no había terminado con el surtimiento registrado.
La cifra también puede quedarse corta. Para reportar, el paciente debe conocer la plataforma, conservar los datos de la receta, tener acceso digital y dedicar tiempo a capturar el caso. Si la farmacia no deja constancia clara del faltante, la reclamación se vuelve todavía más difícil.
El IMSS admite esperas prolongadas
El problema tampoco se limita a las medicinas. En su Programa Institucional 2025-2030, el propio Instituto reconoce que los tiempos de espera prolongados pueden agravar enfermedades, aumentar complicaciones, deteriorar la confianza y elevar los costos para pacientes y familias.
Al mismo tiempo, el IMSS reportó que durante 2025 realizó 104 millones de consultas de medicina familiar, incrementó 22% las consultas de especialidad y efectuó 1.78 millones de cirugías. El aumento de productividad demuestra que existe una operación de enorme escala, pero los totales nacionales tampoco describen cuánto espera cada paciente ni cuántas veces debe regresar.
Ambas realidades pueden coexistir: el Instituto atiende millones de casos y, al mismo tiempo, mantiene unidades saturadas, especialidades con demoras y farmacias con faltantes. La discusión no debe reducirse a afirmar que el IMSS “no hace nada”, pero tampoco a presentar cifras agregadas como prueba de atención satisfactoria.
Si un derechohabiente debe reportar personalmente que no recibió un medicamento, ¿cuántos casos quedan fuera de las estadísticas porque el paciente no conoce la plataforma, no tiene acceso a internet o simplemente desiste después de regresar varias veces a la farmacia?
Sí se puede reclamar, pero cuesta
La afirmación de que “nadie puede demandar al IMSS” no es jurídicamente correcta. Los derechohabientes pueden presentar quejas ante el Instituto, acudir al Órgano Interno de Control, solicitar intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promover procedimientos por responsabilidad patrimonial o recurrir al juicio de amparo, según el caso.
La CNDH ha emitido numerosas recomendaciones contra el IMSS por atención inadecuada, omisiones, dilaciones y violaciones al derecho a la salud. En enero de 2025, por ejemplo, documentó dos casos en hospitales de Ciudad de México y Jalisco donde las demoras y omisiones contribuyeron al fallecimiento de pacientes.
El problema es práctico: reclamar requiere documentación, tiempo, conocimientos y, en algunas vías, asesoría jurídica. Una multa patronal puede generarse de manera automatizada, mientras que el paciente debe demostrar que no recibió atención o que la demora le causó un daño.
No existe una devolución inmediata de cuotas porque una receta quedó incompleta. Tampoco hay una indemnización automática por las horas perdidas al regresar a la farmacia. Esa asimetría explica buena parte del enojo: el incumplimiento del patrón tiene fecha, monto y sanción; el del servicio médico puede quedar reducido a una experiencia difícil de probar.
Negocios entre formalidad y supervivencia
El testimonio también expone una tensión económica. Pedir que las empresas formalicen empleos es indispensable para proteger a los trabajadores, pero la formalidad pierde legitimidad cuando sus beneficios no resultan visibles.
Un negocio no puede fijar el precio de un huevo o de cualquier producto considerando sólo su costo de compra. Debe incorporar renta, electricidad, agua, mermas, salarios, cuotas, impuestos, vacaciones, aguinaldo, reparto de utilidades y posibles indemnizaciones. Si las ventas caen, esos compromisos permanecen.
Esto no significa que las cuotas del IMSS o las liquidaciones sean cargas prescindibles. Son derechos laborales. La crítica válida es que el Estado exige al pequeño empleador financiar un sistema que, en determinados casos, obliga al trabajador a gastar nuevamente para obtener consultas, estudios o medicamentos.
El resultado perjudica a ambos. El patrón percibe que la contratación formal se vuelve demasiado costosa y el empleado descubre que su afiliación no siempre resuelve sus necesidades médicas inmediatas.
La transparencia debe llegar a la clínica
Para recuperar confianza, el IMSS necesita publicar indicadores más detallados por unidad: recetas completas, parciales y no surtidas; días transcurridos hasta la entrega; medicamentos con faltantes; citas disponibles; tiempos reales para especialidades y estudios; quejas recibidas y resolución.
También debería registrar cada intento fallido de surtimiento, aunque el paciente no presente una denuncia digital. Pedirle que vuelva sin generar un folio traslada la carga de la falla a quien necesita el tratamiento y reduce la visibilidad estadística del problema.
La frase clave no es cuántas piezas mueve el Instituto, sino cuántos pacientes reciben a tiempo el tratamiento completo que les fue prescrito. Mientras esa información no pueda auditarse desde cada farmacia y unidad médica, la posición oficial del IMSS deberá contrastarse con expedientes, testimonios y resultados verificables.
El patrón debe pagar puntualmente. El derechohabiente también debería recibir puntualmente. Sin esa reciprocidad, las cuotas del IMSS corren el riesgo de percibirse no como protección social, sino como una obligación que termina acompañada por otra factura en el consultorio privado.