El Programa Sectorial de Energía apuesta por petróleo y gas mientras promete transición. Expertos advierten riesgos financieros y dependencia externa persistente.
Programa obligatorio con alcances limitados
El Programa Sectorial de Energía de México, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre de 2025, establece las directrices que deberán seguir todas las dependencias de la Administración Pública Federal hasta 2030. Su cumplimiento es obligatorio y su ejecución estará supervisada por la Secretaría de Energía, Hacienda y las instancias de control gubernamental, bajo los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Para Ramses Pech, analista energético y director de Grupo Caraiva, el diseño del programa revela una planeación acotada al corto plazo. Al tratarse de un decreto con vigencia limitada, México queda desalineado de la tendencia internacional, donde la política energética se proyecta a horizontes de 20 o 30 años, incluso en países que mantienen una fuerte explotación de combustibles fósiles.
Petróleo: estabilidad productiva, no expansión
El programa plantea mantener la producción de petróleo por encima de 1.6 millones de barriles diarios y alcanzar 1.8 millones durante el sexenio. Petróleos Mexicanos aportaría hasta el 86% de ese volumen en 2026, mientras que los proyectos de desarrollo mixto podrían representar el 25% de la producción nacional hacia 2033.
Según Ramses Pech, esta meta no implica un crecimiento estructural, sino una estrategia de contención para evitar una caída mayor en la producción. El énfasis está puesto en procesar el crudo dentro del país, alimentar el Sistema Nacional de Refinación y sostener la autosuficiencia en gasolinas y diésel, más que en competir en el mercado internacional.
Gas natural: la vulnerabilidad que no se resuelve
Uno de los puntos más críticos del programa es la dependencia del gas natural importado. México obtiene la mayor parte de este energético de un solo país, a pesar de que el gas representa alrededor del 65% del combustible utilizado para generar electricidad.
El objetivo oficial busca elevar la producción nacional a 5 mil millones de pies cúbicos diarios para reducir en 20% la dependencia externa. Sin embargo, Pech advierte que el documento no detalla cómo se logrará esa meta ni con qué nivel de inversión, lo que mantiene intacta una vulnerabilidad estratégica para la seguridad energética del país.
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Transición energética: avances, pero insuficientes
Aunque el programa reconoce avances en energías limpias —particularmente eólica y solar—, éstas apenas representaron el 24.32% de la generación total en 2024, lejos de la meta del 35%. El gas natural se consolida así como el principal “combustible de transición”, desplazando al carbón y al combustóleo, pero sin romper la lógica fósil del sistema energético.
La capacidad instalada de la Comisión Federal de Electricidad sigue dominada por centrales térmicas, con más de 30,000 MW, frente a una participación menor de fuentes renovables. La apuesta gubernamental se concentra en la rehabilitación hidroeléctrica y en nuevas centrales de ciclo combinado que entrarán en operación entre 2025 y 2027.
Inversión pública, riesgo financiero
El programa prevé que el presupuesto conjunto de Pemex y CFE ronde un billón de pesos en 2026 y pueda duplicarse hacia 2030. Para Ramses Pech, esta concentración de recursos plantea una interrogante central: si el Estado debe asumir todo el riesgo financiero del sector energético o permitir una participación privada más clara y estructurada.
El documento tampoco establece una ruta para reducir el consumo de gasolinas y diésel en el transporte, pese a que más del 80% del crudo refinado termina en un mercado que mueve entre 4 y 5 billones de pesos anuales. Esta omisión, señala el analista, contradice el discurso de transición energética y posterga decisiones clave sobre movilidad y consumo.
Un modelo que prioriza estabilidad, no transformación
En su balance final, Pech subraya que México ha optado por una política energética de estabilidad operativa, enfocada en garantizar el abasto y el funcionamiento del mercado, más que en impulsar una transformación profunda. El país mantiene su dependencia de los combustibles fósiles mientras enfrenta el reto de financiar la transición sin comprometer la viabilidad de sus empresas estatales.