A partir de un hilo en X (Twitter) del periodista Isaack de Loza, un conflicto en Tequila, Jalisco, mostró cómo un procedimiento municipal escaló hasta Palacio Nacional tras una llamada directa, detonó una intervención presidencial, exhibió redes de influencia y reabrió el debate sobre el poder local, las empresas y las reglas claras.
Un conflicto que no era sólo municipal
Lo que inició como un procedimiento administrativo en el municipio de Tequila, Jalisco, terminó convertido en un asunto de alcance presidencial. La clausura de la planta 1800 de la empresa José Cuervo, ordenada por el Ayuntamiento, detonó una crisis política que exhibió tensiones entre poder local, empresas emblemáticas y el discurso de reglas claras del nuevo gobierno federal.
El Ayuntamiento, encabezado por el alcalde morenista Diego Rivera Navarro, justificó la clausura por presuntos adeudos en impuesto predial, licencias y urbanización. La empresa respondió que los cobros habían escalado de manera irregular y que el procedimiento comenzaba a parecer una forma de presión indebida.
Hasta ahí, el conflicto se mantenía dentro del terreno municipal. Pero sólo por unas horas.
El telefonazo que cambió el rumbo
Según el hilo publicado por el periodista Isaack de Loza, el punto de quiebre no fue una vía institucional, sino una llamada directa. Juan Domingo Beckmann, CEO de José Cuervo, habría contactado a Altagracia Gómez Sierra, asesora empresarial más cercana a la Presidenta Claudia Sheinbaum e integrante, desde noviembre de 2024, del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización de Empresas.
Ese canal personal —y no una gestión formal ante dependencias federales— activó la atención de Palacio Nacional. A partir de ahí, la maquinaria federal se puso en marcha para evitar que el conflicto creciera y se convirtiera en una crisis mayor.
Gobernación entra en escena
Desde Presidencia se solicitó un informe y se instruyó a la Secretaría de Gobernación a intervenir. La encomienda recayó en el subsecretario César Yáñez, quien se comunicó directamente con el alcalde de Tequila para exigirle bajar el tono del enfrentamiento y aceptar una mesa de diálogo con la empresa, el Gobierno estatal y la Federación.
El mensaje fue claro: el conflicto debía resolverse por la vía política antes de escalar. La presión surtió efecto. Días después, Diego Rivera Navarro difundió un video en el que aseguró que “al final llegamos a un punto de entendimiento”, agradeciendo —sin decirlo abiertamente— a quienes lo disciplinaron en privado y se presentaron como mediadores en público.
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Sí había adeudos, pero no era sólo eso
El desenlace incluyó un compromiso de José Cuervo para cubrir los adeudos existentes. El propio Isaack de Loza subraya un punto clave: la empresa sí tenía pendientes fiscales, lo que desmonta la narrativa de una clausura completamente arbitraria.
Sin embargo, el fondo del conflicto no estaba únicamente en la existencia de adeudos, sino en la forma en que el Ayuntamiento ejerció su poder. Tequila arrastra señalamientos previos por clausuras discrecionales, cobros indebidos y presiones al sector empresarial, prácticas que han generado un ambiente de incertidumbre jurídica.
El gobernador sube el tono
El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, aprovechó el episodio para lanzar acusaciones más graves. Señaló que durante la clausura se ordenó apagar calderas sin protocolos adecuados, lo que pudo haber provocado una explosión similar a la ocurrida en julio pasado, donde murieron cinco personas.
Además, reveló que existen al menos 10 denuncias ante la Fiscalía estatal contra el Ayuntamiento de Tequila por un patrón reiterado: clausurar establecimientos y, posteriormente, exigir pagos para reabrir. La denuncia de José Cuervo, dijo, no es ni la primera ni la única.
Un patrón de abusos y opacidad
El hilo del periodista también describe un contexto más amplio en el municipio: uso irregular de la fuerza pública, abusos de la Policía Municipal, agresiones a periodistas y una gestión marcada por la opacidad.
A ello se suma un expediente pendiente sobre la remodelación irregular del Museo Nacional del Tequila, que el alcalde habría intentado convertir en su casa y oficina. La nueva Fiscalía General de la República tendría motivos suficientes para desempolvar esas carpetas.
El mensajero también bajo la lupa
En paralelo al estallido del conflicto, ocurrió un hecho que llamó la atención de lectores y colegas: el vínculo del periodista Isaack de Loza como autor en UDGTV —donde ha colaborado— dejó de funcionar y conduce a un error 404.
El fallo técnico coincidió temporalmente con su anuncio público de que perdió su espacio como columnista en El Informador y con la publicación de este hilo crítico. No existe explicación oficial, pero el error añade un elemento simbólico a un episodio donde el mensajero también terminó en el foco.
El fondo del vaso: poder y disciplina
Para Isaack de Loza, el caso Tequila revela una contradicción de fondo. Por un lado, una empresa poderosa que activa una línea directa con el círculo presidencial; por el otro, un alcalde que ejerce el poder local con discrecionalidad hasta que la orden llega desde arriba.
El discurso de la llamada Cuarta Transformación habla de reglas claras, transparencia y certeza jurídica. Lo ocurrido en Tequila muestra otra cosa: intervención por canales informales, disciplina política y un municipio convertido en laboratorio de excesos.
Hoy, Tequila no es sólo un Pueblo Mágico bajo observación. Es un recordatorio de que, en México, el poder económico y el político siguen encontrándose lejos de los procedimientos institucionales que el discurso oficial promete.