Denuncian que la DGP, bajo la SEP liderada por Mario Delgado, impone exigencias ilegales, bloqueos del MET y etapas administrativas que paralizan la titulación universitaria.
La “Jornada Nacional de Actualización” como motor de presión
En los últimos meses, decenas de Instituciones de Educación Superior (IES) han levantado la voz ante lo que califican como acoso administrativo por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Aseguran que la Dirección General de Profesiones (DGP), dirigida por José Omar Sánchez Molina, ha rebasado sus facultades legales y sometido a las instituciones a exigencias burocráticas sin sustento normativo.
El origen del conflicto se ubica en la llamada “Jornada Nacional de Actualización”, presentada como un ejercicio de revisión de títulos universitarios. No obstante, las denuncias sostienen que ese esquema se transformó en una campaña de presión masiva a universidades privadas. Las IES recibieron requerimientos para entregar digitalmente el 100 % de los expedientes de egresados, incluidos los de décadas pasadas (años 60, 70, 80, 90), en plazos de apenas 5 a 10 días hábiles. Un mandato considerado imposible para instituciones que en esas épocas solo contaban con archivos físicos.
Fechas manipuladas, oficios contradictorios y amenazas disfrazadas
Los oficios enviados por la DGP han mostrado irregularidades sistemáticas: algunas misivas tienen fechas retroactivas o vencidas; en otros casos, el correo anunciado indica un plazo de 10 días, pero el documento anexo exige respuesta en 5 días. En ciertos casos, la notificación llega después de vencido el plazo.
Si la institución logra responder, incluso así puede recibir nuevos requerimientos o advertencias de bloqueo de su cuenta en el Módulo Electrónico de Títulos (MET), bajo el argumento de que “no respondió” o que los datos están “incompletos”. Esta medida ha generado un clima de incertidumbre y sobrecarga operativa, impidiendo la titulación de estudiantes que dependen de esos documentos.
En los oficios emitidos, luego de amenazar con la suspensión del MET, se agrega la frase de que “conforme a derecho resulte procedente, se les otorgará la audiencia correspondiente”. Este giro formal —firmado por Israel Jerónimo López, director de Autorización y Registro Profesional en la DGP— ha sido interpretado por universidades como doble discurso institucional: primero paralizan los trámites y luego ofrecen un diálogo tardío, condicionado y sin efectos tangibles.
Cambios unilaterales, ausencia de normatividad y funciones fuera de competencia
Desde marzo de 2025, la DGP ha implementado modificaciones en sus procesos administrativos sin publicarlas formalmente ni incorporarlas a su manual interno. Los nuevos formatos (“layouts”) se comunicaron informalmente, incluso vía WhatsApp, sin capacitación ni circular oficial. Al mismo tiempo, el trámite presencial fue eliminado sin aviso, sustituido por mecanismos digitales informales (envío de correos y oficios) sin registro de seguimiento ni trazabilidad institucional.
Las universidades denuncian que la DGP ha comenzado a actuar como un órgano de supervisión académica, revisando cargas crediticias, mapas curriculares y solicitando constancias estructurales como planos o uso de suelo, tareas que corresponderían a la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación (DGAIR). En algunos casos, la DGP ha negado el registro de programas académicos previamente avalados por la DGAIR, en una clara extralimitación de atribuciones.
Desde abril, la plataforma oficial para actualizar datos institucionales permanece inactiva, impidiendo corregir errores, cambiar correos de contacto o subsanar inconsistencias. Los oficios continúan enviándose a direcciones inactivas, lo que se usa como justificación para sancionar a las IES.
Impacto institucional y en los estudiantes
Para las universidades, estas medidas han creado un ambiente de hostigamiento institucional: “Las escuelas se sienten sorprendidas, asustadas, inciertas, tristes, enojadas, impotentes… hicieron un gran esfuerzo para entregar TODO ESCANEADO como se los pedían … y aun así reciben la amenaza del exhorto”, relató el representante de una de las instituciones afectadas.
En el otro extremo, miles de estudiantes en proceso de titulación permanecen en espera, sin poder acceder a su cédula profesional. Las IES enfrentan costos crecientes —por personal dedicado a digitalización y reordenamiento documental— y el clima de hostigamiento amenaza su estabilidad operativa y reputación en el panorama educativo mexicano.
Demandas y escenario de confrontación
Las instituciones denuncian que el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, ha permitido esta escalada de abusos al no frenar la actuación discrecional de la DGP. Exigen una intervención urgente para:
- Detener las prácticas irregulares.
- Reabrir la plataforma MET.
- Restablecer procedimientos formales con trazabilidad institucional.
- Revisar la actuación de José Omar Sánchez Molina y su equipo, en especial Israel Jerónimo López, para prevenir un colapso institucional del sistema de educación superior particular.
Hasta el cierre de esta edición, no se ha emitido posicionamiento oficial de la SEP ni de la DGP sobre estas acusaciones.