Exatletas como Ana Guevara y Cuauhtémoc Blanco llegaron al poder con prestigio deportivo y hoy arrastran auditorías, denuncias y un deporte en crisis.
Cuando la gloria deportiva se convierte en capital político
En México, la medalla olímpica se ha vuelto también un capital político. Exatletas convertidos en funcionarios prometen pasión, disciplina y juego limpio; pero, al llegar al poder, una y otra vez aparecen las mismas constantes: opacidad, redes clientelares y presupuestos que no terminan en canchas ni piscinas, sino en expedientes de auditoría.
Los casos de Ana Gabriela Guevara, Rommel Pacheco y Cuauhtémoc Blanco resumen un fenómeno incómodo: la fama deportiva puede blindar, durante un tiempo, administraciones señaladas por desvíos, contratos irregulares y decisiones que dejan a miles de atletas con becas recortadas, ciclos olímpicos en riesgo y programas de deporte social en caída libre.
Mientras tanto, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) acumula observaciones multimillonarias en el sector y ha presentado tres denuncias penales contra la gestión de Guevara en la CONADE por presuntos sobornos, moches y contratos simulados por más de 60 millones de pesos. Por otro lado, el gobierno de Blanco en Morelos arrastra contratos de medicinas y servicios no entregados por al menos 323 millones de pesos y un universo de irregularidades que supera los 3,000 millones, según informes de la propia ASF.
Este reportaje revisa qué prometieron, qué hicieron y cómo sus decisiones se sienten hoy en los bolsillos —y en las pistas— del deporte mexicano.
Ana Gabriela Guevara: la velocista que terminó en la pista equivocada
Antes de la política, Ana Gabriela Guevara era un símbolo de orgullo nacional: plata olímpica en Atenas 2004, campeona mundial y referente del atletismo mexicano. Su salto a la arena pública llegó primero como senadora y, a partir de 2018, como directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), cargo que ocupó hasta 2024.
Lo que inició como la promesa de una gestión “por y para los atletas” terminó convertido en uno de los expedientes de corrupción más pesados del sexenio anterior: la ASF ha presentado tres denuncias ante la Fiscalía General de la República por presuntos sobornos, cobro de moches y contratos simulados relacionados con programas de la CONADE en 2019 y años posteriores, con un daño patrimonial que supera los 60 millones de pesos. Diversos análisis colocan a la CONADE, bajo su mando, como la institución federal con más irregularidades detectadas después de Segalmex.
A esa presión institucional se sumaron las protestas públicas. Atletas de natación artística y otras disciplinas denunciaron recortes de becas, falta de pago de apoyos y obstáculos para competir; videos en redes sociales y conferencias improvisadas frente a cámaras se convirtieron en el escaparate de un enojo acumulado durante años.
Una velocista, en un video que se volvió viral en TikTok en 2025, resumió el sentimiento: Guevara pasó de denunciar corrupción en su etapa de atleta a encabezar una CONADE a la que se acusa de dejar sin respaldo a quienes buscaban clasificar a París 2024. El reclamo es directo: “Nos prometieron que nunca más faltarían recursos; lo que llegaron fueron recortes y trámites que nos sacaron del carril”.
El costo no es sólo moral. Recortes a federaciones, fricciones con el Comité Olímpico Mexicano y el cierre del FODEPAR golpearon el sistema de alto rendimiento y dejaron becas y concentraciones en el aire. Organizaciones civiles especializadas en gasto público han documentado cómo, en los últimos años, la inversión en deporte se ha rezagado frente a otras prioridades federales y cómo los programas se concentran en pocos rubros, dejando desatendidos al deporte social y a las estructuras estatales.
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Rommel Pacheco: el clavadista que hereda un lodazal
Tras retirarse como uno de los clavadistas más consistentes de México, Rommel Pacheco dio el salto a la política: primero como diputado federal y, desde 2024, como titular de la CONADE en el gobierno de Claudia Sheinbaum. Llegó al cargo prometiendo “recuperar la confianza” y poner de nuevo a los atletas en el centro de las decisiones.
En el papel, Pacheco tiene más margen presupuestal que su antecesora. Para 2025, la CONADE recibió alrededor de 2,633 millones de pesos, una cifra similar a la de 2024, con la promesa oficial de que “la mayor parte irá a becas, viajes y equipo para alto rendimiento”. Sin embargo, el Proyecto de Presupuesto de Egresos también contempló un recorte global al deporte de unos 387 millones de pesos, afectando bachilleratos deportivos y otros programas de base.
Ese desequilibrio se refleja en el terreno. Atletas que arrastran adeudos desde 2023 siguen reclamando pagos de becas; federaciones señalan que los “ajustes administrativos” retrasan concentraciones y calendarios de competencia. Mientras tanto, la nueva administración enfrenta la presión de limpiar la casa sin dejar de financiar un ciclo que apunta hacia Los Ángeles 2028.
Activistas como la exgimnasta Teresa Alonso han cuestionado que la agenda de Pacheco se concentre en su imagen pública y poco en problemas estructurales como el acoso sexual y la violencia dentro del deporte. A la par, deportistas de élite como Paola Longoria advierten que los recortes y la incertidumbre presupuestal “pegan primero y más fuerte” en los atletas de base, que pierden torneos, fogueo y entrenadores especializados.
Desde la tribuna mediática, Pacheco insiste en que la prioridad es “ordenar” lo que dejó la administración anterior: revisar contratos observados, renegociar deudas y rediseñar las reglas de operación del Programa de Cultura Física y Deporte. Pero, mientras los expedientes avanzan, la realidad para muchos atletas sigue siendo la misma: becas congeladas, viajes autofinanciados y la sensación de que el nuevo gobierno sólo cambió de rostro al frente de un modelo que ya venía agotado.
Cuauhtémoc Blanco: el ídolo que dejó Morelos en números rojos
Pocos nombres despiertan tanta devoción futbolera como el de Cuauhtémoc Blanco. El exdelantero del América y de la selección nacional llegó a la gubernatura de Morelos envuelto en esa fama, presentándose como un outsider capaz de “poner orden” donde la clase política había fallado.
Seis años después, los números no respaldan el relato. Informes de la ASF y denuncias presentadas por la actual administración estatal documentan irregularidades por miles de millones de pesos durante su gobierno, en áreas que van desde la infraestructura hasta la salud. Un reportaje reciente detalla que la ASF ha observado 3,269 millones de pesos en la gestión de Blanco entre 2019 y 2023, en rubros como medicinas, obras públicas y programas sociales.
Parte de ese entramado incluye contratos por al menos 323 millones de pesos para la compra de medicinas y servicios médicos que no se entregaron, con empresas vinculadas a actores políticos locales. La combinación de violencia al alza, obras inconclusas y hospitales sin insumos deja un saldo que va más allá de las cifras: comunidades con canchas abandonadas, unidades deportivas a medio construir y entrenadores que vieron desaparecer apoyos para ligas juveniles.
Entrenadores y promotores deportivos en Morelos describen una década perdida: gimnasios en ruinas, campos sin mantenimiento y programas de detección de talento que se quedaron sin recursos. La promesa de que un exfutbolista “entendería mejor” el valor social del deporte se diluyó entre fiestas, escándalos y auditorías que hoy se empujan en tribunales donde Blanco llega con fuero legislativo.
Otros nombres en la boleta: entre ausencias y escándalos
No todos los exdeportistas metidos a la política encabezan grandes dependencias, pero varios han protagonizado polémicas que ponen en cuestión la idea de que la disciplina deportiva se traduce automáticamente en buen gobierno.
La clavadista Paola Espinosa, medallista olímpica y hoy diputada federal, se mueve entre su agenda de igualdad de género y la crítica de colegas que la acusan de ausencias reiteradas en debates clave sobre deporte y de impulsar, desde su posición, esquemas poco claros de apoyo a academias privadas. Su trayectoria política apenas comienza y, a diferencia de otros casos, no enfrenta hoy denuncias formales por corrupción; pero su desempeño refleja la tensión entre la imagen de “referente olímpico” y la obligación de rendir cuentas como legisladora.
El boxeador Erik “El Terrible” Morales, cuatro veces campeón del mundo, transitó por el Congreso y cargos locales en Baja California. En 2025 fue destituido como secretario de Bienestar del Ayuntamiento de Tijuana tras una denuncia por presunto intento de violación, y enfrenta procesos por delitos sexuales ante la fiscalía estatal. Aunque la investigación se centra en violencia de género y no en desvíos, el caso ilustra cómo la falta de controles internos y de perspectiva de derechos impacta directamente la credibilidad de funcionarios que llegaron al poder bajo el sello de “héroes deportivos”.
La boxeadora Jackie Nava, “La Princesa Azteca”, ha construido una imagen distinta: diputada, impulsora de reformas en contra de la violencia de género y promotora del deporte femenino. Aun así, su nombre aparece en debates locales sobre reasignaciones presupuestales que afectaron programas deportivos en Baja California, recordando que incluso los perfiles mejor valorados deben explicar a quién priorizan cuando se reparte un presupuesto limitado.
El costo acumulado: más de 1,500 millones bajo sospecha
Si se suman los montos observados por la ASF en la gestión de Guevara —más de 60 millones en sobornos, moches y contratos simulados— y los contratos de medicinas y servicios no entregados durante el gobierno de Blanco en Morelos, por al menos 323 millones de pesos, el universo de recursos bajo sospecha crece con rapidez.
A eso se agregan otras irregularidades documentadas en el sector deportivo a lo largo del sexenio anterior: recortes discrecionales, transferencias mal justificadas, programas duplicados o sin evaluación y contratos con empresas sin experiencia real. Organizaciones independientes que analizan el Presupuesto de Egresos advierten que, entre observaciones, sobreprecios y servicios no prestados en áreas vinculadas a cultura física y deporte, se llega con facilidad a montos que superan los 1,500 millones de pesos bajo sospecha, considerando expedientes federales y estatales.
La paradoja es brutal: mientras el discurso oficial presume más medallas, récords y “apoyo histórico” al deporte, las historias que llegan desde la base hablan de atletas que rifan uniformes para financiar viajes, selecciones juveniles sin viáticos y ligas comunitarias que se sostienen con cooperación de padres y madres de familia.
Voces desde la línea de salida
En este mapa de exdeportistas en el poder, las voces más incómodas son las de quienes se quedaron atrás. Una arquera de alto rendimiento, como Alejandra Valencia, ha reclamado públicamente la falta de certidumbre en becas y apoyos rumbo a competencias internacionales. Atletas acuáticos recuerdan que, mientras la CONADE protagonizaba disputas públicas, ellos entrenaban con equipo caducado o autofinanciando sus preparaciones.
Activistas como Teresa Alonso denuncian que la violencia y el acoso sexual en el deporte siguen relegados a comunicados, y que las autoridades deportivas —antes con Guevara, ahora con Pacheco— no han asumido el tema como prioridad real. En redes sociales, usuarios condensan esa frustración al acusar que la corrupción y las trabas burocráticas siguen bloqueando plazas, procesos de selección y oportunidades de competir.
El mensaje de fondo es claro: la mezcla de fama deportiva y poder sin contrapesos produce un terreno fértil para el abuso de recursos y la impunidad. El país necesita políticas deportivas con métricas, controles y transparencia; no más gestiones que confíen en que una medalla olímpica basta para administrar miles de millones de pesos sin supervisión.
¿Puede romperse el ciclo?
La pregunta que atraviesa estos casos es simple y incómoda: ¿puede un exatleta gobernar el deporte sin repetir el patrón de improvisación, lealtades políticas y opacidad? La respuesta no depende de su número de medallas, sino de algo menos espectacular y más aburrido: sistemas de compras públicas con reglas claras, auditorías abiertas, participación de atletas en la toma de decisiones y sanciones efectivas cuando se desvían recursos.
Mientras figuras como Rommel Pacheco presumen reorganizaciones internas y el nuevo gobierno federal promete reglas de operación más estrictas, el calendario olímpico no espera y las generaciones que hoy entrenan en canchas improvisadas seguirán cargando con los costos de las decisiones tomadas en escritorios muy lejos de sus pistas y albercas.
En nuestro país, donde el deporte es también refugio social frente a la violencia, la impunidad en el manejo de sus recursos no es sólo un problema administrativo: es un ataque directo a uno de los pocos espacios donde niñas, niños y jóvenes pueden imaginarse un futuro distinto.