La jurista Ana Laura Magaloni advierte cómo la reforma a la Ley de Amparo diseñada por el Legislativo busca limitar facultades autónomas de jueces frente al poder.
Quién es Ana Laura Magaloni: trayectoria y credenciales
Antes de adentrarse en el análisis jurídico de la reforma, conviene conocer el perfil profesional de Ana Laura Magaloni Kerpel, una de las voces más reconocidas en el debate sobre justicia y Estado de derecho en México.
Es licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid. Fue investigadora visitante en centros académicos internacionales como el European Law Research Center de Harvard y el International and Comparative Law Research Center de la Universidad de California en Berkeley.
En México, fundó y dirigió la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), y ha sido profesora, conferencista e impulsora de reformas judiciales. Su trabajo ha abordado temas como el juicio de amparo, el sistema penal, la Suprema Corte y la relación entre desigualdad social y justicia.
También formó parte de la Comisión Técnica encargada de la transición de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México a la nueva Fiscalía local, y en 2024 recibió el Premio Nacional de Jurisprudencia. Además, mantiene presencia pública como analista y columnista, destacando por su claridad al explicar temas complejos con un enfoque ciudadano.
Reforma y retroactividad: un debate cerrado desde el principio
En entrevista con la periodista Ana Francisca Vega de MVS Noticias, Ana Laura Magaloni ofreció un análisis sobre las razones por las que la presidenta Claudia Sheinbaum decidió descartar la aplicación retroactiva de los ajustes a la Ley de Amparo.
Magaloni señaló que el tema de la retroactividad “es altamente discutible” y que, en un sistema equilibrado, debería resolverse caso por caso por los jueces, no por el legislador. Sin embargo, esta reforma limita justamente esa posibilidad.
Para la jurista, el cambio va más allá del plano técnico: es un movimiento político que busca reconfigurar el poder del Poder Judicial. “La concentración del poder político hace que el trabajo de los jueces para ayudar a los ciudadanos se vea limitado”, advirtió.
Contexto histórico y comparación con regímenes autoritarios
Magaloni trazó paralelos con el pasado: recordó cómo, durante el régimen priista, los jueces actuaban como figuras formales, con pocas atribuciones reales. Con la transición democrática, los tribunales ganaron autonomía y capacidad para frenar decisiones autoritarias; sin embargo, esa etapa parece estar llegando a su fin.
A su juicio, este retroceso no se explica únicamente por la reforma legal, sino por un contexto político más amplio: el retorno a un sistema de partido hegemónico, donde los controles institucionales quedan subordinados a la voluntad política.
¿Por qué Sheinbaum descarta la retroactividad?
En la conversación, Magaloni subrayó que aunque algunos sectores proponían aplicar la reforma con efecto retroactivo para casos ya en curso, el Ejecutivo decidió eliminar esa posibilidad. La razón fue evitar conflictos masivos en los tribunales y proteger la seguridad jurídica.
Sin embargo, advirtió que esto no cierra el debate: “Habrá litigios sobre este tema, y se discutirá en los tribunales”. Según su análisis, la verdadera disputa no se resolverá en el Congreso, sino en los juzgados, donde los nuevos límites legales serán puestos a prueba.
También alertó sobre un efecto poco mencionado: al quitar a los jueces la capacidad de decidir en cada caso concreto, muchas controversias quedarán resueltas de antemano por la norma, reduciendo el espacio de interpretación judicial.
Riesgos para la independencia judicial y el equilibrio de poderes
Uno de los ejes más importantes del análisis de Magaloni es la reducción del margen que tendrán los jueces para evaluar la constitucionalidad de los actos del Ejecutivo y el Legislativo. Con esta reforma, muchos temas que antes se discutían en tribunales quedarán cerrados por diseño legislativo.
Esto, explicó, erosiona la función del Poder Judicial como contrapeso democrático. Además, advirtió que este cambio coincide con un proceso más amplio: la designación de jueces con afinidad política y la creación de nuevos órganos disciplinarios dentro del propio sistema judicial, lo que podría generar una estructura más controlada y menos independiente.
En resumen, un sistema judicial más institucionalizado puede volverse, paradójicamente, más cerrado a la crítica y al disenso, dejando a los ciudadanos con menos recursos efectivos para impugnar decisiones del poder político.
Un debate abierto que no termina en el Legislativo
Al cierre de la entrevista, Ana Laura Magaloni insistió en que el debate apenas comienza. Aunque la reforma ya fue aprobada por el Congreso, su impacto real se medirá en los tribunales.
“Este debate no termina aquí”, dijo. “Habrá litigios, interpretaciones y resoluciones que pondrán a prueba los límites de la reforma y, con ello, la fortaleza de la justicia en México”.