ICC México pide equilibrio entre derecho humano y certeza jurídica
El agua, derecho humano y motor productivo
La discusión en el Congreso sobre una nueva Ley General de Aguas y la reforma a la Ley de Aguas Nacionales ha encendido alertas en el sector productivo. La International Chamber of Commerce México (ICC México) expresó que, si bien comparte y respalda la supremacía del derecho humano al agua, el marco normativo en construcción debe ser equilibrado: garantizar acceso universal, pero también preservar la competitividad y la inversión que sostiene empleos y cadenas productivas.
Preocupaciones del sector industrial
De acuerdo con la organización empresarial, algunos planteamientos legislativos podrían comprometer la continuidad de industrias esenciales como la alimentaria, farmacéutica y energética, clave en escenarios de sequía prolongada. Entre las principales inquietudes destacan:
- Concesiones con vigencias reducidas y sin certeza de prórroga.
- Restricciones imprecisas para la transmisión de derechos.
- Carga regulatoria excesiva sin estudios de impacto social, ambiental o económico.
- Atribuciones dispersas en múltiples autoridades, lo que abre la puerta a decisiones discrecionales.
Según el sector, estas medidas podrían elevar costos de bienes básicos, frenar nuevas inversiones y debilitar la capacidad del país para enfrentar el cambio climático.
Propuestas para un marco hídrico moderno
La ICC México planteó un decálogo de prioridades para un sistema hídrico justo y funcional. Entre ellas:
- Reconocer la no retroactividad en concesiones y asegurar prórrogas con cumplimiento de obligaciones.
- Definir de forma objetiva conceptos como acaparamiento y transmisión de derechos.
- Escalonar obligaciones de medición, reúso y descargas según la viabilidad tecnológica de cada sector.
- Garantizar el derecho de audiencia antes de cualquier cancelación o rescate de concesiones.
- Armonizar la nueva ley con marcos vigentes en minería, hidrocarburos, energía y medio ambiente.
- Impulsar inversión público-privada para infraestructura hídrica con reglas claras de recuperación.
- Prever un régimen transitorio de 3 a 5 años que evite vacíos regulatorios.
Hacia una ley integral y participativa
La ICC México hizo un llamado al Congreso para integrar mecanismos de gobernanza claros y realistas, con procesos participativos que incluyan a comunidades indígenas y afromexicanas, sociedad civil y sector privado. “México requiere una institucionalidad hídrica robusta que combine justicia social y ambiental con viabilidad técnica y económica, asegurando que el agua sea motor de desarrollo sostenible, no un factor de parálisis”, sostuvo la cámara internacional.