Entre regulación y costos reales
La presidenta Claudia Sheinbaum busca regular los precios de la gasolina “para proteger el poder adquisitivo de los consumidores”. Sin embargo, empresarios gasolineros advierten que las variaciones responden a factores como logística, impuestos y costos internacionales, y no a decisiones arbitrarias. El diálogo entre gobierno y sector privado será clave para equilibrar la competitividad y el bienestar social.
Gasolineros mexicanos y el verdadero precio de la gasolina
La presidenta Claudia Sheinbaum ha colocado el precio de la gasolina como un tema central de su agenda económica y energética. En medio de un contexto de inflación global y de diferencias marcadas en los precios de los combustibles a lo largo del país, el gobierno busca implementar un mecanismo que permita garantizar estabilidad en el mercado y proteger el poder adquisitivo de los consumidores. Esta decisión, aunque ambiciosa, ha generado incertidumbre en el sector gasolinero mexicano, que opera bajo estrictas regulaciones y enfrenta retos logísticos y fiscales significativos.
Sheinbaum ha instruido a la Secretaría de Energía, encabezada por Luz Elena González, a reunirse con empresarios del sector para analizar las razones detrás de las diferencias de precios, que en algunas regiones superan los 26 pesos por litro. Según la mandataria, estas variaciones deben ser revisadas para evitar abusos y garantizar que los costos sean proporcionales y justificados. En este marco, los gasolineros se han mostrado abiertos al diálogo, señalando que las diferencias no obedecen a prácticas arbitrarias, sino a una estructura compleja de costos.
La estructura de costos detrás del precio
Contrario a lo que podría sugerir el discurso presidencial, los empresarios gasolineros no tienen total control sobre el precio final de la gasolina. Este depende de factores que van desde los precios internacionales del petróleo, pasando por el transporte y almacenamiento, hasta los impuestos que aplica el gobierno. México importa cerca del 70% de los combustibles que consume, lo que significa que las estaciones de servicio deben ajustarse a la volatilidad del mercado internacional.
El costo de la logística también juega un papel crucial. Transportar gasolina desde las terminales de almacenamiento hasta estaciones en localidades alejadas puede aumentar significativamente el precio al consumidor. A esto se suma la infraestructura limitada del país, donde los oleoductos son insuficientes y el transporte terrestre representa un costo elevado. En este contexto, las diferencias de precios entre regiones, incluso dentro de un mismo estado, son una consecuencia lógica de las distancias y los costos asociados.
Otro factor determinante son los impuestos. El Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), junto con el IVA, constituye una parte importante del precio final de los combustibles. Aunque este esquema fiscal fue diseñado en administraciones anteriores, el actual gobierno ha mantenido los impuestos como una fuente crucial de ingresos. Sheinbaum ha defendido que el reciente ajuste del IEPS, vinculado a la inflación, es un mecanismo que el gobierno no puede eludir por ley. Sin embargo, esta medida incrementará los costos para los consumidores a partir de 2025.
Reducción de márgenes
En este contexto, Alejandro Montufar, CEO de PetroIntelligence, explica que “en el final de cada año, al inicio de cada año, se actualizan los valores del IEPS”. Según Montufar, este año el incremento fue del 4.54%, equivalente a 30 centavos por litro en gasolina regular. No obstante, este aumento no se ha reflejado por completo en los precios al público. “En lugar de haber incrementado 30 centavos, hemos visto un aumento de 17 centavos en la gasolina regular y 20 centavos en diésel”, comenta. Esto se debe a que las estaciones de servicio están absorbiendo parte del incremento para no afectar sus ventas, lo que ha reducido sus márgenes de ganancia.
Lo barato puede salir caro
Montufar también señala que la competencia y el monitoreo activo de la Profeco desempeñan un papel importante en el control de precios. Sin embargo, advierte que los precios bajos pueden ser un indicador de contrabando o prácticas ilegales. “El 30% del contrabando fiscal afecta la estabilidad económica de las empresas que cumplen con las normas, generando distorsiones en el mercado”, afirma. Además, subraya que los precios extremadamente bajos pueden ser perjudiciales para los consumidores, ya que podrían estar vinculados a combustibles de mala calidad que dañan los vehículos.
Por su parte, Ramsés Pech, analista de energía y economía, aporta que los precios de los combustibles en México también están influenciados por la fluctuación de los mercados internacionales y los costos operativos de las estaciones de servicio. Pech enfatiza que “el sector gasolinero está en una encrucijada, donde debe equilibrar la necesidad de mantener precios competitivos con los crecientes costos regulatorios y fiscales”. También destaca que la transparencia en la gestión de costos y la inversión en tecnologías para mejorar la eficiencia operativa serán claves para enfrentar los retos del futuro. “Es fundamental que el gobierno y los empresarios trabajen juntos para generar un entorno donde las estaciones de servicio puedan operar de manera sostenible, sin afectar el bolsillo de los consumidores”, concluye.
Postura de los empresarios gasolineros
Onexpo Nacional, organismo cúpula de los empresarios del sector, ha señalado la importancia de analizar el precio de la gasolina desde una perspectiva técnica y estructural. Según Federico Gómez Pombo, vocero de la organización, los empresarios están abiertos a trabajar con el gobierno para revisar los precios y garantizar la transparencia en la construcción de costos. Gómez Pombo subrayó que estas variaciones responden a factores como la inflación, la logística y las regulaciones, y no a decisiones arbitrarias de los empresarios.
Además, Onexpo ha hecho un llamado para combatir el mercado ilegal de combustibles, un problema que afecta tanto a las empresas formales como al erario. El contrabando y las prácticas de comercio desleal generan distorsiones que perjudican a los consumidores y complican aún más el panorama para los gasolineros que cumplen con las normas vigentes.
En recientes declaraciones, Jorge Mijares Casas, presidente de Onexpo Nacional, destacó la necesidad de un marco regulatorio claro y equitativo que permita al sector operar con certidumbre. Asimismo, resaltó la importancia de mantener un diálogo continuo con las autoridades para encontrar soluciones que beneficien tanto a los consumidores como a los empresarios.
El reto de la política energética
La estrategia de Sheinbaum no sólo busca regular los precios de la gasolina, sino también reforzar su compromiso con la justicia social y el apoyo a las familias mexicanas. Sin embargo, implementar controles de precios en un mercado tan complejo plantea riesgos significativos. Por un lado, podría limitar la competencia en el sector, una de las principales conquistas de la reforma energética de 2013. Por otro, podría desincentivar la inversión en infraestructura de almacenamiento, transporte y distribución, elementos clave para garantizar el suministro.
Adicionalmente, el gobierno enfrenta críticas por mantener altos impuestos sobre los combustibles mientras busca atribuir los incrementos al sector privado. Líderes de la oposición, como el senador Manuel Añorve, han acusado al gobierno de usar el precio de la gasolina como herramienta política en lugar de adoptar medidas efectivas para combatir la inflación.
Equilibrio delicado
La regulación de los precios de la gasolina es un tema que exige una visión integral. Si bien la intención de proteger a los consumidores es loable, cualquier intervención en el mercado debe considerar los desafíos logísticos, fiscales y de inversión que enfrenta el sector. Los gasolineros han expresado su disposición a colaborar, pero han insistido en que las decisiones gubernamentales deben estar fundamentadas en un análisis técnico y una comprensión profunda de la cadena de costos.
Como ha señalado Onexpo Nacional, ni el mercado ni el Estado pueden solos. Para que esta iniciativa tenga éxito, será necesario un esfuerzo conjunto entre el gobierno, los empresarios y los consumidores. Sólo así se podrá construir un mercado de combustibles más equitativo y eficiente, sin comprometer la competitividad ni la sostenibilidad del sector.