Morena prometió desterrar la corrupción. Cuatro cuentas públicas muestran observaciones millonarias y un instituto de vivienda bajo escrutinio.
Las auditorías en Tizayuca confrontan dos campañas electorales de Morena con una sucesión de observaciones millonarias a las cuentas públicas municipales. En 2020, Susana Araceli Ángeles Quezada ofreció poner fin a la corrupción y a los cacicazgos. Cuatro años después, Gretchen Alyne Atilano Moreno, quien había sido regidora durante su gobierno, prometió que el “segundo piso de la transformación” estaría libre de corrupción y privilegios. Ahora, la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH) vuelve a señalar deficiencias en el manejo de recursos y del patrimonio municipal.
La segunda entrega de la Cuenta Pública 2025, presentada el 30 de octubre de 2026, dejó $49,602,180.65 en probables recuperaciones al Instituto Municipal de Desarrollo Urbano y Vivienda (IMDUyV), el organismo municipal con el monto más alto entre los revisados en esa entrega. El instituto acumuló 47 observaciones, 23 recomendaciones y 10 pliegos. El Ayuntamiento de Tizayuca sumó otros $13,435,162.22. Son $63,037,342.87 sujetos a aclaración entre ambas instituciones, sin que esa cantidad equivalga automáticamente a dinero desaparecido o corrupción penalmente demostrada.
De la promesa de honestidad al segundo piso
El 8 de octubre de 2020, cuando buscaba la alcaldía, Susana Ángeles planteó en un debate el fin de la corrupción y de los cacicazgos como parte del cambio que impulsaba Morena. En mayo de 2024, durante su propia campaña, Gretchen Atilano aseguró que el primer gobierno morenista había desterrado las viejas prácticas y ofreció una administración honesta y transparente. En su primer informe de gobierno volvió a presentar la honestidad y la transparencia como compromisos de la nueva etapa.
La continuidad no fue únicamente partidista. Atilano había formado parte del Cabildo encabezado por Ángeles y, al instalar los comités de entrega-recepción en agosto de 2024, defendió que la transición permitiría fortalecer el mismo proyecto político. La nueva presidencia se presentó como la continuación de una transformación iniciada en 2020, no como una ruptura con la administración saliente.
Esa continuidad vuelve más exigente la rendición de cuentas. Los expedientes de auditoría no establecen responsabilidades por pertenecer a un partido, pero tampoco permiten que la actual administración explique todas las deficiencias como una herencia ajena, particularmente cuando el organismo mantiene cuentas por cobrar y registros inmobiliarios que han atravesado distintos gobiernos.
Terrenos, intereses y viviendas bajo observación
En el IMDUyV, el informe de 2025 identificó $20,820,182.26 por intereses moratorios no cobrados en contratos de venta de lotes del Parque Metropolitano Industrial de Tizayuca. La ASEH detectó además $9,154,244.55 por intereses no aplicados a incumplimientos de pago del programa Vivienda Digna y $4,800,403.50 en cuentas por cobrar respecto de las cuales no se acreditaron gestiones suficientes para recuperar adeudos o viviendas.
El instituto explicó que 97.55% del monto observado, alrededor de $48.3 millones, corresponde a intereses, cuentas por cobrar y procedimientos de rescisión o regularización, en buena medida relacionados con contratos celebrados desde 2013. Esa defensa distingue los ingresos pendientes de los recursos efectivamente gastados, pero no resuelve quién debía cobrar, renegociar, rescindir contratos o recuperar los inmuebles durante los años posteriores.
Hay un detalle que va más allá del intercambio de comunicados. El propio informe individual consigna que el instituto presentó justificaciones y aclaraciones el 17 de septiembre de 2026 para varias de esas observaciones; la ASEH las consideró insuficientes y mantuvo los señalamientos. El organismo conserva los mecanismos legales de seguimiento y defensa, pero el documento público muestra que ya hubo respuestas evaluadas antes de difundirse los resultados.
El Ayuntamiento tampoco quedó al margen
En la administración encabezada por Atilano, la ASEH registró 46 observaciones que derivaron en 13 recomendaciones y 14 pliegos. Entre los casos de mayor monto aparecen pagos de “apoyo económico”, “gratificación” y “gratificación especial” por $7,871,887, para los cuales no se presentó documentación justificativa suficiente. Tras las aclaraciones del municipio, la observación subsistió por $7,858,137. También quedó sin aclarar un gasto de $2,380,000 relacionado con la Feria Regional Metropolitana de Tizayuca 2025.
La revisión incluye operaciones de distintas fechas, incluso de ejercicios previos. Por ello, la responsabilidad sobre cada pago debe determinarse a partir de los documentos, las autorizaciones y los funcionarios que intervinieron. La ASEH también dio por justificada una observación inicial de $6,860,800 relativa a la baja de juegos mecánicos; ese importe no forma parte de los recursos pendientes señalados en el resumen final.
Cuatro años de auditorías en Tizayuca
La Cuenta Pública 2022 dejó alrededor de $52.4 millones observados al Ayuntamiento y sus organismos de vivienda, agua y DIF. En 2023, la ASEH registró $29,333,286.15 al municipio y $44,529,256 al IMDUyV. El informe del instituto documentó entonces ingresos por donativos de $25,045,355.06 sin autorización suficientemente acreditada de la Junta de Gobierno para recibirlos y una permuta inmobiliaria de $8,730,000 cuya propiedad no quedó respaldada con escritura e inscripción registral.
La fiscalización de 2024 reportó $13,538,720.82 en probables recuperaciones para el IMDUyV y $22,093,335.61 para la Comisión de Agua y Alcantarillado de Tizayuca. Ese ejercicio atravesó el relevo entre Ángeles y Atilano. Los importes corresponden a ejercicios y entidades diferentes, y no deben sumarse como si fueran pérdidas definitivas: para conocer qué permanece sin aclarar se requiere revisar los informes posteriores de solventación.
Familiares, continuidad política y responsabilidades pendientes
La permanencia de personas vinculadas con la exalcaldesa en puestos municipales también ha provocado señalamientos públicos. Jorge Luis Martínez Ángeles, exesposo de Susana Ángeles, dirigió el IMDUyV y después encabezó la Comisión de Agua; Adriana Angélica Ángeles Quezada, hermana de la exalcaldesa, estuvo al frente del DIF y pasó a la Secretaría General Municipal. Publicaciones periodísticas han planteado posibles conflictos de interés y cuestionamientos sobre nombramientos y operaciones inmobiliarias.
En noviembre de 2023, la propia Susana Ángeles informó que su contraloría había sancionado a 98 servidores públicos por faltas no graves y promovido procedimientos contra exfuncionarios por presuntas faltas graves. Lo presentó como prueba de que su administración combatía la corrupción incluso dentro del Ayuntamiento. Tres años después, los informes de la ASEH mantienen abierto el escrutinio de distintos organismos municipales.
Morena pidió el voto en Tizayuca con el compromiso de gobernar de otra manera y presentó la continuidad como garantía de un segundo piso de transformación. Las auditorías no dictan por sí solas una condena, pero sí desmienten la idea de que las deficiencias administrativas hubieran quedado atrás. Por sus obras los conoceréis: las explicaciones pendientes, los adeudos recuperados y las observaciones efectivamente solventadas permitirán medir el resultado de aquellas promesas.