Un incremento salarial histórico y la reducción de jornada redefinirán el modelo laboral, y las empresas ya calculan su impacto operativo.
Viraje laboral que inquieta al sector productivo
El incremento salarial previsto para 2026 y la reducción escalonada de la jornada laboral abrieron un ciclo de incertidumbre entre empresas mexicanas que enfrentan márgenes cada vez más estrechos. Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo asegura que los cambios no provocarán despidos ni afectaciones macroeconómicas, especialistas y cámaras empresariales anticipan un impacto mucho más profundo: desde presiones inflacionarias hasta posibles cierres de negocios incapaces de absorber el nuevo costo laboral.
El aumento de 13 % al salario mínimo en la zona general —315.04 pesos diarios— y de 5 % en la frontera norte —440.87 diarios— representa uno de los ajustes más agresivos en décadas. La administración federal insiste en que la medida no afectará la planta laboral; sin embargo, economistas independientes apuntan a que la combinación de alza salarial y reducción de horas podría tensar la operación de miles de empresas pequeñas y medianas que hoy ya trabajan al límite de su capacidad financiera.
Salario más alto… y una carga que no todos podrán pagar
Según Marath Baruch Bolaños, titular del Trabajo, el objetivo es que el salario cubra 2.5 canastas básicas. Pero este estándar, aunque socialmente esperado, deja a muchas firmas ante un dilema: sostener la nómina o ajustar su tamaño para mantenerse vivas.
El CEO de ESSAD, Jesús Moscoso, reconoce que el aumento abre oportunidades de modernización, pero advierte que no todas las organizaciones cuentan con la estructura o el capital para soportar el nuevo nivel de gasto. “Las empresas deben revisar procesos, sí, pero también aceptar que algunas simplemente no podrán absorber el impacto sin comprometer su continuidad”. Para muchos negocios familiares, especialmente los que operan sin reservas, el incremento acumulado de los últimos años ya generó tensión suficiente como para desplazar empleos al sector informal.
Jornadas más cortas: productividad a prueba
La reducción gradual de la jornada laboral —que llegará a 40 horas en 2030— se presenta como una mejora en calidad de vida. Sin embargo, empresas consultadas por organizaciones patronales advierten que la medida podría derivar en algo muy distinto: necesidad de contratar más personal, aumento de costos fijos y reorganización completa de turnos sin garantías de que la productividad compense la inversión.
El socio de ESSAD, Fernando Rojas, plantea que el desafío no es retórico: “Reducir horas sin reducir sueldos es una ecuación que no siempre cierra. Las compañías tendrán que decidir entre aumentar su plantilla, invertir en tecnología o reducir operaciones”. En sectores intensivos en mano de obra —manufactura ligera, comercio, logística, servicios— el impacto podría ser inmediato.
Rojas advierte que las empresas que no cuenten con liquidez o capacidad de reingeniería enfrentarán una disyuntiva incómoda: subir precios, perder competitividad o cerrar. “La transición sólo será exitosa para quien tenga músculo financiero y visión estratégica. No todos lo tienen”.
Talón de Aquiles: proveedores y cadenas de suministro
Otro punto crítico recae en la cadena de proveedores, donde abundan microempresas que trabajan con márgenes de supervivencia. Para muchas, absorber un aumento salarial y reorganizar jornadas significa operar en números rojos. Su eventual cierre tendría efectos en cascada: retrasos, baja calidad, costos más altos y pérdida de competitividad para industrias enteras.
“Si los proveedores se caen, se cae la operación completa”, advirtió Rojas. En sectores donde la informalidad ronda el 50 %, la presión podría incentivar más prácticas opacas, no menos.
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¿Impacto macroeconómico? El riesgo que se minimiza
El Gobierno sostiene que la economía resistirá sin sobresaltos, pero diversos analistas señalan que los ajustes no ocurren en un vacío: coinciden con ralentización del crecimiento, menor inversión privada y contracción del margen operativo en industrias clave. Si empresas comienzan a trasladar costos a precios, podría abrirse una espiral inflacionaria moderada pero persistente.
Cámaras empresariales consultadas en semanas recientes reconocen que apoyan la dignificación laboral, pero piden un periodo de implementación más realista. Señalan que, sin incentivos fiscales o apoyos de adaptación, los cambios podrían derivar en despidos, automatización acelerada o la desaparición de negocios que hoy sostienen miles de empleos.
Futuro incierto para el modelo laboral mexicano
Para Moscoso, el riesgo no es la reforma en sí, sino la velocidad del cambio. “Los parteaguas laborales transforman economías completas. Pero si la transición es abrupta, quienes quedan fuera no son sólo empresas, sino trabajadores”.
Mientras el Gobierno apuesta por un nuevo paradigma, el sector productivo se prepara para enfrentar un escenario donde sostener operaciones será más complejo. En esa tensión se juega buena parte del futuro económico inmediato: el equilibrio entre mejorar condiciones laborales y evitar que las empresas más vulnerables paguen el costo con cierres, informalidad o pérdida de empleos.