El aumento al impuesto de refrescos, tabaco y bebidas endulzadas en la Ley de Ingresos 2026 golpeará directo al ciudadano común y altera hábitos de consumo.
nuevo escenario fiscal para el ciudadano
A partir de 2026, la política fiscal de México incorporará un paquete de medidas que impactarán directamente en el gasto cotidiano de las personas. Entre ellas destaca el aumento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para bebidas saborizadas con azúcar y también para aquellas sin calorías, así como para el tabaco y productos relacionados.
Para las bebidas azucaradas, el IEPS pasará de poco más de 1.60 pesos por litro a más de 3 pesos, casi el doble del gravamen actual. Las versiones light, que antes estaban exentas o con menor carga, ahora tendrán un impuesto de alrededor de 1.50 pesos por litro. En el caso del tabaco, la tasa ad valorem subirá de 160 % a 200 %.
Estas medidas tienen una doble intención: recaudar más recursos y desincentivar el consumo de productos nocivos para la salud. Sin embargo, en la práctica implican una presión adicional sobre el presupuesto diario de millones de familias mexicanas.
Cómo impactará en el día a día
El efecto será inmediato en los precios. Una botella de dos litros de refresco podría aumentar entre dos y tres pesos, dependiendo de la marca y el punto de venta. Para quienes compran este tipo de productos de manera habitual, el gasto mensual se elevará sin que el ingreso real de las familias crezca al mismo ritmo.
El incremento también afectará a pequeños comercios y tiendas de barrio, que deberán ajustar precios y absorber parte del malestar de los consumidores. En el caso de los fumadores, el impacto es aún más directo, pues el aumento al tabaco representa un gasto acumulado significativo a lo largo del año.
En conjunto, se estima que el gobierno federal obtendrá más de 75 mil millones de pesos adicionales solo por el impuesto a bebidas saborizadas, mientras que apenas una fracción de ese monto se destinará a programas de salud pública o prevención de la obesidad.
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Argumentos oficiales y críticas
El gobierno ha defendido estos gravámenes bajo la etiqueta de “impuestos saludables”, argumentando que buscan reducir el consumo de productos dañinos. No obstante, especialistas en finanzas públicas advierten que no existen mecanismos claros para garantizar que los recursos recaudados se usen con ese fin.
Diversos economistas y asociaciones civiles señalan que el efecto más visible será el aumento de precios, sin que necesariamente cambien los hábitos de consumo ni se refuerce el sistema de salud. Además, advierten que los impuestos al consumo afectan de manera desproporcionada a los sectores de menores ingresos, que gastan una mayor parte de su dinero en productos de uso cotidiano.
Lo que puede hacer el ciudadano
Frente a esta situación, los expertos recomiendan revisar los hábitos de compra y planificar mejor los gastos semanales. Optar por productos no gravados, reducir el consumo de refrescos y tabaco, y destinar ese dinero a alimentos más nutritivos puede ser una manera de mitigar el impacto.
También es importante que la ciudadanía exija transparencia sobre el destino de los nuevos recursos. Si el gobierno busca justificar los llamados impuestos saludables, debe demostrar que el dinero recaudado se utiliza efectivamente en programas de salud, educación y prevención.