La recaudación llegará a 15.9% del PIB y el control de proveedores gana peso ante revisiones fiscales, REPSE y operaciones inexistentes.
México se encamina a una fiscalización más intensa en 2027. La Secretaría de Hacienda proyecta que los ingresos tributarios alcancen 15.9% del Producto Interno Bruto (PIB), un máximo histórico que pretende conseguir sin crear nuevos impuestos generales, pero con mayor eficiencia recaudatoria, combate a la evasión y vigilancia sobre operaciones simuladas.
El escenario coloca el control fiscal de proveedores entre los puntos que las empresas deberán vigilar. Una compañía puede mantener en orden sus declaraciones y comprobantes y, aun así, enfrentar problemas cuando las operaciones que realiza con terceros presentan inconsistencias fiscales, laborales o documentales.
La presión recaudatoria ha aumentado de manera sostenida. Hacienda informó que los ingresos tributarios representaron 15.1% del PIB en 2025 y para 2027 proyecta elevar esa proporción a 15.9%. La dependencia atribuye el incremento esperado a una mayor eficiencia en la recaudación y al combate contra la evasión, la elusión y las empresas que facturan operaciones simuladas.
Hacienda proyecta recaudar 15.9% del PIB en 2027. Empresas deberán reforzar el control fiscal de proveedores, REPSE y operaciones ante el SAT.
Control fiscal de proveedores gana terreno
Una de las herramientas que ya utiliza el Servicio de Administración Tributaria (SAT) son los listados derivados del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, relacionados con contribuyentes que presuntamente realizan operaciones inexistentes mediante la emisión de comprobantes fiscales.
La situación jurídica de quienes aparecen en el procedimiento no es necesariamente la misma. El SAT publica listados de contribuyentes presuntos, definitivos y aquellos que lograron desvirtuar la presunción, además de los que obtuvieron una resolución o sentencia favorable. Por ello, revisar a un proveedor exige conocer en qué etapa se encuentra y no limitarse a detectar su nombre o RFC en una base de datos.
Para una empresa que compra bienes o contrata servicios, el problema puede alcanzar la documentación que sustenta sus operaciones y, dependiendo del caso, sus deducciones y acreditamientos fiscales.
“La independencia fiscal de una empresa también depende de conocer a quienes forman parte de su cadena de suministro. Un proveedor con inconsistencias puede generar una contingencia que termine impactando las finanzas y la operación de una compañía”, señaló Luz María Méndez Guerra, CEO de SIAC.
La revisión tampoco termina en el SAT. Cuando se contratan servicios u obras especializadas que implican poner trabajadores a disposición de un tercero, entra en juego el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (REPSE).
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social mantiene un padrón público que permite consultar la vigencia del registro, los servicios autorizados y otros datos del contratista. El registro debe renovarse cada tres años y la propia plataforma cruza información relacionada con obligaciones fiscales y de seguridad social.
RESICO crecería hasta 50 millones
El Paquete Económico 2027 también plantea modificaciones relevantes para las pequeñas empresas. Para personas morales, el límite anual de ingresos para acceder al Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) aumentaría de 35 a 50 millones de pesos. La propuesta convertiría además al régimen en una opción para las empresas que cumplan los requisitos, en lugar de mantenerlo necesariamente como régimen obligatorio.
Otra modificación permitiría a determinados contribuyentes de RESICO calcular el IVA aplicando 7% sobre las contraprestaciones efectivamente cobradas.
Eso no significa que la tasa general del IVA baje de 16 a 7%.
La propuesta establece una mecánica opcional para determinar el impuesto. Quienes la elijan no podrían acreditar el IVA que les hayan trasladado sus proveedores ni el pagado en importaciones. La conveniencia, por tanto, dependerá de la estructura de ingresos y gastos de cada contribuyente.
Las modificaciones forman parte del Paquete Económico presentado al Congreso el 8 de septiembre y todavía están sujetas al proceso legislativo.
Revisar al proveedor antes del problema
El incremento de controles ha impulsado servicios privados que automatizan parte de estas revisiones. SIAC, empresa encabezada por Luz María Méndez Guerra, ofrece herramientas para consultar información fiscal y administrar expedientes de proveedores.
Su plataforma incluye validaciones relacionadas con el artículo 69-B y un módulo REPSE para revisar registros y documentación. La empresa también señala que dispone de herramientas de validación de identidad. Su sitio confirma funciones de validación de EFOS 69-B, REPSE, expedientes de proveedores y documentos relacionados con IMSS e INFONAVIT.
La tecnología, sin embargo, no sustituye la revisión jurídica, fiscal o contable de cada caso. Una alerta sobre un proveedor debe conducir a comprobar su situación concreta, especialmente porque el procedimiento del artículo 69-B contempla distintas etapas y permite a los contribuyentes aportar documentación para desvirtuar la presunción del SAT.
Para las empresas, el control fiscal de proveedores adquiere así una dimensión que rebasa el expediente administrativo. La meta de recaudación de 15.9% del PIB para 2027 muestra hacia dónde apunta Hacienda: obtener más ingresos mediante mayor cumplimiento y fiscalización. En ese escenario, conocer con quién se compra, contrata y factura será parte creciente de la gestión del riesgo empresarial.