La reforma a la Ley de Telecomunicaciones obliga a ligar cada línea móvil a la CURP biométrica y permite geolocalizar usuarios en tiempo real, alertan defensores digitales.
El abogado y activista Luis Fernando García (@tumbolian) calificó la reforma como “otra pieza de la maquinaria de vigilancia masiva del Gobierno” y enumeró sus puntos más críticos: retención de metadatos por dos años, exigencia de identificar a cada usuario y entrega exprés de datos a autoridades.
Geolocalización en tiempo real
El dictamen aprobado en comisiones del Senado obliga a concesionarios a proporcionar la ubicación de cualquier línea móvil “de inmediato y las 24 horas”, con un máximo de un día para responder solicitudes oficiales. Además, las empresas deberán conservar registros de llamadas, SMS y conexiones a internet durante 24 meses.
CURP biométrica, nueva llave de acceso
La reforma enlaza cada línea telefónica a la CURP —que el paquete legislativo convertirá en un identificador con huellas o reconocimiento facial—. Sin ese vínculo, el servicio será suspendido tras 240 días. Expertos advierten que la medida profundiza un rompecabezas de vigilancia que incluye otras 20 leyes de seguridad en discusión.
Críticas desde el Senado y la sociedad civil
Legisladores opositores como Ricardo Anaya acusaron que la norma “institucionaliza el espionaje”, mientras la organización R3D advierte riesgos de exclusión y discriminación si los datos biométricos se convierten en requisito para trámites básicos.
¿Por qué importa al usuario común?
- Privacidad: tu operador deberá guardar quién, cuándo y desde dónde te comunicas durante dos años.
- Seguridad personal: un error en la base de datos podría vincular tu línea a delitos que no cometiste.
- Acceso a servicios: sin CURP biométrica tu SIM se bloqueará; podrías quedar incomunicado.
- Costos: las compañías trasladarán el gasto de nuevos sistemas de retención y verificación a las tarifas.
Lo que viene
El dictamen pasará al pleno del Senado; de aprobarse, la Agencia de Transformación Digital y una nueva Comisión Reguladora tomarán el control regulatorio en 2026. Organizaciones como R3D preparan amparos y campañas de información para frenar la vigencia del esquema.