La iniciativa #ÉchaleunOjo busca fondos para adaptar planteles y garantizar una educación accesible para estudiantes con discapacidad en México.
La campaña #ÉchaleunOjo, impulsada por la organización Mexicanos Primero, busca visibilizar la urgencia de mejorar la inclusión educativa en México, especialmente para los estudiantes con discapacidad. A pesar de que el derecho a la educación está garantizado por la Constitución, menos del 30% de las escuelas mexicanas están adaptadas para satisfacer las necesidades de estos alumnos, según un informe de la misma organización. Las cifras son aún más alarmantes en preescolar y primaria comunitaria, donde solo el 1.4% y 1.2% de los centros educativos tienen la infraestructura adecuada.
El objetivo de la campaña es presionar a los legisladores para que destinen 7,571 millones de pesos adicionales en el presupuesto de 2024. Este monto se utilizaría para hacer accesibles las escuelas mediante la instalación de rampas, señaléticas en braille, barandales, y otros ajustes que permitan a los estudiantes ejercer su derecho a la educación de manera equitativa. Sin embargo, se subraya que la inversión inicial debe complementarse con un presupuesto anual de 36,794 pesos por plantel para mantener estas adecuaciones.
La campaña también destaca las grandes disparidades entre los estados. Aguascalientes ha mostrado avances en la adaptación de su infraestructura, mientras que estados como Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas están considerablemente rezagados, con más del 80% de sus planteles sin las condiciones adecuadas para la inclusión.
El esfuerzo por la inclusión no solo apunta a cumplir con el marco legal, sino que responde a un mandato ético y social. Se busca generar un entorno educativo que no solo sea accesible físicamente, sino que valore la diversidad y promueva el respeto. Con cerca de 900,000 niñas y niños con discapacidad en el país, esta iniciativa es clave para construir una sociedad más justa y empática, donde todos los estudiantes puedan desarrollar su potencial al máximo.
Este tipo de inversiones no solo son necesarias para garantizar la equidad, sino que también promueven una mayor cohesión social, reduciendo las barreras que históricamente han marginado a las personas con discapacidad del sistema educativo.