Un expediente en Nueva York apunta a una presunta red de protección criminal en gobierno, policías y elección estatal.
La acusación presentada en el Distrito Sur de Nueva York contra Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios o exfuncionarios de Sinaloa no es una nota más sobre narcotráfico. Es un señalamiento directo contra una estructura política y policial que, según fiscales estadounidenses, habría operado como escudo institucional del Cártel de Sinaloa.
El expediente no habla sólo de omisiones, tolerancia o incapacidad. Describe algo mucho más grave: una alianza en la que cargos públicos, mandos de seguridad, policías locales y operadores políticos habrían servido para proteger cargamentos, laboratorios, líderes criminales y rutas de drogas hacia Estados Unidos.
La diferencia es importante. Si las acusaciones se sostienen en tribunales, el caso no exhibiría únicamente corrupción individual, sino una forma de captura del poder público: gobierno, fiscalía, policía y municipio puestos —presuntamente— al servicio de una facción criminal.
Los nombres en el centro del expediente
La acusación señala a Rubén Rocha Moya, actual gobernador de Sinaloa; Enrique Inzunza Cázarez, senador por Sinaloa y exsecretario general de Gobierno; Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas; Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal general estatal; Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación; Alberto Jorge Contreras Núñez, alias “Cholo”; Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública; José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”; Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán, y Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”.
Todos aparecen señalados como parte de una presunta asociación delictuosa para facilitar la importación de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina hacia Estados Unidos. La imputación también incluye delitos relacionados con armas de fuego, ametralladoras y dispositivos destructivos. En el caso de Juan Valenzuela Millán, además, se agregan cargos por secuestro con resultado de muerte.
La acusación no es una sentencia. Nadie ha sido condenado por estos hechos en este proceso. Pero tampoco es un rumor político: se trata de una imputación formal divulgada por autoridades estadounidenses, con cargos, nombres, fechas, montos y una narrativa criminal detallada.
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El punto explosivo: la elección de 2021
El tramo más fuerte del expediente apunta a la elección de 2021 en Sinaloa. Según la acusación, antes de ganar la gubernatura, Rubén Rocha Moya se habría reunido con líderes de la facción conocida como Los Chapitos, entre ellos Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Ovidio Guzmán López.
En esa reunión, afirma el documento, los líderes criminales habrían prometido apoyo electoral. A cambio, el entonces candidato habría ofrecido colocar en posiciones clave a funcionarios favorables a las operaciones del grupo.
El expediente va más lejos: sostiene que durante la jornada electoral se robaron urnas, se intimidó a votantes, se secuestró a opositores y se ordenó a policías estatales no intervenir pese a reportes de violencia en puntos de votación. Ese señalamiento cambia la dimensión del caso. Ya no se trata sólo de narcotráfico, sino de una presunta intervención criminal en la competencia democrática.
Si eso ocurrió, el problema no fue únicamente quién ganó una elección, sino cómo se habría construido el poder que vino después.
El gobierno como zona de protección
La acusación sostiene que, una vez instalado el gobierno estatal, la facción de Los Chapitos habría obtenido margen para operar con impunidad en Sinaloa. El expediente describe una presunta red de funcionarios colocados o mantenidos en puestos estratégicos para blindar laboratorios, rutas, cargamentos y mandos criminales.
La lógica que plantea el documento es brutal: las instituciones que debían perseguir al crimen habrían servido para avisarle, protegerlo o liberar a sus integrantes.
Según la imputación, algunos funcionarios habrían filtrado información sobre operativos contra laboratorios de droga; otros habrían permitido el paso de precursores químicos utilizados para producir fentanilo; otros habrían ordenado liberar a detenidos vinculados con el grupo; y otros más habrían usado recursos policiales para detener o perseguir rivales.
El expediente no describe un gobierno rebasado. Describe, presuntamente, un gobierno penetrado.
Sobornos con tarifa mensual
Uno de los elementos más duros del documento son las cantidades de dinero que, según los fiscales, se pagaban cada mes a funcionarios y mandos policiales.
La acusación menciona presuntos sobornos de alrededor de 200,000 pesos mensuales para Dámaso Castro Zaavedra; cerca de 300,000 pesos mensuales para Marco Antonio Almanza Avilés y después para Alberto Jorge Contreras Núñez; unos 100,000 pesos mensuales para José Antonio Dionisio Hipólito; y pagos para Juan Valenzuela Millán y otros policías municipales.
También señala cifras en dólares: más de 100,000 dólares mensuales para Gerardo Mérida Sánchez; más de 10,000 dólares mensuales para Juan de Dios Gámez Mendívil; y alrededor de 41,000 dólares mensuales para Juan Valenzuela Millán, supuestamente repartidos entre él y otros agentes corruptos de la Policía Municipal de Culiacán.
Las cifras importan porque dibujan un sistema. No se trata de “favores” aislados, sino de una presunta nómina criminal con pagos recurrentes, cargos identificados y funciones específicas.
Fentanilo, armas y una frontera que arde
Estados Unidos coloca el caso dentro de una ofensiva más amplia contra el Cártel de Sinaloa y, en particular, contra la producción y tráfico de fentanilo. La acusación sostiene que la organización ha enviado grandes cantidades de drogas a territorio estadounidense mediante vehículos, túneles, aviones, embarcaciones, compartimentos ocultos y cargas comerciales.
El expediente también acusa el uso de armas de alto poder, incluidas ametralladoras, granadas, lanzagranadas y vehículos blindados. En esa narrativa, la violencia no aparece como daño colateral: aparece como herramienta de control territorial, intimidación social y protección del negocio.
Sinaloa queda retratado como una plaza donde el crimen no sólo disputa rutas, sino decisiones públicas.
El caso de Alexander Meza León
El documento dedica un apartado particularmente grave a Alexander Meza León, señalado como fuente confidencial de la DEA. Según la acusación, Juan Valenzuela Millán y policías municipales de Culiacán habrían participado en su detención, secuestro y entrega a sicarios del cártel.
El expediente sostiene que Alexander Meza León y un familiar fueron asesinados en represalia por su colaboración con autoridades estadounidenses. También menciona ataques contra otros familiares.
Este punto muestra el nivel de riesgo que implica una policía municipal capturada por intereses criminales. Cuando una patrulla, una radio o una orden policial se convierten en herramientas del cártel, la frontera entre autoridad y victimario desaparece.
La respuesta mexicana: pedir pruebas no basta
El Gobierno mexicano y la Fiscalía General de la República han cuestionado la suficiencia de las pruebas enviadas por Estados Unidos para justificar una detención urgente con fines de extradición. Rubén Rocha Moya rechazó las acusaciones y afirmó que carecen de veracidad y fundamento.
Si bien ese contraste debe existir en cualquier cobertura seria, no puede usarse como cortina de humo. Pedir pruebas es correcto; negar de entrada todo sin abrir una revisión pública y transparente sería insuficiente.
La acusación es demasiado grave para resolverse con frases de respaldo político, llamados a la soberanía o discursos de unidad. La soberanía no se defiende protegiendo sospechas; se defiende investigando mejor que el acusador extranjero.
Si Estados Unidos no tiene pruebas sólidas, debe quedar exhibido. Si las tiene, México no puede esconderse detrás del nacionalismo.
El fondo: narcopolítica sin eufemismos
El caso obliga a mirar un tema que México suele rodear con palabras suaves: la narcopolítica. No se trata únicamente de campañas financiadas con dinero ilícito ni de candidatos amenazados. Se trata de la posibilidad de que una organización criminal ayude a construir gobiernos y luego cobre con control territorial, impunidad y cargos estratégicos. Esa es la acusación de fondo.
El expediente de Nueva York no prueba todavía culpabilidades, pero sí coloca una pregunta incómoda sobre la mesa: ¿cuánto poder real puede conservar una democracia cuando grupos criminales presuntamente intervienen en elecciones, mandos policiales, fiscalías y gobiernos municipales?
La respuesta no se resuelve en tribunales estadounidenses ni en conferencias mañaneras. Se resuelve con investigaciones serias, expedientes públicos, responsabilidades políticas y una depuración institucional que México ha prometido muchas veces y aplicado muy pocas.
Por ahora, la acusación deja una postal difícil de ignorar: Sinaloa no aparece sólo como territorio del cártel, sino como escenario de una presunta negociación entre poder público y crimen organizado. Y si esa postal se confirma, el daño no será únicamente para un gobernador o un partido. Será para la idea misma de que el Estado todavía manda donde dice mandar.