La inversión privada avanza rumbo al Mundial, pero Teotihuacán exhibió una falla crítica: México no puede improvisar seguridad.
La derrama ya está en marcha
Faltan pocas semanas para que el Mundial vuelva a poner a México bajo los reflectores internacionales. La expectativa económica es enorme: para la Ciudad de México, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México estima una derrama de 26,280 millones de pesos, con la llegada de 1.1 millones de turistas, un gasto promedio de 22,500 pesos por visitante y la posible generación de hasta 90,000 empleos.
Hoteles, restaurantes, comercios, servicios de transporte, agencias, marcas y empresas de entretenimiento ya se preparan para una temporada de alta actividad. El sector privado hizo cálculos, comprometió recursos y apostó por una oportunidad histórica. La pregunta ahora es si el Estado mexicano está haciendo la misma tarea en seguridad, justicia, infraestructura y gestión de riesgos.
El Mundial no será sólo una fiesta deportiva. También será una prueba de coordinación institucional, capacidad preventiva y confianza pública. En ese terreno, el ataque ocurrido en Teotihuacán encendió una alerta difícil de minimizar.
Teotihuacán: la advertencia que llegó antes
El 20 de abril, un hombre armado subió a la Pirámide de la Luna y abrió fuego contra visitantes. Murió una turista canadiense y 13 personas resultaron heridas. Las investigaciones apuntaron a que el agresor actuó solo, pero planeó el ataque con anticipación.
El caso golpeó de inmediato la imagen turística del país, pero su gravedad va más allá del hecho criminal. Teotihuacán no es un sitio menor: es uno de los espacios arqueológicos más visitados de México, con presencia constante de turistas nacionales y extranjeros, y con un valor simbólico central para la identidad cultural del país.
La respuesta posterior incluyó refuerzos, revisiones más estrictas, instalación de arcos detectores y una inversión de 30 millones de pesos que el INAH vinculó con mejoras integrales en Teotihuacán. La cifra, sin embargo, abrió una polémica pública: primero se leyó como un gasto desproporcionado en equipos de revisión; después, el instituto aclaró que el monto cubría obras y adecuaciones más amplias. En cualquier caso, el debate central permanece: la prevención llegó después de la tragedia.
El problema no es sólo cuánto costaron los arcos, sino el orden de las prioridades. Si un sitio con más de 260 hectáreas, miles de visitantes y alta visibilidad internacional necesitaba controles de acceso, el gasto debió evaluarse antes del ataque, no como respuesta de emergencia. La rendición de cuentas debe explicar dos cosas: qué se compró con los 30 millones y por qué esas medidas no formaban parte de un protocolo preventivo desde antes.
“Porque nunca había pasado antes”
La frase presidencial que siguió al ataque sintetizó el problema: no se había previsto porque “nunca había pasado antes”. Para Sergio Díaz, socio director de VESTIGA CONSULTORES, esa lógica revela una falla estructural en la gestión pública del riesgo.
“En una frase presidencial, se encapsuló la gravedad de la falta de previsión de riesgos del Estado mexicano”, comenta Díaz. Desde su perspectiva, el Estado existe, entre otras razones, para proveer seguridad y anticipar amenazas razonables, no sólo para reaccionar cuando el daño ya ocurrió.
“Eso es una falla que no puede permitirse en instituciones de un Estado, el cual existe, en principio, para proveer seguridad a los ciudadanos y uno de los elementos de esa seguridad es la identificación y manejo de riesgos”, advierte.
El punto es sensible porque Teotihuacán reunía varios factores evidentes: alta afluencia, valor simbólico, visitantes extranjeros, espacios abiertos, accesos múltiples y una exposición internacional creciente por el contexto mundialista. En materia de seguridad, esos elementos obligan a trabajar con escenarios, no con antecedentes. La gestión de riesgos no consiste en adivinar el futuro, sino en no ignorar las señales presentes.
La confianza empresarial ya venía deteriorada
El ataque tampoco ocurrió en un vacío. El Monitoreo de Percepciones Empresariales de VESTIGA CONSULTORES ya venía documentando un ambiente de preocupación entre quienes toman decisiones de inversión en México.
Según esos datos, 90% de las empresas considera que la corrupción ha disminuido poco, nada o incluso ha aumentado bajo la administración actual. Además, 74% la percibe como un factor que afecta su operación cotidiana y casi 80% tiene escasa o nula confianza en que la situación mejore durante los próximos tres años.
“La corrupción es una variable que se torna en un elemento distorsionador contra la competitividad, calidad y rentabilidad de las empresas y, a la larga, también afecta al conjunto de la economía nacional”, advierte Sergio Díaz.
La corrupción no sólo encarece trámites o vuelve más lenta la operación diaria. También deteriora la planeación. Una empresa que no confía en permisos, contratos, inspecciones, tribunales o autoridades invierte con cautela, pospone decisiones o reduce su exposición. En un año mundialista, esa fragilidad se vuelve más visible porque el país necesita operar con precisión, no con improvisación.
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Justicia débil, inversión contenida
El sistema de justicia tampoco mejora el panorama. A seis meses de la reforma judicial, 65% de los tomadores de decisión empresarial no percibe cambio alguno en la impartición de justicia; 27% considera que la situación empeoró; y 81% declara tener poca o nula confianza en la Suprema Corte.
Para 8 de cada 10 empresarios, la calidad del Poder Judicial incide directamente en sus decisiones de inversión. En palabras de Díaz, “las empresas pudieran invertir más y no lo hacen justamente por ello”.
El dato ayuda a explicar otra cifra crítica: sólo 15% de las organizaciones tiene planes concretos de inversión para este año. En un país que necesita crecimiento, empleo formal y capital productivo, la falta de certeza judicial se convierte en un freno silencioso. No siempre aparece como crisis abierta, pero influye en decisiones de expansión, contratación, relocalización y financiamiento.
Seguridad: beneficio de la duda, no cheque en blanco
Hay, sin embargo, un matiz importante. El sector privado no ha roto por completo con la expectativa de mejora en seguridad. De acuerdo con el monitoreo de VESTIGA, 51% de los empresarios percibe que la seguridad para sus operaciones ha mejorado respecto al sexenio anterior y 56% confía en que la estrategia actual dará resultados.
Ese dato muestra que el gobierno aún conserva margen de credibilidad frente a una parte relevante del empresariado. Pero ese beneficio de la duda no equivale a un cheque en blanco. Menos aún cuando el presupuesto de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana enfrenta un ajuste a la baja para 2026, justo en el año en que México recibirá una exposición turística, mediática y logística extraordinaria.
“No es cosa menor la percepción de seguridad. En las empresas, se traduce en decisiones que impactan el ciclo económico: se invierte o no, y si se invierte, cómo, cuánto, cuándo y dónde. En México, con un muy bajo crecimiento económico, urgen los resultados en este aspecto —sin exagerar— de vida o muerte”, concluye Díaz.
El Mundial exige algo más que entusiasmo
El Mundial puede dejar estadios llenos, hoteles ocupados y restaurantes con alta demanda. Pero también puede exponer fallas acumuladas en coordinación, prevención, movilidad, seguridad pública, servicios turísticos y respuesta institucional.
La derrama económica proyectada para la Ciudad de México confirma que el sector privado ya apostó por el evento. Pero el verdadero éxito dependerá de algo más complejo que vender cuartos de hotel o llenar zonas turísticas: México necesita demostrar que puede proteger a visitantes, trabajadores, comercios y comunidades anfitrionas.
Teotihuacán dejó una lección incómoda: no basta con reforzar después. En un país que recibirá a miles de visitantes internacionales, cada punto turístico, cada sede, cada zona de concentración y cada ruta crítica exige análisis de riesgo, protocolos visibles, coordinación efectiva y capacidad de reacción.
La información ya existe. Hay encuestas de victimización, reportes empresariales, diagnósticos sobre corrupción, alertas sobre justicia y antecedentes de violencia en espacios públicos. La pregunta no es si alguien podía saberlo. La pregunta es qué se decidió hacer con ello.
De eso se trata la gestión de riesgos: no de vivir bajo alarma permanente, sino de invertir a tiempo para que la confianza no dependa de la suerte.