La integridad ya es parte del costo país
La corrupción dejó de ser un tema reservado a discursos públicos, auditorías internas o promesas de campaña. Hoy pesa sobre decisiones de inversión, operaciones financieras, cadenas de suministro, justicia, deporte, comercio internacional y reputación corporativa.
En ese contexto, la International Chamber of Commerce México (ICC México) realizará el próximo 7 de mayo su VII Congreso Internacional Anticorrupción, un encuentro que reunirá en el país a especialistas, autoridades y representantes del sector privado para discutir cómo enfrentar un problema que ya no se mide sólo por la existencia de leyes, sino por la capacidad real de aplicarlas.
El foro llega en un momento delicado para México. La exigencia global de transparencia crece, las empresas enfrentan más obligaciones de compliance y los inversionistas observan con lupa la certeza jurídica, la independencia institucional y la capacidad del Estado para sancionar prácticas indebidas.
Un foro con lectura internacional
El Congreso tendrá un componente particularmente relevante: la presencia de representantes del Departamento de Justicia de Estados Unidos, el Federal Bureau of Investigation y el Departamento del Tesoro, actores centrales en la aplicación de normas anticorrupción con alcance internacional.
Entre los participantes se contempla a David Fuhr, jefe de la Unidad Foreign Corrupt Practices Act del Departamento de Justicia de Estados Unidos; Clayton Solomon, fiscal federal especializado en la materia, y Darío Duarte, representante del programa anticorrupción del FBI en México.
Su presencia no es menor. La Foreign Corrupt Practices Act ha sido durante décadas una de las principales herramientas de Estados Unidos para perseguir sobornos relacionados con funcionarios extranjeros. Aunque en 2025 el Departamento de Justicia ajustó sus prioridades de aplicación, las nuevas directrices no eliminan el riesgo para las empresas: lo concentran en casos que involucren crimen organizado transnacional, afectación a compañías estadounidenses, infraestructura estratégica, seguridad nacional o esquemas de corrupción sofisticados.
Eso coloca a México en una posición sensible. Por su integración comercial con Estados Unidos y Canadá, por el peso del T-MEC y por la presencia de empresas multinacionales, los riesgos de corrupción ya no se quedan dentro de las fronteras nacionales.
FCPA, FEPA y una nueva presión sobre empresas
Uno de los ejes del encuentro será la evolución de la Foreign Corrupt Practices Act y su relación con la Foreign Extortion Prevention Act, norma que apunta al otro lado del soborno: no sólo a quien paga, sino también a funcionarios extranjeros que solicitan, aceptan o acuerdan recibir pagos indebidos.
Ese cambio importa para compañías que operan en América Latina. La línea entre “gestión local”, intermediación, favores, pagos de facilitación y soborno puede volverse un riesgo legal real cuando una operación toca bancos, transferencias, proveedores, contratos públicos o empresas con vínculos en Estados Unidos.
Para las empresas mexicanas, el mensaje es claro: los programas de integridad ya no pueden quedar como manuales de buenas intenciones. Deben traducirse en controles internos, auditorías, trazabilidad de pagos, debida diligencia de terceros, canales de denuncia y capacidad de documentar decisiones.
México, entre el discurso y la desconfianza
El foro también ocurre cuando México enfrenta una presión reputacional evidente. En el Índice de Percepción de la Corrupción 2024 de Transparencia Internacional, el país cayó al lugar 140 de 180 países, con 26 puntos sobre 100, su calificación más baja registrada en ese indicador.
La cifra no prueba por sí sola un caso concreto, pero sí refleja un problema de confianza. Para inversionistas, bancos, socios comerciales y organismos multilaterales, la corrupción no sólo implica pagos ilegales; también significa incertidumbre en permisos, litigios, compras públicas, competencia económica, fiscalización, seguridad y cumplimiento contractual.
El costo puede aparecer de muchas formas: proyectos detenidos, primas de riesgo más altas, mayores gastos legales, investigaciones transfronterizas, pérdida de financiamiento o exclusión de cadenas globales de proveeduría.
El T-MEC como marco de presión
El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá incorporó un capítulo anticorrupción que obliga a los tres países a mantener medidas para prevenir y combatir sobornos y corrupción relacionados con comercio e inversión.
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Esto no convierte automáticamente cada irregularidad en un conflicto comercial, pero sí eleva el estándar regional. Las empresas que participan en cadenas de suministro de Norteamérica enfrentan cada vez más controles sobre origen de recursos, contratación de terceros, pagos a funcionarios, registros contables y mecanismos internos de prevención.
En otras palabras: la integridad ya forma parte de la competitividad. Una compañía puede tener precio, capacidad técnica y experiencia, pero si no puede demostrar controles anticorrupción, pierde atractivo frente a socios que sí deben rendir cuentas ante reguladores, consejos de administración, fondos internacionales o autoridades extranjeras.
Autoridades mexicanas bajo escrutinio
El programa también contempla la participación de perfiles mexicanos vinculados a fiscalización, justicia administrativa y seguridad. Entre ellos se menciona a Aureliano Hernández Palacios Cardel, titular de la Auditoría Superior de la Federación; Natalia Téllez Torres Orozco, Magistrada de la Sala Anticorrupción del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; Ana María Ibarra Olguín, Magistrada del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, y Rodrigo Martínez-Celis Wogau, Director Ejecutivo de Seguridad de FIFA México.
Su inclusión abre una discusión necesaria: México no sólo necesita mejores reglas, sino instituciones capaces de hacerlas cumplir sin discrecionalidad, opacidad ni uso político.
La agenda incluye temas como el escándalo de corrupción en FIFA, tendencias FCPA y FEPA, riesgos geopolíticos en América Latina, la reforma judicial y casos recientes vinculados con el sistema financiero, como lo ocurrido con CIBanco, Intercam y Vector.
Mundial 2026: integridad bajo reflectores
La participación de Rodrigo Martínez-Celis Wogau agrega otra capa al debate. México será sede del Mundial 2026 junto con Estados Unidos y Canadá, y ese tipo de eventos exige protocolos de seguridad, contratación, logística y mitigación de riesgos con estándares internacionales.
Después de los escándalos que sacudieron a FIFA, el deporte profesional se convirtió en una advertencia global sobre cómo la corrupción puede infiltrarse en derechos de transmisión, patrocinios, infraestructura, asignación de sedes y contratos asociados.
Para México, el Mundial no sólo será una vitrina deportiva. También será una prueba de coordinación institucional, transparencia operativa y capacidad de prevenir conflictos de interés en un evento de enorme visibilidad.
El punto de fondo: confianza verificable
El VII Congreso Internacional Anticorrupción de ICC México se perfila como un espacio técnico, pero el fondo es político y económico: cómo construir confianza verificable en un país donde la percepción de corrupción sigue afectando la credibilidad institucional.
La integridad no se decreta. Se demuestra con expedientes, sanciones, controles, transparencia, trazabilidad y consecuencias reales.
En un entorno donde las empresas compiten por inversión, financiamiento y acceso a mercados, la corrupción ya no funciona sólo como un problema moral. Es un factor de riesgo. Y para México, reducirlo será clave si quiere sostener su papel en Norteamérica, aprovechar el reacomodo de cadenas productivas y evitar que la promesa de inversión choque otra vez con la desconfianza.