El cobro de piso alcanzó la Reserva de la Mariposa Monarca: guías y negocios pagan cuotas al crimen mientras el bosque se degrada y la autoridad se deslinda.
Santuario natural atrapado por el cobro de piso
La Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca, reconocida por la UNESCO y celebrada en el mundo como uno de los espectáculos migratorios más espectaculares del planeta, vive una realidad que pocas veces aparece en los folletos turísticos: el cobro de “derecho de piso”.
Guías locales, hoteleros, productores y comerciantes de la zona relatan que deben entregar cuotas periódicas a grupos criminales para poder trabajar. Quien se niega enfrenta amenazas, bloqueos de caminos o el simple cierre de sus accesos al bosque.
Mientras las mariposas siguen llegando cada invierno, la vida cotidiana en los ejidos que sostienen al santuario se organiza cada vez más según las reglas de la extorsión, no de la conservación.
El crimen que marcó al bosque: el caso de Homero Gómez González
El 14 de enero de 2020, el país volteó hacia los bosques de oyamel no por la belleza de las mariposas, sino por la desaparición de Homero Gómez González, uno de los defensores más visibles del santuario El Rosario. Nueve días después, su cuerpo apareció sin vida, con signos de violencia, en un estanque de la región. La causa de su muerte sigue sin aclararse plenamente; la versión oficial habló de ahogamiento, mientras que familiares y organizaciones han insistido en que hubo señales de tortura y responsabilidad de redes criminales vinculadas a la tala y al negocio del aguacate.
En esas horas de incertidumbre, la familia de Homero Gómez recibió llamadas de extorsión: desconocidos aseguraban tenerlo secuestrado y exigían dinero para liberarlo. Investigaciones periodísticas han documentado que esas llamadas no provenían de quienes se lo llevaron, sino de grupos que aprovecharon el miedo para sacar provecho económico.
Para las comunidades, el mensaje fue brutal: si un líder respetado, capaz de poner en la agenda nacional la defensa del bosque, podía desaparecer y morir sin justicia, cualquiera estaba desprotegido. Activistas locales señalan que, tras su asesinato, la sensación de vulnerabilidad creció, y con ella el poder de quienes cobran piso y controlan el territorio.
Tala ilegal y expansión criminal: el bosque bajo presión
Desde hace dos décadas, la Reserva de la Mariposa Monarca enfrenta una doble amenaza: el cambio climático y la degradación del bosque. Informes conjuntos de la Conanp y WWF muestran que, aunque en la temporada 2024–2025 la superficie ocupada por las colonias de mariposas se duplicó hasta alrededor de 1.79 hectáreas, la recuperación es frágil y la tala clandestina sigue presente en la zona núcleo y su área de influencia.
Entre abril de 2023 y febrero de 2024 se afectaron más de 3.7 hectáreas de bosque en la zona núcleo, de las cuales alrededor de 2.5 hectáreas se atribuyeron directamente a tala ilegal. En predios de influencia de la reserva se han documentado cambios de uso de suelo para huertas de aguacate y limón, clausurados después de que el daño ya estaba hecho.
Organizaciones comunitarias apuntan a un mismo patrón: las redes que talan o cambian el uso de suelo sin permiso son las mismas que fijan cuotas a los negocios locales y a quienes operan el turismo de naturaleza. Donde antes se discutía cuántas personas soportaba el bosque sin dañarlo, ahora se discute cuánto se tiene que pagar para poder abrir un puesto de comida, rentar caballos o operar un transporte comunitario hacia los santuarios.
Extorsión: un sistema económico paralelo
La extorsión no es exclusiva de los bosques de Michoacán, pero allí se cruza con uno de los símbolos ambientales más importantes del país. A nivel nacional, las víctimas de extorsión alcanzaron niveles récord en 2025, con miles de casos registrados oficialmente y una cifra negra cercana al 97 %, según encuestas de victimización. En la práctica, eso significa que por cada denuncia hay decenas de víctimas que optan por callar por miedo a represalias.
En Michoacán, las carpetas de investigación por extorsión rondan las 300 sólo en los primeros meses de 2025, un aumento de más de 20 % respecto al año anterior. El dato parece contradictorio con mensajes oficiales que presumen una reducción en las denuncias a lo largo del año, pero especialistas recuerdan que las cifras dependen tanto de la incidencia real como de la disposición de la gente para acudir al Ministerio Público.
En regiones como Tierra Caliente, la costa y varios pueblos catalogados como Pueblos Mágicos, se ha documentado la presencia de grupos como Los Viagras, La Familia Michoacana, el Cártel Jalisco Nueva Generación y Cárteles Unidos. Sus métodos se repiten: cobran al transporte, al comercio, a la producción agrícola y al turismo. La Reserva de la Mariposa Monarca no es la excepción: quien organiza tours, vende comida, renta cabañas o participa en eventos comunitarios enfrenta presiones para entregar una parte de sus ingresos.
La consecuencia es un sistema económico paralelo en el que buena parte de la derrama turística no llega a las comunidades ni a la conservación. Se diluye en pagos informales, amenazas y “cuotas” impuestas por quienes dominan el territorio armado en mano.
El turismo que paga dos veces
En 2024, Michoacán recibió más de 10 millones de turistas y visitantes, con una derrama superior a 14,000 millones de pesos. Una parte importante de ese flujo se concentra en temporadas clave: la visita a los santuarios de la mariposa, las fiestas decembrinas, la Noche de Muertos y otros eventos culturales.
Para las familias que viven del turismo, la ecuación se ha vuelto perversa. Además de asumir costos de operación, permisos, mantenimiento de caminos y servicios básicos, tienen que pagar extra para no ser hostigadas. Guías locales relatan que las cuotas se presentan como “cooperaciones” obligatorias para “seguridad”, pero en realidad se trata de extorsión pura y simple.
Si se toma como referencia la derrama turística reportada por el propio gobierno estatal, un 10 % equivaldría a alrededor de 1,424 millones de pesos que se pierden en la economía criminal. Es dinero que podría financiar al menos tres hospitales generales de tamaño medio, fortalecer clínicas rurales o invertirse en infraestructura hídrica y ambiental en la región.
En cambio, ese flujo termina reforzando el control territorial de los grupos delictivos, alimentando una espiral donde el turismo financia, sin quererlo, la violencia que lo pone en riesgo.
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Familias entre la mariposa y el miedo
En los ejidos y comunidades cercanas a los santuarios, el cobro de piso no sólo golpea el bolsillo. También reordena la forma en que se toman decisiones.
Hay familias que prefieren no ampliar su negocio para no llamar la atención. Otras cierran en temporadas bajas porque la cuota ya no se justifica. Algunas más optan por migrar: dejar el bosque y buscar trabajo en ciudades cercanas o en Estados Unidos.
La normalización de la extorsión también impacta la conservación. Cuando el mensaje es que quienes cuidan el bosque y promueven el turismo responsable pueden ser asesinados, como ocurrió con Homero Gómez, la motivación para permanecer en la defensa ambiental disminuye. Quienes se quedan lo hacen en un clima de miedo, fragmentación comunitaria y desconfianza hacia las autoridades.
Planes federales y estatales: una respuesta que no alcanza
Con el asesinato del alcalde de Uruapan y otros hechos de alto impacto, el gobierno de Claudia Sheinbaum lanzó el “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, un operativo de seguridad que suma más de 10,000 elementos federales y promete inversiones millonarias en infraestructura y programas sociales. El documento oficial habla de combatir la extorsión, fortalecer la denuncia anónima y atacar las finanzas de los grupos criminales.
Sin embargo, a nivel local, guías, comerciantes y transportistas señalan que todavía no ven una estrategia clara sobre el cobro de piso en zonas turísticas y áreas naturales protegidas. La percepción es que el despliegue militar se concentra en carreteras, ciudades grandes y puntos de alto perfil, mientras que la extorsión cotidiana en comunidades rurales sigue prácticamente intacta.
El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla presume cifras récord de visitantes y derrama económica, pero rara vez habla de cuánto de ese dinero termina en manos del crimen organizado. La narrativa oficial prioriza el éxito turístico sobre la discusión incómoda del cobro de piso.
En paralelo, la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, y la titular de Profepa, Mariana Boy, enfrentan críticas de organizaciones ambientales que consideran insuficiente la vigilancia en áreas protegidas. La Profepa ha anunciado clausuras de predios talados para aguacate dentro o en la zona de influencia de la reserva, pero muchas veces llega cuando el bosque ya fue derribado y el daño ecológico es irreversible.
El resultado es una paradoja: mientras la mariposa monarca muestra signos de recuperación en superficie ocupada gracias a esfuerzos binacionales y comunitarios, el territorio donde hiberna sigue bajo disputa entre comunidades, especuladores de tierra, talamontes y grupos delictivos.
Precios más altos, turismo más frágil
El impacto económico del cobro de piso también se refleja en los bolsillos de los visitantes. En varias regiones de Michoacán, los precios de productos, servicios y tours se han incrementado hasta 35 % en los últimos años.
Parte de ese aumento responde a la inflación y a mayores costos de operación, pero otra parte está ligada a las cuotas ilegales. Restaurantes, hoteles pequeños, transportistas y prestadores de servicios turísticos trasladan a sus tarifas una fracción del dinero que entregan a los grupos criminales.
El encarecimiento afecta el flujo de visitantes nacionales, especialmente de quienes viajan con presupuestos limitados. Cuando el viaje a los santuarios deja de ser accesible, las familias eligen otros destinos. Los negocios cierran, la economía local se contrae y la presión sobre quienes permanecen aumenta.
El círculo vicioso es evidente: menos turismo formal significa más espacio para la economía ilegal y menos recursos para conservación, servicios públicos y proyectos comunitarios.
¿Qué se necesita para romper el círculo?
El futuro de la Reserva de la Mariposa Monarca no depende sólo de que siga habiendo mariposas en el cielo, sino de lo que ocurra en el suelo.
Especialistas en seguridad y medio ambiente insisten en varios puntos mínimos:
- Reconocer públicamente el impacto del cobro de piso en el sector turístico y en las áreas naturales protegidas.
- Fortalecer mecanismos de denuncia segura y anónima que realmente protejan a quienes reportan extorsión.
- Alinear las estrategias de seguridad con políticas ambientales: donde hay tala ilegal y cambio de uso de suelo sin permiso, casi siempre hay extorsión y lavado de dinero.
- Destinar parte de la derrama turística a fondos transparentes que se traduzcan en vigilancia comunitaria, programas de conservación y proyectos productivos que no dependan del crimen.
- Acompañar a las comunidades en procesos de organización y protección de defensores ambientales, para que nadie tenga que elegir entre cuidar el bosque o cuidar su vida.
Mientras estas piezas no se articulen, la mariposa monarca seguirá llegando cada invierno a un territorio donde el crimen dicta las reglas más que las leyes ambientales. Un santuario pensado para la vida seguirá funcionando bajo la lógica de la extorsión.