Mientras Hidalgo vivió destrucción, Veracruz, Puebla y Querétaro también registraron tragedias. Las omisiones estatales no fueron cosa de un solo estado.
Lluvias previstas, respuesta tardía
Desde días antes del temporal, el gobernador Julio Menchaca advirtió que, aunque el huracán Priscilla no impactaría directamente a Hidalgo, se esperaban lluvias intensas. Hizo un llamado a la población para “extremar precauciones”.
Pero ese llamado no bastó. Cuando las lluvias comenzaron el 8 de octubre, ya era demasiado tarde para muchas comunidades. Casas fueron arrastradas, caminos colapsaron y decenas de personas quedaron sin acceso a rescate.
Aunque el gobierno de Hidalgo reportó oficialmente 16 personas fallecidas, medios como El Universal y OEM señalaron que la cifra real podría ser de al menos 22 muertos, mientras AP News informó que Hidalgo encabezaba la lista nacional con el mayor número de víctimas mortales. Además, organizaciones locales como el Movimiento Antorcha Campesina denunciaron fallecimientos no contabilizados en comunidades como Zacualtipán, donde murieron tres personas —incluidos dos menores— a causa de derrumbes.
A esto se suman más de 1,200 viviendas dañadas, 308 escuelas afectadas, 90 comunidades incomunicadas y 71 caminos colapsados, según reportes recopilados por El País, Milenio y La Jornada. Limitarse a las cifras oficiales no sólo invisibiliza el dolor de comunidades golpeadas por años de abandono, sino que encubre la verdadera magnitud de una catástrofe anunciada.
Zonas olvidadas: el rostro del abandono
Los municipios más afectados fueron Pisaflores, Tepehuacán de Guerrero, Tlanchinol, Chapulhuacán, Huehuetla, San Bartolo Tutotepec, Tenango de Doria y Tianguistengo, todos con antecedentes de alta vulnerabilidad por su ubicación geográfica y pobreza estructural.
En estas zonas, los desbordamientos de ríos, los deslaves y la caída de puentes no sorprendieron a nadie… excepto al gobierno. Habitantes de la Sierra Alta y la Sierra Otomí‑Tepehua llevaban años advirtiendo el deterioro de caminos y drenajes sin respuesta concreta de las autoridades.
“La tragedia no fue natural, fue por abandono”, reclamaron vecinos en redes sociales, al difundir imágenes de carreteras rotas, casas derrumbadas y comunidades atrapadas por lodo.
Un desastre nacional
Lo ocurrido en Hidalgo no fue un caso aislado. En las mismas fechas, las lluvias golpearon con fuerza otras entidades del país:
- En Puebla, el gobernador Sergio Salomón Céspedes confirmó 9 muertos y 13 desaparecidos, principalmente en comunidades de la Sierra Norte como Huehuetla y Cuetzalan. Más de 80 mil personas resultaron afectadas y varias localidades quedaron sin luz ni agua.
- En Veracruz, el desbordamiento del río Cazones causó estragos en ciudades como Poza Rica y Tihuatlán. Se reportaron al menos 18 muertos, 5,000 viviendas dañadas y más de 900 evacuados. Un agente policial murió al intentar rescatar a personas atrapadas por la corriente.
- En Querétaro, las autoridades reportaron la muerte de un niño arrastrado por un deslave en Pinal de Amoles, municipio enclavado en la Sierra Gorda.
En total, el gobierno federal y medios internacionales como Reuters y AP News informaron que las lluvias dejaron al menos 44 personas muertas y 27 desaparecidas en cuatro estados. Más de 139 municipios fueron declarados en emergencia.
¿Se pudo evitar?
Los fenómenos meteorológicos no pueden evitarse, pero sí se pueden prever y gestionar con anticipación. En este caso, los modelos climáticos advirtieron con claridad la posibilidad de lluvias intensas en el centro y oriente del país.
La Conagua, el Servicio Meteorológico Nacional y los gobiernos estatales emitieron alertas. Sin embargo, eso no se tradujo en evacuaciones preventivas, distribución de víveres ni reforzamiento de la infraestructura crítica.
Tampoco hubo una coordinación efectiva entre los estados, pese a que las lluvias afectaron una misma región. Cada entidad actuó de forma aislada, con protocolos que llegaron tarde o no llegaron.
Silencio y omisiones institucionales
Hasta ahora, ninguna Contraloría estatal ni el Congreso de Hidalgo han iniciado auditorías públicas o comisiones especiales para investigar las omisiones de sus autoridades. Tampoco se ha documentado una revisión a fondo del uso de los recursos de emergencia.
En septiembre, la propia Contraloría de Hidalgo detectó irregularidades en 370 obras públicas, lo que agrava las sospechas sobre la fragilidad de la infraestructura que colapsó días después.
Las zonas más afectadas son, además, las más marginadas. Y en ese patrón se repite una constante nacional: donde hay pobreza, hay más riesgo. Y donde hay más riesgo, hay menos presencia del Estado.
El costo de no actuar
El desastre que dejó más de 40 muertos en cuatro estados no fue sólo producto de la naturaleza, sino también del abandono histórico, la gestión improvisada y la opacidad de las cifras oficiales.
Mientras los gobiernos estatales dan ruedas de prensa, las comunidades siguen limpiando el lodo a mano. Mientras las cifras se ajustan, familias entierran a sus muertos. Y mientras los funcionarios prometen obras futuras, el país entero vuelve a preguntarse:
¿qué habría pasado si se hubiera actuado antes? responsabilidad. Porque reconocer fallas no debilita la gobernabilidad: la fortalece.
Fuentes consultadas
- Milenio – Reporte oficial de daños y muertos en Hidalgo
- El Universal – Balance de víctimas tras las lluvias
- OEM – Cifra de muertos y recursos destinados
- AP News – Reporte nacional de víctimas por lluvias
- Infobae – Daños en la Sierra Alta y comunidades incomunicadas
- El País – Cobertura nacional sobre las lluvias e impactos
- Animal Político – Reporte independiente sobre comunidades afectadas
- La Jornada Hidalgo – Advertencias previas de Protección Civil