El gobierno presume un “récord histórico” de empleos con repartidores y choferes de apps en el IMSS, pero en realidad es sólo un cambio de estatus laboral.
Nueva regulación, viejos dilemas
En un paso celebrado como histórico, el Gobierno federal anunció que al 31 de julio de 2025 ya 1,291,365 trabajadores de plataformas digitales, como Uber, Rappi y Didi, fueron registrados ante el IMSS y ahora cuentan con prestaciones legales. Claudia Sheinbaum proclamó que esta reforma termina con la precarización neoliberal: “Antes eran ‘socios’ sin derechos… hoy tienen acceso a pensiones, atención médica, guarderías y vivienda”.
La subsecretaria Quiahuitl Chávez recordó que la reforma a la Ley Federal del Trabajo, en vigor desde junio, obliga a las plataformas a afiliarlos desde el primer día, respetando flexibilidad y elección de horario.
Beneficios legítimos… ¿y a qué costo?
- La claridad regulatoria brinda un marco legal sólido —como enfatiza Jesús Moscoso— permitiendo evitar sanciones y ordenar procesos internos de las plataformas.
- La formalización combate la informalidad: más del 55 % de la población activa estaba en ese sector y ahora podría revertirse esta tendencia.
Sin embargo, el anuncio se ha presentado como un incremento en el número de empleos formales, cuando en realidad no se crearon plazas nuevas. Estos trabajadores ya realizaban la misma actividad; lo único que cambió es su estatus administrativo. El propio IMSS habló de “récord histórico” al rebasar los 23.59 millones de empleos formales, pero se trata de una maniobra estadística que engorda el padrón sin generar actividad económica adicional.
Los retos en la práctica
- Costos operativos: prestaciones, guarderías, aguinaldo, vacaciones y seguridad social implican más gasto. Rappi y otras plataformas ya insinúan ajustes de tarifas que podrían encarecer el servicio y reducir la demanda.
- Menos autonomía: aunque la ley promete flexibilidad, en la práctica los repartidores deberán cumplir ciertos mínimos de ingresos u horas para acceder a beneficios plenos. Esto puede transformarse en obligaciones disfrazadas.
- Cobertura desigual: quienes no alcancen el salario mínimo mensual sólo tendrán protección por accidentes y deberán afiliarse voluntariamente al IMSS para tener más prestaciones.
- Resistencia cultural y logística: no todos los trabajadores quieren formalizarse, y la supervisión del cumplimiento en todo el país es un reto mayúsculo.
¿Avance social o control estadístico?
En términos internacionales, México presume superar ampliamente a Chile, EE.UU. y España en la cobertura de este sector. Pero la pregunta de fondo es: ¿mejora real de las condiciones laborales o un ajuste para mostrar mejores cifras?
Si la formalización no viene acompañada de mejoras tangibles en ingresos, protección efectiva y capacidad real de elección, el riesgo es que esta “histórica” reforma se convierta en un simple maquillaje numérico con fuerte carga política.
Al final del día…
Formalizar a más de 1.29 millones de repartidores y choferes es un paso relevante para reconocer sus derechos. Sin embargo, llamarlo “creación de empleos” distorsiona la realidad: no es un motor de empleo, sino un cambio en la contabilidad laboral. El verdadero reto será comprobar si la promesa de seguridad social y derechos plenos se sostiene en el día a día… o si la cifra se queda como trofeo estadístico de la 4T.