Por Guillermo Aguilera Lozano
- Publicas en TikTok un video de una protesta contra el gobierno en tu ciudad y mientras estás documentando en la grabación aparece la policía cometiendo un acto ilegal . La plataforma podría recibir una orden de bajar el video y entregar tus datos personales a las autoridades.
- Compartes en Facebook una entrevista hecha por un medio argentino sobre desapariciones forzadas en México. El video incluye críticas al gobierno mexicano. Tu publicación podría ser considerada “propaganda extranjera” y, por tanto, bloqueada.
- Subes a YouTube un podcast donde un experto español analiza el papel del ejército en tareas civiles en México. Aunque es información pública y análisis académico, la autoridad podría interpretarlo como un intento de “influencia externa” y presionar para censurarlo.
Estos ejemplos no son exageraciones. Son escenarios posibles si las reformas a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión —ya avaladas por el Senado y la Presidencia— se aprueban en sus términos actuales.
La base informativa de este artículo se construyó a partir del seguimiento exhaustivo realizado por la periodista Leticia Robles de la Rosa (@letroblesrosa) en Excélsior, quien ha documentado en detalle las discusiones legislativas, los cambios propuestos y los puntos más controversiales de esta reforma. Su trabajo permite dimensionar los impactos potenciales que podrían tener estas modificaciones sobre la libertad de expresión en México.
Cambios que no suenan bien
Las modificaciones propuestas a la Ley Telecom han sido presentadas como un reordenamiento técnico para redistribuir las funciones del extinto IFT. Pero al revisar el contenido, emergen elementos que podrían afectar gravemente la libertad de expresión y el acceso democrático a las plataformas digitales.
Entre los puntos más alarmantes están:
Obligan, sin garantías, a las plataformas
Las nuevas reglas permitirían que el Estado exija a redes sociales, servicios de mensajería y plataformas de contenido entregar datos personales y remover publicaciones en el contexto de investigaciones criminales. Pero no se detallan criterios, límites ni vías de defensa para los usuarios.
Cualquier autoridad podría ordenar la eliminación de contenidos y la entrega de información personal con base en acusaciones amplias, sin necesidad de orden judicial previa.
Prohibiciones ambiguas a contenidos “extranjeros”
La reforma mantiene restricciones para que medios no transmitan propaganda, ideología o publicidad relacionada con gobiernos extranjeros. Aunque suena razonable en términos de soberanía, la redacción es tan vaga que podría afectar contenidos legítimos y críticos.
Un reportaje producido por la BBC o France 24 sobre crisis humanitarias o corrupción podría ser considerado “intervención extranjera” y censurado.
Se excluye del acceso a redes a medios comunitarios y públicos
Uno de los cambios más cuestionados establece que sólo los concesionarios comerciales podrán acceder a la interconexión con las redes de telecomunicaciones, excluyendo explícitamente a medios públicos, comunitarios y sociales. Esto significa que radios indígenas, emisoras universitarias y medios en comunidades rurales no podrán usar la infraestructura necesaria para ampliar su cobertura, quedando prácticamente marginados del ecosistema digital y sin posibilidad real de competir, crecer o llegar a nuevas audiencias.
Autocensura por miedo a sanciones
Aunque se eliminó la cláusula que imponía el “uso correcto del lenguaje”, el espíritu de vigilancia persiste. Al permitir sanciones amplias y discrecionales, el verdadero efecto puede ser una cultura de autocensura entre periodistas, activistas y ciudadanos comunes.
Si no sabes con certeza si algo será considerado “propaganda extranjera” o “afectación al interés público”, ¿te animarías a publicarlo?
Sofisticada censura
Estas reformas ocurren en un contexto de creciente concentración de poder y desconfianza hacia el ejercicio de la crítica. El riesgo no es solo legal: es político y social. El nuevo marco permitiría al Estado controlar indirectamente los contenidos, sin asumirlo como censura explícita.
El peligro no es una mordaza abierta, sino una malla invisible que inhibe, condiciona y filtra. Y quienes más lo sentirán no serán los grandes medios, sino los usuarios comunes, los creadores independientes y los proyectos comunitarios.
Se dejó lo peor de la ley
A pesar de las modificaciones menores que se hicieron en comisiones del Senado, los 10 puntos más polémicos siguen intactos, incluyendo el desequilibrio entre operadores comerciales y sociales.
Si no se corrige esta reforma, México podría dar un paso atrás en el respeto a la libertad de expresión digital, abriendo la puerta a decisiones arbitrarias, censura encubierta y desigualdad estructural en el acceso a los medios.
En tiempos de redes, hablar es poder. Limitarlo, también.
Esta reforma no sólo afecta a las plataformas, sino a todos los que usamos Internet para opinar, compartir, denunciar o simplemente participar en el debate público. Silenciar una red comunitaria es como cerrar una plaza pública; obligar a callar a un usuario es como desaparecer su voz.
Aún hay tiempo de exigir un debate abierto, con expertos, periodistas, usuarios y defensores de derechos digitales.
Porque el silencio —cuando se impone desde arriba— nunca es neutral.