En un país donde la infraestructura básica sigue siendo un anhelo para millones de mexicanos, donde escuelas rurales carecen de techos adecuados y hospitales públicos operan sin medicamentos esenciales, la cifra resulta no solo alarmante sino moralmente cuestionable: Petróleos Mexicanos (Pemex) registró pérdidas por 585 mil millones de pesos durante 2024.
Esta cantidad, que representa aproximadamente el 2% del Producto Interno Bruto nacional, no es sólo un número en los balances financieros de la petrolera estatal. Es, ante todo, un monumental costo de oportunidad para un país que sigue luchando por cerrar brechas históricas de desigualdad y rezago en servicios básicos.
Un país imaginado: lo que pudo construirse
El dinero perdido por la empresa productiva del Estado podría haber financiado una transformación estructural en sectores clave. En el ámbito del transporte, habríamos presenciado la construcción de múltiples sistemas de metro en ciudades medianas, aliviando la congestión vehicular y reduciendo tiempos de traslado para millones de trabajadores. La red ferroviaria nacional, abandonada durante décadas, habría recibido una inyección suficiente para reactivar el transporte de carga y pasajeros por todo el territorio nacional.
Con ese presupuesto, se habrían construido dos o tres líneas de ferrocarril, atendiendo a más comunidades. La infraestructura hidráulica, urgente en un país donde 12 millones de personas carecen de acceso a agua potable, podría haber experimentado una modernización sin precedentes en acueductos y sistemas de tratamiento.
En el sector energético, México podría haber acelerado dramáticamente su transición hacia fuentes renovables, instalando decenas de parques solares y eólicos que reducirían la dependencia de combustibles fósiles y disminuirían los costos energéticos para hogares y empresas.
La deuda social: educación y salud postergadas
Pero quizás donde el impacto habría sido más profundo es en los sectores sociales. En educación, el monto perdido por Pemex equivale a la construcción de entre 2,500 y 3,000 escuelas completamente equipadas, beneficiando a más de un millón de estudiantes. Se habrían podido edificar entre 20 y 25 universidades públicas de tamaño considerable, con campus, laboratorios y centros de investigación que impulsarían el desarrollo científico nacional.
La brecha digital, que la pandemia evidenció con crudeza, podría haberse reducido sustancialmente con infraestructura tecnológica que conectara a Internet a todas las escuelas públicas del país, incluyendo equipamiento y dispositivos para estudiantes en zonas marginadas.
En el ámbito de la salud, ese dinero habría permitido construir entre 40 y 50 hospitales regionales de alta especialidad, completamente equipados, con un costo aproximado de 2 a 3 mil millones cada uno. Esto representaría una mejora dramática en la cobertura de servicios médicos especializados en regiones que hoy obligan a sus habitantes a recorrer cientos de kilómetros para recibir atención.
Aproximadamente 2,000 centros de salud comunitarios habrían podido establecerse en zonas rurales y urbanas marginadas, mientras que la red hospitalaria existente habría recibido una renovación completa de su equipamiento médico, incluyendo tecnologías de diagnóstico avanzado.
Las razones detrás del desastre financiero
Las pérdidas de Pemex no son nuevas ni sorpresivas. Durante las últimas dos décadas, la empresa ha enfrentado un declive productivo sostenido, agravado por decisiones administrativas cuestionables y una falta de visión estratégica de largo plazo. La apuesta por la refinación en un contexto global que avanza hacia la descarbonización, sumada a inversiones multimillonarias como la refinería de Dos Bocas (cuyo costo final triplicó las estimaciones iniciales), han contribuido al deterioro financiero.
Diversos informes de instituciones financieras y centros de análisis económico coinciden en señalar que el modelo de negocio de Pemex se ha vuelto insostenible. Un estudio publicado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) en 2023 concluyó que la empresa opera con paradigmas empresariales obsoletos, mientras que sus competidores globales han diversificado agresivamente sus portafolios hacia energías renovables.
La carga fiscal que soporta la empresa, una de las más altas entre las petroleras estatales del mundo según datos de la OCDE, ha limitado su capacidad de reinversión. Sin embargo, análisis publicados en revistas especializadas como Oil & Gas Journal y Energy Policy coinciden en que el problema trasciende lo fiscal: la interferencia política sistemática en decisiones técnicas y la falta de autonomía de gestión han provocado ineficiencias operativas que minan la productividad.
La realidad en el terreno
Una visita a escuelas rurales en distintas regiones del país revela un patrón consistente de infraestructura deteriorada. En comunidades de la periferia de la Ciudad de México, como en la delegación de Tlalpan, existen escuelas primarias que operan con techos dañados donde el agua se filtra durante la temporada de lluvias. Los directivos escolares frecuentemente reportan la necesidad de colocar cubetas en las aulas e incluso suspender clases por las condiciones insalubres que se generan.
En el sector salud, la situación no es menos preocupante. Un recorrido por hospitales públicos en estados como Chiapas, Oaxaca y Guerrero evidencia la escasez crítica de equipamiento médico especializado. En algunas regiones, un solo tomógrafo debe dar servicio a poblaciones de cientos de miles de habitantes, generando listas de espera que se extienden por meses para pacientes con enfermedades graves como cáncer. El mantenimiento deficiente de los equipos existentes agrava aún más la situación.
Estas realidades, documentadas en múltiples informes de la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación Pública, configuran un mapa de carencias estructurales que contrasta dolorosamente con las cifras millonarias perdidas por la empresa estatal petrolera.
Debate necesario: prioridades nacionales
El debate sobre el futuro de Pemex no puede postergarse más. Con una deuda que supera los 100 mil millones de dólares según los últimos reportes financieros de la empresa, y pérdidas operativas consistentes documentadas trimestre tras trimestre, mantener el statu quo representa una sangría constante para las finanzas públicas.
Un análisis publicado recientemente por el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) plantea la cuestión central: la necesidad de redefinir prioridades nacionales ante recursos fiscales limitados. El documento señala que la disyuntiva no se reduce a la dicotomía entre privatización o control estatal, sino que involucra decisiones presupuestarias fundamentales sobre sectores prioritarios para el desarrollo nacional.
Cada peso perdido por Pemex representa, en términos de costo de oportunidad, infraestructura social no construida: escuelas, hospitales, sistemas de agua potable y otras necesidades básicas que permanecen insatisfechas en amplias regiones del país.
Hacia un nuevo contrato social
Los 585 mil millones de pesos perdidos por Pemex en 2024 no son sólo un problema contable. Representan una oportunidad desperdiciada para fortalecer el tejido social y productivo del país. En un contexto donde los recursos públicos son siempre limitados, las decisiones sobre su asignación reflejan los valores y prioridades que como sociedad decidimos privilegiar.
El verdadero desarrollo nacional requiere no sólo extraer recursos naturales, sino invertir estratégicamente en el capital humano e infraestructural que haga posible un crecimiento sostenible e incluyente. La disyuntiva entre subsidiar empresas estatales deficitarias o impulsar inversiones en educación, salud e infraestructura básica no es únicamente económica, sino profundamente ética.
Mientras el debate sigue pendiente, los 585 mil millones de pesos ya no volverán. Pero su pérdida debe, al menos, servirnos para cuestionar el rumbo y proponer alternativas. El México que pudo ser con esos recursos no está perdido para siempre; está esperando que las prioridades nacionales se reorienten hacia lo verdaderamente esencial: el bienestar de sus ciudadanos.
Este reportaje fue elaborado con información financiera oficial de Pemex y entrevistas a especialistas del sector energético, económico y social. Los cálculos sobre inversiones alternativas fueron estimados con base en costos promedios de infraestructura pública en México durante el periodo 2020-2024.