Riesgos en la privacidad: la iniciativa de ley que permite la transferencia de datos sin consentimiento
La nueva iniciativa de ley sobre transparencia y acceso a la información en México ha encendido alarmas entre defensores de derechos digitales y especialistas en protección de datos personales. La propuesta, actualmente en análisis en el Senado, permitiría la transferencia de información sin el consentimiento de los ciudadanos en diversas circunstancias, lo que podría representar un serio riesgo para la privacidad y seguridad de la población.
¿Un peligroso precedente?
La normativa contempla que diversas instituciones podrán intercambiar información personal sin autorización previa en casos como:
- Investigaciones de posibles delitos.
- Atención médica y servicios sanitarios.
- Reconocimiento, ejercicio o defensa de derechos ante una autoridad.
- Seguridad nacional y cumplimiento de obligaciones legales.
Si bien el gobierno sostiene que estas medidas buscan agilizar la gestión de datos, expertos advierten que podrían abrir la puerta a prácticas abusivas como el espionaje o el uso indebido de información privada.
Posibles consecuencias de la iniciativa
Para los ciudadanos, estas excepciones pueden traducirse en vulneraciones directas a su privacidad. Algunos ejemplos preocupantes incluyen:
- Uso indebido de información médica: Un paciente con una enfermedad grave podría ver su historial médico filtrado sin su conocimiento, afectando su acceso a seguros o empleo.
- Persecución política: Activistas y periodistas podrían ser vigilados bajo el pretexto de investigaciones de seguridad nacional.
- Filtración de datos personales: México ha experimentado casos de robo de identidad, y la falta de controles sobre la información personal facilitaría fraudes y extorsiones.
Mayor opacidad en la información pública
La iniciativa, impulsada por el gobierno de Claudia Sheinbaum, también amplía las causas para reservar información pública, incluyendo criterios ambiguos como la afectación a la “paz social”. Esto permitiría que el gobierno niegue información relevante a la ciudadanía.
Un punto especialmente delicado es la posibilidad de reservar información sobre instalaciones estratégicas e infraestructuras clave, un aspecto que ya había sido cuestionado en tribunales tras intentos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador por ocultar datos de megaproyectos como el Tren Maya.
Reducción de la supervisión y apelación ciudadana
Otro cambio preocupante es la eliminación de un órgano independiente donde los ciudadanos puedan apelar negativas de acceso a información pública o denunciar el mal manejo de sus datos personales. Con esta modificación, cualquier inconformidad quedará bajo control del Ejecutivo, limitando la rendición de cuentas.
¿Qué sigue?
Las implicaciones de esta reforma exigen un debate profundo y la implementación de salvaguardas que equilibren la transparencia gubernamental y la privacidad ciudadana. Sin mecanismos de protección claros, esta iniciativa podría representar un serio retroceso para los derechos digitales en México.