La firma del Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, marca un intento importante de enfrentar la crisis hídrica que afecta a México. Este pacto reúne a sectores públicos, privados y académicos con el objetivo de garantizar el acceso equitativo al agua, promover su uso sostenible y reconocerlo como un derecho humano.
El acuerdo propone acciones como la revisión de concesiones, la creación de un Registro Nacional de Agua para el Bienestar, y el saneamiento de cuencas emblemáticas como los ríos Lerma-Santiago y Atoyac. Estas medidas buscan responder a una realidad alarmante: 114 acuíferos del país están sobreexplotados, mientras 35 millones de personas enfrentan escasez del recurso.
Promesas ambiciosas con retos conocidos
Claudia Sheinbaum declaró que el objetivo es entregar un país con ríos saneados y un manejo del agua más justo al cierre de su sexenio. Sin embargo, especialistas señalan que lograr la seguridad hídrica requiere más que buenos propósitos. Además de la revisión de concesiones, es imprescindible modernizar los sistemas de gestión del agua, implementar tecnologías innovadoras y fortalecer el marco legal que regula su uso.
Aunque la creación de un registro único es una propuesta bien recibida, su implementación plantea retos logísticos y presupuestarios significativos. Actualmente, cerca del 70% de las concesiones para uso industrial están concentradas en siete entidades, lo que exacerba las desigualdades en el acceso al agua.
¿Un pacto histórico?
Calificar este acuerdo como “histórico” es, por ahora, un juicio optimista. Si bien representa un avance al poner el agua como prioridad nacional, México tiene una larga trayectoria de planes hídricos que no han logrado resultados sustanciales debido a falta de recursos, resistencia de sectores privados y poca continuidad administrativa.
Por ejemplo, en 1992, la Ley de Aguas Nacionales buscó regular la explotación del recurso, pero abrió la puerta a prácticas abusivas como el acaparamiento de concesiones. Más recientemente, el Programa Nacional Hídrico 2020-2024 planteó metas similares a las del nuevo pacto, pero sus resultados han sido limitados.
El desafío de transformar las promesas en realidad
La clave para que este acuerdo trascienda radica en su implementación. Más allá de las firmas y los compromisos, será esencial que las autoridades dispongan de recursos suficientes, coordinen a los diferentes actores involucrados y generen resultados concretos.
En un contexto donde el consumo de agua se ha duplicado cada 20 años y se estima que para 2025 dos tercios de la población mundial vivirán en zonas con estrés hídrico, México enfrenta una oportunidad crucial para cambiar el rumbo. Si este pacto se traduce en acciones concretas, podría marcar un antes y un después. De lo contrario, podría sumarse a la lista de planes bien intencionados que quedaron en el papel.