Energía sin brújula técnica en el Senado

La llegada de Beatriz Silvia Robles a la Comisión de Energía abre un ciclo con gran carga política, poco oficio técnico y riesgos concretos para gasolineros.

El 18 de septiembre de 2025, el Pleno del Senado confirmó a Beatriz Silvia Robles Gutiérrez como presidenta de la Comisión de Energía. Su perfil viene de operación política y comunicación, no de regulación energética. El reto no es menor: 2025 se cruza con una reconfiguración institucional (nueva Comisión Nacional de Energía, CNE), presión por estabilizar precios y una transición eléctrica que ya tiene nuevas reglas.

Desde marzo de 2025, por reforma constitucional y leyes secundarias, la CNE sustituyó a la extinta CRE y concentró funciones de permisos y regulación que impactan directo a las estaciones (expendio, comercialización, logística). Esta mudanza vino junto con leyes del Sector Hidrocarburos, Sector Eléctrico y Biocombustibles.

La Comisión de Energía: “taller” legislativo, no tribuna

La comisión ordena y dictamina iniciativas que afectan permisos, NOMs, vigilancia de reguladores (Sener, CNE, ASEA, Profeco) y presupuestos. Con litigios abiertos y metas climáticas rezagadas, la presidencia debería articular técnica, industria y Estado, no solo administrar mayorías.

Riesgo 1: politización del dictamen. Si priva la disciplina de bloque, las audiencias se vuelven trámite y los transitorios, trincheras ideológicas.

Riesgo 2: parálisis de precisión. Sin dominio fino de normas, se patean ajustes quirúrgicos que hoy encarecen el cumplimiento y amplían la discrecionalidad.

Dónde aprieta el zapato

1) Permisos e incentivos a la competencia

Carril institucional en transición. A finales de 2024 la CRE arrastraba rezagos relevantes; en 2025, con la CNE en arranque, hubo suspensiones y reanudaciones parciales de trámites que pegaron en expendio y proyectos nuevos.

Aprobaciones a cuentagotas. 2024 cerró con ~310–325 permisos nuevos; en 2025 el sector reportó cuellos de botella y “limbo” para cientos de estaciones en proceso.

Mercado en reacomodo de marcas. A abril de 2025 operaban ~14,052 estaciones (8,697 Pemex, 5,141 de otras marcas y 214 genéricas). Entre las no Pemex destacaban Mobil (607), G500 (487), BP (358), Valero (296), Chevron (239) y Arco (237). Estos números retratan poder de negociación y opciones reales para el detallista.

Movimientos corporativos relevantes. Shell transfirió su red (≈150 estaciones) a Iconn bajo licencia de marca, señal del ajuste competitivo y de riesgos percibidos por multinacionales.

Efecto gasolinero: menos proveedores efectivos en regiones, mayor dependencia logística y condiciones menos favorables en descuento y crédito.

2) Normatividad y sobrecarga de cumplimiento

Calidad de petrolíferos (NOM-016). Tras la sentencia de la SCJN, se restableció el límite de etanol (5.8%) como regla general; la CRE (hoy CNE/Sener en su caso) atendió la resolución y volvió sancionable excederlo. Las idas y vueltas generaron incertidumbre de inventarios y mezclas.

Seguridad industrial y ambiental. Las NOM y DACG de ASEA para diseño, operación y cierres exigen inversiones escalonadas con guías claras; muchas pymes siguen con dudas prácticas en trámites, abandono de instalaciones y evidencias.

Verificación comercial. Profeco intensificó el Quién es Quién en los Precios y verificaciones; varios cortes oficiales reportaron inmovilizaciones de instrumentos y seguimiento fino a márgenes.

Efecto gasolinero: CAPEX/OPEX al alza, auditorías más frecuentes y riesgo de paros por incumplimientos formales aun sin comprometer calidad o seguridad.

3) Política fiscal, precios y “acuerdo 24”

IEPS y estímulos. Hacienda moduló estímulos en 2025 (ej. enero) para suavizar el impacto del ajuste de cuotas; la volatilidad se trasladó a operación y flujos de estaciones.

Tope voluntario de $24/litro (regular). Desde febrero se pactó con empresarios sostener la regular por debajo de $24, con cumplimiento creciente (68.8% a 94% según cortes oficiales), y renovación del acuerdo en septiembre. En la frontera aplican reglas distintas.

Efecto gasolinero: márgenes comprimidos cuando la logística local no acompaña; mayor disciplina interna para sincronizar precios, CFDI y estímulos.

4) Contrabando técnico y mercado ilícito

Golpes relevantes en 2025. ANAM reportó decomisos >50 millones de litros de diésel en seis meses; investigaciones periodísticas detallan redes de “huachicol fiscal” con rutas marítimas y aduanas específicas. En septiembre, notas acreditan decomisos históricos y alzas de casos de gas LP.

Efecto gasolinero: competencia desleal, presión a la formalidad y riesgo reputacional por mezclas/abasto dudoso en la región.

5) Suministro, almacenamiento y transición

Inventarios mínimos. La Política Pública de Almacenamiento Mínimo fija 5 días para gasolinas y diésel durante 2020-2025; el cumplimiento es diario y con disposición inmediata. Hoy, la resiliencia regional sigue corta.

Almacenamiento de energía y electromovilidad. La autoridad publicó DACG para integrar almacenamiento eléctrico al SEN (marzo 2025) y disposiciones de infraestructura de recarga (2024). Esto impacta proyectos de techos solares, batteries y chargers en estaciones.

Generación distribuida en auge. 2024 cerró con >518 mil contratos y ~4.45 GW acumulados; +40% en solicitudes contra 2023. La ventana de eficiencia energética y autoconsumo es real para estaciones.

2025: señales mixtas para Pemex, CFE y el canal detallista

El gobierno de Claudia Sheinbaum habla de “modernización con criterios climáticos” y disciplina financiera en empresas públicas; al tiempo, el Congreso empuja simplificación orgánica y centralización. Un Senado técnicamente sólido podría traducir esa narrativa en reglas operables: cronogramas de NOM, reglas parejas de acceso a infraestructura, y una metodología de estímulos menos errática. Con una presidencia sin trayectoria técnica, el riesgo es priorizar tribuna sobre taller.

Métricas concretas para evaluar a Beatriz Silvia Robles

Permisos destrabados: reducción del rezago (base 2024) y tiempos medianos de resolución por tipo de trámite.

Normas y guías: número de NOM/DACG armonizadas con transitorios realistas y guías para pymes (ASEA, Sener, CNE).

Acceso y resiliencia: avances medibles en acceso abierto a terminales, redundancia logística regional e inventarios mínimos efectivamente disponibles.

Mercado ilícito: coordinación legislativa para trazabilidad digital y cruces ANAM-SAT-Profeco; tendencia de decomisos y denuncias.

Transición en estaciones: incentivos fiscales y reglas para rooftop solar, almacenamiento y precableado de recarga.

Checklist inmediato para estaciones formales

Blindaje regulatorio. Auditoría preventiva (NOM-016, volumetría, seguridad ASEA), con evidencias y bitácoras digitales listas para inspección.

Diversificación de suministro. Contratos con cláusulas de entrega alterna y evaluación de terminales privadas cercanas; monitorea movimientos de marca en tu zona.

Gestión de estímulos y tableros. Sincroniza ajustes de IEPS/“acuerdo 24” con precios al público y CFDI para evitar sanciones.

Eficiencia energética. Programa de ahorro (iluminación, variadores, mantenimiento) y evaluación de rooftop solar + baterías bajo las nuevas DACG.

Riesgo de ilícitos. Protocoliza recepción de producto (pedimentos, densidades, trazabilidad) y define banderas rojas de contrabando técnico.

Dos rutas

El sector necesita reglas claras y tiempos confiables. Con Beatriz Silvia Robles al frente, el Senado puede optar por dos rutas: la de los discursos o la de las métricas. Para las estaciones, cada semana sin certidumbre se traduce en CAPEX defensivo, márgenes apretados y menor disposición bancaria al riesgo. La política sirve si baja a reglamento y a ventanilla. La ideología no llena tanques; la técnica, sí.