La seguridad en las escuelas mexicanas se ha convertido en un tema crítico, sobre todo ante las crecientes cifras de accidentes infantiles dentro de los planteles educativos. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), cada 22 días un niño fallece en una escuela en México, lo que pone de relieve la falta de protocolos de seguridad efectivos. Además, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) de 2022 reveló que más de 700 mil niños, de entre 0 y 9 años, sufrieron alguna lesión accidental el último año, de los cuales un alto porcentaje ocurrió en el entorno escolar.
Aunque en la Ciudad de México existe un programa de seguro escolar llamado “Va Segur@”, que ofrece cobertura médica a cerca de dos millones de estudiantes y 70 mil trabajadores educativos, en la mayor parte del país no se cuenta con esquemas obligatorios de protección. Este vacío legal plantea serias dudas sobre la protección de los menores, sobre todo cuando las normativas actuales, como la Ley General de Educación y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, no establecen de manera explícita la obligatoriedad de un seguro escolar, aunque sí sugieren la necesidad de garantizar la seguridad física de los estudiantes.
Expertos del sector aseguran que un seguro escolar efectivo podría no sólo cubrir gastos médicos derivados de accidentes, sino también incentivar mejores prácticas de prevención y seguridad en las escuelas. Víctor Hugo Reyes, directivo en AARCO, empresa mexicana especializada en corretaje de seguros fundada en 1984, enfatiza que el costo de un seguro es considerablemente menor que las consecuencias de la negligencia, y sostiene que la creación de un marco legal robusto es una responsabilidad moral urgente.
A nivel estatal, en lugares como el Estado de México, se ha insistido en la necesidad de hacer obligatorio el seguro escolar, dada la alarmante frecuencia de accidentes. Sin embargo, la falta de una regulación nacional que obligue a las escuelas a contratar este tipo de seguros sigue siendo una asignatura pendiente para las autoridades.
En un país donde cada año cientos de miles de menores enfrentan lesiones en las aulas, la implementación de un seguro escolar obligatorio no solo se presenta como una solución financiera, sino como una medida crucial para garantizar un entorno educativo más seguro y protegido.