Carlos L. Checa
El despido de Agustín Caso Raphael, ex titular de la Auditoría Especial de Desempeño, por parte de David Colmenares, jefe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), ha levantado sospechas sobre las verdaderas razones detrás de su salida. Caso, conocido por exponer manipulaciones y prácticas oscuras dentro de la institución, ha denunciado su cese como represalia por hablar más de la cuenta.
Caso ha calificado su despido como arbitrario e ilegal, argumentando que va en contra de lo establecido en la Ley de Fiscalización. En un acto desafiante, envió una carta a los diputados expresando cómo este acto socava principios constitucionales y pone en riesgo la autonomía de la entidad encargada de fiscalizar en México.
Además de lamentar su situación personal, Caso critica una tendencia preocupante hacia la autocensura dentro de la ASF, sugiriendo que se evitan temas sensibles en el programa anual de auditorías, posiblemente para no incomodar a figuras poderosas. ¿Podría esta autocensura explicar la falta de observaciones sobre la gestión financiera de la Ciudad de México en 2022?
El exauditor alerta sobre un ambiente donde se manipulan enfoques y resultados para evitar conflictos políticos, poniendo en riesgo la integridad y objetividad de la ASF.
Además, Caso enfrenta cuatro procedimientos administrativos en su contra, aparentemente relacionados con su informe de 2021 que detallaba el costo de la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Este episodio revela un entorno donde la fiscalización parece estar más al servicio de la política que de la transparencia y la rendición de cuentas.
La destitución de Caso no solo impacta su carrera profesional, sino que cuestiona la independencia y eficacia de la ASF como organismo fiscalizador. Este capítulo añade una capa de suspense y desencanto al ambiente de fiscalización mexicano, planteando serias interrogantes sobre la libertad y la integridad en las entidades encargadas de velar por la transparencia y el buen uso de los recursos en el país.