La industria de los centros de datos en México enfrenta un panorama crítico que podría comprometer su crecimiento y, con ello, el desarrollo de la economía digital del país. La Asociación Mexicana de Data Centers (MEXDC) ha alzado la voz para señalar que los desafíos en el acceso a la energía, la instalación de infraestructura y los retrasos burocráticos en trámites, concesiones y autorizaciones gubernamentales representan riesgos significativos para las inversiones futuras. Estos obstáculos, lejos de ser meras trabas administrativas, amenazan con frenar un sector estratégico que se ha consolidado como el corazón de las economías digitales al resguardar y facilitar el acceso a la información en tiempo real.
Según un estudio de mercado citado por la MEXDC, la industria de centros de datos proyecta una inversión directa superior a los 9,200 millones de dólares y una indirecta que supera los 27,500 millones en los próximos cuatro años. Este crecimiento, sin embargo, depende de un suministro energético adicional de al menos 1,500 MW, una demanda que pone en evidencia la fragilidad de la infraestructura eléctrica actual. La disponibilidad de energía no es un lujo, sino un “insumo insustituible”, como lo califica la asociación, para garantizar la operatividad de los centros de datos y sostener la transformación digital que impulsa a empresas, gobiernos y sociedad.
Los centros de datos no solo son vitales para la digitalización, sino que también actúan como imanes de inversión extranjera y generadores de empleos especializados. En un contexto global donde la inteligencia artificial y el nearshoring elevan la demanda de infraestructura tecnológica, México tiene una oportunidad única para posicionarse como líder en América Latina. Sin embargo, esta promesa se ve ensombrecida por la incapacidad del sistema energético para satisfacer las necesidades del sector. Datos recientes de la Secretaría de Energía (SENER) revelan que, pese a los anuncios de expansión en generación eléctrica —como los 51 proyectos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para generar 29,000 MW con una inversión de 22,377 millones de dólares—, la ejecución sigue siendo lenta y las regiones industriales clave, como Querétaro y el Bajío, enfrentan cuellos de botella en el suministro.
La MEXDC reconoce los esfuerzos del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien en febrero de 2025 detalló un plan energético ambicioso. No obstante, la asociación advierte que estas iniciativas deben ir acompañadas de una reforma regulatoria ágil que facilite la autogeneración de energía y permita contratos directos con la CFE. Actualmente, los tiempos de respuesta para permisos y autorizaciones son un lastre: en algunos casos, según reportes de la industria, los trámites pueden demorar hasta 18 meses, un plazo incompatible con las necesidades de un sector en expansión acelerada. Esta burocracia no solo desalienta a inversionistas, sino que pone en riesgo proyectos emblemáticos como el centro de datos de Amazon Web Services en Querétaro, anunciado en 2024 con una inversión de 5,000 millones de dólares.
El contraste entre el potencial económico y las limitaciones estructurales es alarmante. Mientras países como Chile y Brasil avanzan en la integración de energías renovables para alimentar sus centros de datos, México sigue dependiendo en gran medida de fuentes convencionales, con una red de transmisión que expertos califican de insuficiente. La MEXDC urge a las autoridades a priorizar este tema, subrayando que la falta de acción podría traducirse en oportunidades perdidas. “Los centros de datos son un motor económico crucial”, afirma Amet Novillo, presidente de la asociación, quien insiste en que el país debe aprovechar su posición geográfica y su estabilidad para consolidarse como un hub tecnológico.
La crítica no puede ser más clara: sin un suministro eléctrico confiable y un marco regulatorio modernizado, México corre el riesgo de quedarse rezagado en la carrera digital. La voluntad política existe, pero la ejecución sigue siendo el talón de Aquiles. La MEXDC confía en el compromiso de la actual administración, pero el tiempo apremia. Si no se actúa con rapidez, las promesas de innovación y desarrollo económico podrían convertirse en un eco vacío, dejando al país a merced de sus propias limitaciones.