Más de 6,800 ahorradores defraudados por la financiera popular Ficrea están instando a la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República a que resuelva el impasse en el que se encuentran, debido a que se han congelado los recursos que en conjunto suman más de 7,100 millones de pesos desde que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores intervino la financiera en 2014.
Javier Paz, portavoz de los afectados, considera que el caso de Ficrea es crucial para el país, ya que supone una presunta pérdida de más de 11,000 millones de pesos. En una conferencia de prensa convocada por algunos de los defraudados, Paz pidió una subrogación transparente que permita la devolución de su dinero.
Javier Paz también denunció que para solucionar el caso se pretende contratar a un despacho que cobre el 50% de la deuda por administrar los pagos, lo cual considera injusto. Además, espera que la juez decimocuarto de distrito en materia civil de la Ciudad de México rechace el contrato “leonino” que pretende aprobar la propuesta del síndico, quien busca transferir la responsabilidad a un tercero, lo cual va en contra del artículo 78 de la ley.
El portavoz enfatizó que los ahorradores demandan transparencia y rendición de cuentas del concurso mercantil, y pide a la Consejería Jurídica que acate la instrucción del Presidente de la República en torno a la subrogación. Aunque ya han fallecido 600 de los afectados, Paz confía en que antes de que termine el gobierno, se les dará una respuesta positiva.