En octubre de 2024, el Gobierno de México, liderado por Claudia Sheinbaum, firmó una iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) con el objetivo de ofrecer seguridad social a conductores y repartidores de plataformas digitales. Este sector, que ha crecido de manera exponencial en los últimos años, se ha caracterizado por su flexibilidad y por proporcionar ingresos a miles de personas. Sin embargo, la falta de acceso a derechos laborales básicos ha dejado a muchos trabajadores en situaciones precarias.
La propuesta busca cubrir a unos 658,000 trabajadores que operan en plataformas como Uber, DiDi y Rappi, brindándoles acceso a servicios médicos, pensiones y otras prestaciones mediante su afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Este cambio pretende corregir la falta de protección social en un modelo de empleo marcado por la informalidad. Sin embargo, las implicaciones de la reforma han generado preocupación entre las plataformas y los sectores vinculados, como el restaurantero y las pequeñas empresas, que temen un incremento en los costos y una posible reducción de la demanda.
La International Chamber of Commerce México (ICC México) ha subrayado la necesidad de no apresurarse en la implementación de la reforma. Entre sus principales preocupaciones está la posibilidad de que una regulación demasiado rígida afecte la independencia que caracteriza a los repartidores y conductores. La ICC menciona ejemplos como el de España, donde la Ley Rider implementó un modelo laboral tradicional que llevó a la reducción de empleos en el sector. En contraste, California y Chile han encontrado formas de equilibrar la independencia con la protección social.
Entre las propuestas de la ICC se incluyen cuatro recomendaciones clave: mantener la figura de trabajadores independientes, reconocer los gastos operativos de los conductores, evitar cargas fiscales desmedidas y proteger la propiedad intelectual de las plataformas. Estos puntos buscan asegurar que la reforma no obstaculice el crecimiento del sector ni afecte gravemente a las pequeñas empresas que dependen de estos servicios.
La discusión sigue abierta, con diferentes sectores pidiendo un enfoque equilibrado que permita proteger a los trabajadores sin sofocar la innovación y el desarrollo económico que han traído las plataformas digitales.