México continúa siendo uno de los países más afectados por ciberataques en América Latina, una región marcada por la proliferación de amenazas como el phishing y los troyanos bancarios. Ocupa el lugar 42 en el Índice Nacional de Seguridad Cibernética (NCSI). En lo que va de 2024, en el sector financiero en México se han registrado 15 ciberataques, causando pérdidas económicas superiores a 120 millones de pesos, además de la fuga y publicación de información confidencial.
Estos ataques, que han crecido significativamente en los últimos años, son impulsados por malwares como Mekotio, BBTok y Grandoreiro, diseñados para robar credenciales bancarias y ejecutar transacciones fraudulentas. Según un informe de Trend Micro, estos programas maliciosos a menudo se disfrazan de notificaciones oficiales, como multas falsas, para engañar a los usuarios y lograr que descarguen archivos infectados.
La manufactura es uno de los sectores más afectados, representando el 26% de los ataques cibernéticos en México, seguido por el comercio minorista (18%), la tecnología (16%) y el sector financiero (8%). Este último enfrenta un grave desafío: la filtración de datos. En lo que va de 2024, el sector financiero mexicano ha registrado ciberataques que han provocado pérdidas por más de 120 millones de pesos, además de la exposición de información confidencial.
El panorama de ciberseguridad en México sigue siendo complejo, con una legislación rezagada y una falta de cultura de seguridad digital en muchos sectores. A pesar de ello, se han tomado medidas importantes, como la creación de un Centro Nacional de Respuesta a Incidentes Cibernéticos y la creciente implementación de estrategias proactivas para enfrentar estas amenazas.
Ante el incremento de ataques, los expertos insisten en la importancia de un enfoque integral que combine tecnología, educación y cooperación entre el sector público y privado para mitigar los riesgos. Las recomendaciones incluyen reforzar la cultura de ciberseguridad a nivel empresarial y personal, invertir en tecnología avanzada y desarrollar legislaciones que respondan a las nuevas realidades del cibercrimen.